jueves, noviembre 28, 2013

Diálogos de paz
Organizaciones sociales claman cese bilateral del fuego desde el 10 de diciembre
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Varias organizaciones sociales por intermedio de una carta abierta les piden a las FARC E P y al Gobierno pactar un cese bilateral del fuego a partor del próximo 10 de diciembre hasta el 7 de agosto del 2014.

Igualmente le piden al ELN y al Gobierno iniciar prontamente las negociaciones de paz. En cuanto a los guerreristas les piden reflexionar sobre su responsabilidad histórica en este proceso y a no seguir utilizando como argumento electoral un discurso en contra de la paz.  

A continuación la misiva:

Bogotá, 10 de diciembre de 2013

Sr. Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República

Sr. Rodrigo Londoño Echeverry
Estado Mayor  FARC-EP

Sr. Nicolás Rodríguez Bautista
Comando Central Ejército de Liberación Nacional

Quienes suscribimos esta carta apoyamos decididamente el proceso de conversaciones en curso con las FARC y el que prontamente se abra con el ELN.

Nos dirigimos a ustedes en el día internacional de los derechos humanos, para reivindicar la paz como un derecho individual y colectivo y como una obligación social en la que nos comprometemos desde diversos sectores sociales:

sindicalistas, artistas, periodistas, líderes agrarios, indígenas, afro descendientes,  mujeres, jóvenes, estudiantes, empresarios, defensores de derechos humanos, fuerzas políticas y expresiones religiosas, para manifestar nuestro compromiso con una salida política negociada  definitiva al conflicto armado que padece Colombia desde hace más de medio siglo.

Así, los y las firmantes decidimos converger para que esta oportunidad histórica para el pueblo colombiano se  consolide.

Según las cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia con ocasión o pretexto del conflicto armado interno, en los últimos 54 años, 220.000 personas fueron asesinadas,  16.340 fueron víctimas de asesinatos selectivos, se perpetraron 1.982 masacres,-

25.007 personas habrían sido detenidas y desaparecidas, 27.023 secuestradas y se habría producido el desplazamiento forzado de 5.712.506. Sin contar los más de siete millones de colombianos y colombianas que han dejado el país para huir de la guerra o buscar mejores oportunidades que el país no les ofrece.

Los costos de la guerra no son únicamente los 26 billones de pesos que en 2013 se destinan para seguridad y defensa. El gasto militar es igual al gasto de sanidad, educación y saneamiento ambiental sumados.

De alrededor de 600.000 funcionarios del Gobierno central, 515.000 están adscritos al Ministerio de Defensa, es decir el 81.2 % de los gastos de personal se dedican a la seguridad.

Sr. Presidente y Sres. Comandantes, negociar en medio del conflicto puede ahogar las conversaciones de paz, porque conduce al descreimiento del constituyente primario llamado a refrendar los acuerdos.

Por otra parte los amigos de la guerra, se aprovechan de los hechos de la confrontación armada para fortalecerse como opción electoral contra la paz.

La estrategia de fortalecer el poder de las FFAA y la ofensiva militar contra la insurgencia para debilitar su poder de negociación tiene una eficacia relativa y contraproducente: da gusto a los belicistas y desalienta la confianza general en el proceso de salida política.

Por todo esto, reclamamos un basta ya de la guerra, y que este proceso de negociación asegure que los hoy alzados en armas puedan, con sus propuestas e ideas, contribuir a darle paso a nuevas fuerzas políticas que nutran la  democracia.

Saludamos el reciente acuerdo político alcanzado en La Habana, sobre distintos escenarios y garantías para profundizar las opciones democráticas en Colombia.

De igual forma, exigimos la pronta apertura de conversaciones oficiales y formales con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que ha manifestado reiteradamente su voluntad de negociar una salida política, como lo hizo conocer en el marco del VI Congreso de la Redunipaz.

A los amigos de la guerra, los llamamos a reflexionar sobre su responsabilidad histórica en este proceso y a no seguir utilizando como argumento electoral un discurso en contra de la paz.

A los que han contribuido a cometer crímenes o los han cometido  con ocasión o pretexto de este conflicto armado interno, que no quieran ser juzgados en un tribunal ordinario o internacional, que se sometan a un proceso de justicia transicional y contribuyan a la paz del país.

Por todo lo anterior les dirigimos esta carta abierta, solicitándoles:

Cese bilateral del fuego desde el 10 de diciembre y hasta el 7 de agosto próximo, con monitoreo de las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos y las redes que impulsan el proceso de paz.

Iniciar lo antes posible el diálogo con el ELN e igualmente acordar un cese al fuego  bilateral, lo mismo con el EPL.

A la insurgencia que cese toda actividad militar ofensiva, a no cometer ningún atentado contra la infraestructura del país, ni en contra de ninguna población, a cesar el reclutamiento forzado especialmente de menores de edad, a no seguir colocando minas anti personales, a comprometerse con las comunidades afectadas a un proceso de desminado y a cesare definitivamente la práctica del secuestro.

Al Gobierno, desarrollar una política integral para desestructurar las nuevas expresiones organizadas del paramilitarismo o de las bandas criminales.

Al Gobierno, depurar a las FFAA y de Policía de aquellas personas que atenten contra el proceso de paz o contra los derechos humanos, y/o que apoyen nuevas formas del paramilitarismo.

Al Gobierno, reemplazar al ministro de la Defensa por una persona comprometida a garantizar el pleno respaldo de las FFAA al proceso de paz y asegurar que se respete los ceses bilaterales pactados. El Gobierno debe mantener una postura unificada y coherente con el proceso de paz.

Al Gobierno y la insurgencia, garantizar la participación de las víctimas del conflicto  en el proceso de negociaciones y a tomar en cuenta sus demandas por el respeto de sus derechos.

Al Estado, que descriminalice la protesta y movilización sociales, y que el Gobierno retire el proyecto de ley orientado a agravar las penas.  

Al Gobierno y  la insurgencia, abrir espacios efectivos de participación de la sociedad civil y tomar en consideración la agenda social por la paz que se viene construyendo desde diversos escenarios del movimiento social colombiano.

Porque la paz es asunto que concierne a todas y todos, nos comprometemos a profundizar y multiplicar nuestros esfuerzos por la paz con justicia social esperamos de ustedes una respuesta consecuente con esta demanda. 

Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc
Ruta Social Común por la Paz

Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra, Redepaz
Fundación Alianza Universal por la Paz, Univerpaz
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Corporación Viva la Ciudadanía

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