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| Coronel Germán Rojas |
San José de Apartadó
Acusan al comandante de la Brigada 17, coronel Germán
Rojas y a sus tropas de ser un peligro para para la comunidad
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 21 de
noviembre tropas del Ejército infringieron nuevamente el Derecho Internacional
Humanitario (DIH), al desarrollar operativos dentro del casco urbano de San
José de Apartadó, en momentos que líderes de las comunidades mantenían una
reunión con las autoridades civiles locales y departamentales.
“En esta ocasión, el Ejército nutrió su jornada o acción
cívico-militar trayendo personas ajenas a la comunidad”, denunció a Notimundo el
Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó.
Según el documento, luego de terminada la jornada en la
emisora radial Antena Estéreo de Urabá, el coronel Germán Rojas hizo señalamientos falaces y temerarios contra los líderes campesinos y
miembros del comité de derechos humanos.
“(…) ese comité y los que dicen ser defensores de
derechos humanos son unos aparecidos, no representan a la comunidad y no son
los líderes de las comunidades. Son 5 personas que llevan 2 o 3 años en la
región. El que más, lleva 4 años. Son los que especulan y los que mal informan
a la comunidad (…)”, expresó el coronel Rojas, según la denuncia.
A la pregunta del periodista sobre si se levantan los
líderes de la Mesa Regional con la Gobernación, Rojas contestó que: “(…) es que
allí no hay una mesa, solo son unos 4 o 5 que dicen ser líderes que no
representan a la comunidad. Son personas que no viven hace mucho en San José”.
Por su parte el comandante del Batallón Voltígeros, de
apellido Rojas, no se quedó atrás en los ataques contra los defensores de derechos
humanos. Este dijo entre otras cosas que “no es una jornada cívico-militar sino
una jornada de apoyo al desarrollo.
“La actividad fue exclusivamente para los niños; esperábamos mucha participación pero algunos líderes malinformaron
a la comunidad para que no asistiera la gente de las veredas”.
En el mismo sentido habló el secretario de gobierno Fredy
Largo quién desconociendo las disposiciones del DIH aseguró que sí era una
jornada cívico-militar pero que el ejército tiene todo el derecho a realizar
dichas jornadas y lamentó que “5 líderes mal informaban a las personas para que
no asistan a la jornada”.
El 26 de octubre anterior las comunidades impidieron
mediante una protesta pacífica la realización de un operativo cívico-militar que
se disponía a realizar la Brigada 17 en el casco urbano del corregimiento de
San José de Apartadó.
La valerosa respuesta de los pobladores a las
infracciones del Ejército al DIH que los pone en alto riesgo desató la ira de
los uniformados, especialmente del coronel Rojas.
Ese mismo día y el siguiente, el coronel German Rojas y
el teniente Javier Rojas declararon en varios medios de comunicación que la protesta había estado dirigida por
cuatro personas colaboradores del Quinto Frente de las FARC EP; que había
encapuchados y que los niños habían sido puestos como escudos humanos. Además
amenazó a los protestantes con denunciarlos penalmente ante la Fiscalía.
El 6 de noviembre pasado, en un espacio de interlocución entre
el Ejército y la comunidad, el cual fue propiciado por la Oficina de Derechos
Humanos de la Gobernación de Antioquia y la Pastoral Social, en la que estuvieron
presentes además, la Procuraduría, Personería y Defensoría, el general Leonel
Pinto de la Séptima División del Ejército, pidió disculpas a la comunidad y se
comprometió a rectificar públicamente los señalamientos perversos del coronel
Rojas y otros subalternos.
Sin embargo al cierre de esta nota Pinto no había
cumplido el compromiso, señala el Comité de Derechos Humanos.
Las comunidades y los dirigentes de San José de Apartadó les
enseñan a los mandos castrenses que las llamadas acciones cívico militares,
violan la legislación nacional que protege los derechos de los niños, las niñas
y la adolescencia.
Más exactamente el numeral 29 del Artículo 41 de la Ley
1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, el cual reza: “Asegurar
que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la
mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones
psicológicas, campañas cívico-militares y similares”.
Cabe recordar que el 11 de junio de 2010 el Estado
colombiano recibió recomendaciones del Comité Internacional de los Derechos de
los niños, advirtiéndolo de que las operaciones cívico-militares violan el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos
armados.
Las operaciones cívico-militares van en contravía del DIH
porque violan los principios de Prevención y
de Distinción, ya que se utiliza
a la población civil con fines militares estratégicos y la expone al peligro de
la confrontación armada.
Los pobladores de San José de Apartadó no olvidan la
masacre cometida por militares y paramilitares en febrero de 2005 en la que
fueron asesinadas 8 personas, entre ellas, tres niños.
Tampoco olvidan a todas las víctimas del corregimiento,
como el caso de los asesinatos de Carlos
Torres, el 9 de abril de 2013, Deimer Guaca, en octubre del 2012 y el de la
niña Yerit Magal Muñoz, el pasado 2 de julio, crimen cometido por el Ejército quién la presentó como guerrillera dada de baja en combate.
“También recordamos con consternación las veces en
que han sido ametrallados y bombardeados
de manera indiscriminada nuestros hogares por la fuerza pública”, dicen con
indignación los denunciantes.
Las víctimas mortales que ha dejado en San José de
Apartadó la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen sobre pasan
las doscientas.
