“El Gobierno pidió perdón pero falta mucho por reparar”Por Camilo Raigozo
Etelvina Zapata, madre de Germán Escué, asesinado por el Ejército el 1 de febrero de 1988. Foto Camilo Raigzo
El 1 de febrero de 1988, a eso de las 10 de la noche, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la vivienda de la familia Escué Zapata y sacaron violentamente a Germán Escué, de 21 años y líder de su comunidad. Lo señalaron de ser guerrillero, se lo llevaron, lo torturaron y después lo asesinaron. “El crimen fue un acto premeditado, no fue un hecho fortuito como lo ha querido hacer ver el Estado.
Fue un crimen aleve que además de violar los derechos más fundamentales de la persona, fue contra la dignidad de la víctima, de su familia, de la comunidad indígena y de la sociedad en general”, le dijo a VOZ Feliciano Valencia, coordinador del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin.
Por ese crimen, el pasado 21 de agosto, en la vereda Vitoyó, resguardo de Jambaló, Cauca, el Estado colombiano, representado por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía Hernández, y la viceministra del Interior, Viviana Manrique, tuvo que pedir perdón en un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en cumplimiento de la sentencia condenatoria emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En el mensaje del gobierno en el que proclamó su “voluntad y esfuerzo” para resarcir el daño causado a las víctimas no concordó con la realidad, pues el proceso tuvo que esperar 21 años y ser una corte internacional la que obligara al Estado a aceptar su responsabilidad en el crimen.
La Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de impunidad, mantuvo escondido el proceso por más de 10 años. Otro punto que deja ver las hipocresía del gobierno, es que la CIIDH le ordenó al Estado pagarle la educación, inclusive la profesional a Miriam Escué, hermana de Germán.
Sin embargo, cuando Miriam Escué, quiso matricularse en la facultad de sicología en la Universidad Javeriana, el gobierno se negó a pagar el valor de la matrícula aduciendo cínicamente, que no tenía plata.
“El gobierno pidió perdón, pero aún falta mucho por reparar”, advirtió Rafael Barrios, miembro del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, quien agregó que el Estado aún está muy lejos de hacer que estos crímenes no se repitan.
Darío Mejía Montalvo, dirigente indígena de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, le dijo a VOZ que “Del comportamiento de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas podemos decir que no se está cumpliendo con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario. Este sigue siendo, vulnerado día a día.
“Es la norma por parte de la Fuerza Pública, no solamente con los pueblos indígenas, sino también con los afrodescendientes, los campesinos, las organizaciones sociales y en general con todo el pueblo colombiano. Uno encuentra trincheras en las escuelas, uno ve que se apropian de los cultivos, de los animales, de las poblaciones que van desconociendo.
“Para citar un ejemplo, los mal llamados falsos positivos que siempre están a la orden del día, sin mencionar el uso de la estrategia paramilitar que ha bañado de sangre y dolor toda la geografía colombiana. Solo cuando todos esos crímenes cesen podremos aceptar que los mensajes de perdón del gobierno serán sinceros”.
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