San Vicente del Caguán, CaquetáCuenta de cobro a los habitantes de lo que fue Zona de Despeje
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y amenazas viene padeciendo la comunidad bajo la política de seguridad democrática
Por Camilo Raigozo.Voz
Solo el año pasado fueron ejecutados 38 civiles en el casco urbano y 10 en las áreas rurales del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en lo que los mismos residentes denominan como la cuenta de cobro que el actual Gobierno les está pasando lenta pero inexorablemente, por haber servido sus territorios de zona de despeje en los fallidos diálogos de paz entre el ex presidente Andrés Pastrana y la insurgencia de las FARC.
Sumado a lo anterior, la comunidad acusa a las fuerzas de seguridad del Estado y a paramilitares de la desaparición de al menos otras ocho personas
Casos como el de Olmedo Lugo Bueno, campesino desaparecido de su finca el 21 de octubre de 2007 a manos de hombres fuertemente armados y encapuchados que ingresaron violentamente a su vivienda y lo secuestraron sin que hasta la fecha se sepa de su suerte. El 30 de octubre desapareció del casco urbano de San Vicente, Alberto Henriquez y el primero de noviembre, fue desaparecida Didy Johanna Gracía, de la vereda Miravalle.
Del mismo modo, los labriegos Argemiro Niño Ríos y Digney Valencia Acuña, habían desaparecido el 10 de diciembre de la vereda La Ceiba. Sus cuerpos fueron encontrados días después mutilados y con señales de tortura en el relleno sanitario de San Vicente.
Detenciones y ejecuciones extrajudiciales
José Elías Guzmán Chalá, había desaparecido el 21 de enero de 2008 en la vereda San Luís del Oso, inspección de Guayabal, jurisdicción de San Vicente. Posteriormente fue reportado por el Ejército como guerrillero dado de baja y sus restos fueron sepultados como N.N. en el cementerio de Neiva, Huila.
Otras personas que corrieron la misma suerte son, Nelson Julián Caviedes, Antonio María Osorio Córdoba, Quiterio Osorio Córdoba y Milton Mauricio Orrego, este último desaparecido el pasado 4 de febrero en el barrio El Coliseo en el caso urbano del municipio.
En diciembre último, fueron detenidas con base a señalamientos de supuestos reinsertados y a supuestas interceptaciones telefónicas, doce personas acusadas por la Fiscalía de rebelión, entre las que figuran amas de casa, conductores de taxi, un médico, enfermeras y trabajadores del campo.
Según el abogado Hernando Molano, defensor de algunos de los detenidos quién habló con VOZ, dijo que las a las personas se les ha violado derechos humanos fundamentales, que las acusaciones por las cuales se les sindica son infundadas y que por lo tanto debe dejárseles en libertad inmediatamente.
Entre las personas acusadas de ser guerrilleros y de supuestamente planear el secuestro de los hijos del presidente Uribe están, el conductor de taxi Alexander Tafur, el médico Anael Sanjuanelo, Consuelo Moreno, Diego Quevedo, Faiber Gaspar, José Eduardo Salgado, Lina Velásquez, Ninfa Castillo, Yolanda Lozada y Carlos Silva. Cabe anotar que varias personas no tienen recursos económicos para pagar a un abogado que les garantice la defensa de sus derechos vulnerados.
Listas ‘paras’ contra el Polo
Por otra parte, paramilitares autodenominados “Corporación Colombia Libre”, han amenazado a toda persona que pertenezca al Polo Democrático Alternativo y los declara objetivo militar. Han hecho circular una lista de personas que “serán ajusticiadas”, entre las que se encuentran:
Víctor Oime Hormiga, Arístides Oime, Isaac Páez López, Octavio Collazos, Héctor Morales, Javier Salcedo, Rafael Orjuela, Domingo Pérez Cuellar, Floro Peña, Alexander Vanegas, Javier Navarrete, Fernando Aldana, Janeth Muñoz, Aldemar Gómez, Ever Pérez, Fanny Eyerbe, Odilia Criollo, Emilio Viveros, Gilberto Lugo, Fernando Gómez, Francisco Mora y otros más.
La última acción criminal contra la población civil inerme en San Vicente se presentó el pasado 9 de marzo con la desaparición del sindicalista de la salud Carlos Burbano, quién había sido organizador de la marcha contra el paramilitarismo y los crímenes de Estado realizada tres días antes. El cuerpo del sindicalista fue encontrado 48 horas más tarde en el basurero del municipio con visibles huellas de tortura y al menos 11 puñaladas.
