Prosperidad para pocos
Senador indígena advierte que la muerte de niños está
ocurriendo silenciosamente en varios pueblos indígenas del país
Por Camilo
Raigozo. Notimundo
El senador indígena Luis Evelis Andrade advirtió ante sus
colegas que lo que viene sucediendo con la niñez indígena de La Guajira, donde
han muerto varios miles por desnutrición, no es distinta a lo que pasa en los
otros pueblos indígenas del resto del país.
A continuación el comunicado en su integridad remitido
por la oficina de prensa del legislador:
Recogiendo el clamor general al que se ha sumado un grupo
significativo de sectores sociales del país, el senador Luis Evelis Andrade
Casamá sentó su posición de inconformidad frente a la crítica situación que hoy
padecen los niños y niñas del departamento de La Guajira, donde la mayoría de
la población afectada pertenece al Pueblo Indígena Wayuú.
“La muerte de niños y niñas indígenas Wayuú, registradas
en los últimos meses, es el fiel reflejo de la realidad por la que atraviesan
todos los Pueblos Indígenas de Colombia, con especiales efectos sobre la niñez.
En el mes de diciembre, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos dictó medidas cautelares amparando los derechos de los niños
Wayuú de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha”, manifestó el
Congresista del MAIS durante la instalación de las sesiones extraordinarias del
Congreso de la República.
Durante la exposición de su Constancia, Andrade Casamá
insistió en que según los datos recogidos por la CIDH, en los últimos ocho años
habrían muerto 4.770 niños y niñas debido a su grave estado de desnutrición,
derivado principalmente a la falta de acceso al agua potable en sus rancherías.
El Senador insistió en que la situación que se padece en
La Guajira no es distinta en el resto de Colombia.
“La muerte de niños y niñas viene ocurriendo de forma
silenciosa en otros pueblos indígenas del país, resultando particularmente
grave en los pueblos Nasa, Yanacona y Misak, del departamento del Cauca; los
pueblos Awá de Nariño, Barí de Santander y el pueblo Embera que habita en los
departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Caldas y Risaralda”.
Andrade Casamá explicó en que para el caso de La Guajira,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminó al Gobierno Colombiano
para que adopte las medidas necesarias
para preservar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y
adolescentes de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha;-
asegure la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los
servicios de salud en dichas comunidades, garantizando un enfoque integral,
diferencial y culturalmente adecuado que permita atender la desnutrición
infantil y las enfermedades prevenibles;-
atienda a la mayor brevedad las necesidades de agua
potable y salubre, de manera sostenible y suficiente; y se garantice a la
población infantil de La Guajira alimentos de calidad y cantidad suficientes
para satisfacer las necesidades de alimentación con pertinencia cultural.
“Ante este panorama, es importante reiterar que el Estado
y los consecutivos gobiernos han sido los responsables de la cruda realidad de
los Pueblos Indígenas de Colombia, ya sea por acción u omisión. Por eso,
resulta incomprensible la solicitud del gobierno colombiano a la Corte
Interamericana para que levante las medidas cautelares dictadas.
“No puedo aceptar esta solicitud y, por el contrario, me
sumo al requerimiento de este organismo internacional, agregando que mientras
no se desarrollen las políticas públicas que resuelvan de manera integral la
realidad de nuestros pueblos, nuestra situación seguirá igual”.
El Congresista del MAIS fue enfático en reclamar ante la
plenaria del Senado que los niños y niñas de los Pueblos Indígenas no requieren
paliativos. Que no se puede aceptar un Estado cómplice de la corrupción, de
programas y proyectos asistencialistas e inefectivos que sólo han servido para
perpetuar el hambre y la pobreza, y de paso, la corrupción y el exterminio de
los Pueblos Indígenas.
“El pueblo Wayuú, los pueblos ubicados en departamentos
fronterizos, y los 34 reconocidos en peligro de extinción física y cultural por
la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009, si bien requieren planes de
choque que permitan la presencia de brigadas médicas,-
suministro de agua y
alimentos, también demandan una presencia institucional sin precedentes;
igualmente, la implementación en terreno de una Política de Estado de largo
plazo, permanente y no asistencialista”, concluyó Luís Evelis Andrade.
