El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por violaciones de derechos humanos
Fuerte ataque europeo al gobierno de Uribe Vélez a quien consideran un dictador civil que “no hace honor a la democracia”
Por AF-AP/Colombia Plural/ Inestco

La audiencia fue convocada el día 29 de abril por el Presidente de Comisión de Comercio Internacional de la eurocámara, Helmut Markov, junto con el Presidente de la Delegación para la relaciones con los países andinos Alain Lipietz y la Vice-Presidente de dicha Delegación, Gabriela Cretu.

El Senador colombiano Jorge Enrique Robledo, así como otros testigos colombianos e internacionales de la sociedad civil y del sector sindical llamaron la atención del Parlamento Europeo sobre las graves consecuencias de aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia.

La audiencia, que se desarrolló durante 2 horas y medio ante un público nutrido, contaba con el apoyo de las organizaciones europeas e internacionales FIDH, ALOP, Grupo Sur, Amigos de la Tierra, OIDHACO, Red UE-CAN, Coordinación Belga por Colombia, Justice for Colombia, Transnational Institute.

El eurodiputado Helmuth Markov, presidente de la Comisión de Comercio internacional, fue categórico en señalar que "ese acuerdo no se ajusta a los valores de la UE". Criticó que la Comisión Europea tenga como principal objetivo de "abrir mercado", en detrimento de la situación de pobreza y de derechos humanos en Colombia".

En ese mismo sentido se pronunció la diputada europea Gabriela Cretu, al afirmar que muchos ciudadanos europeos no aceptaban de cerrar los ojos frente a situaciones tan graves como la Colombiana, sólo para el beneficio de algunos.

"Lo mejor que la UE puede exporta son sus valores básicos, y en primer lugar los derechos humanos" enunció, antes de concluir "el Parlamento Europeo tiene un compromiso con los valores de la UE".

"No se puede hacer comercio con los derechos humanos" advirtió por su parte el diputado europeo Richard Howitt. Pidió que la Comisión Europea abra una investigación para constatar las graves denuncias existentes en Colombia.

"No puede dejar todo en mano de la OIT y de Naciones Unidas, agregó, y lavarse las manos de lo que pasa en Colombia".

En cuanto al presidente de la Delegación de la eurocámara para los países andinos, Alain Lipietz, lamentó la actual inversión de situaciones, entre la UE y los EEUU en la negociación comercial con Colombia.

Con la forma actual de negociación, la Comisión Europea "está acabando con el prestigio internacional de la UE en el tema de derechos humanos". "Si no hay un giro, la UE será el "Bush" de los años 2010" concluyó.

El Senador Robledo recordó que si el TLC con EEUU se encontraba paralizado en ese país no era propiamente por razones económicas sino porque el partido demócrata consideraba que el gobierno de Uribe no pasaba un examen de derechos humanos.

Además "no hay negociación", agregó, hablando del TLC con la UE, "lo que hay son unas potencias que definen las condiciones para sus empresas, y ésas deben ser aceptadas por Colombia".

Criticó que en 19 años de apertura económica de su país, el resultado había sido la desindustrialización, la pérdida de soberanía alimentaria, la disminución de salarios y de condiciones laborales para los trabajadores. "Sería grave que, con la firma de un TLC, la UE absuelva el gobierno de Uribe en el tema de derechos humanos" concluyó.

El presidente de la CUT Tarcisio Mora denunció "la política de exterminio contra el movimiento sindical" que opera en Colombia, recordando que en promedio en los últimos 23 años, cada 3 días se ha asesinado un sindicalista en este país.

Recordó que por esta persecución, la CUT, que fue creada con 1,4 millones de afiliados, hoy sólo cuenta con 420.000 miembro, que cumplen su labor sindical en medio del terror. "En Colombia es más fácil crear un grupo paramilitar, con personería jurídica, que un sindicato" manifestó el dirigente sindical al refirirse a las 515 solicitudes de registro de nuevos sindicatos negadas por el actual gobierno.

Terminó dirigiendo un SOS a los sindicatos europeos, para que ayuden a proteger al movimiento sindical colombiano oponiéndose al TLC.

Delegados de sindicatos de EEUU y Gran Bretaña hicieron eco a este llamado. "La UE debería estar del lado de la decencia y de la justicia" precisó Simon Dubbins, del sindicato inglés Unite y directivo de la Confederación Europea de Sindicatos.

Anunció una campaña del movimiento sindical europeo para oponerse a un TLC con Colombia. A su vez, el director de derechos humanos de la Confederación Internacional de Sindicatos, con sede en Bruselas, Steve Benedict, presentó un cuadro abrumador de la situación de los sindicalistas en Colombia, afirmando que "en Colombia, no sólo están matando a líderes sindicales sino a sindicatos".

Comparó el caso colombiano a Birmania, señalando que desde hace varios años Colombia supera todos los récord en la OIT.

El delegado indígena Javier Sánchez, del pueblo Sicuani en el departamento del Vichada, denunció los ataques crecientes a los pueblos indígenas en Colombia. Informó que en los 3 primeros meses de 2009, 50 indígenas habían sido asesinados y 3000 de ellos desplazados.

"Entre 2002 y 2008, 1253 indígenas han sido asesinados en Colombia" agregó, deplorando la imposibilidad de dialogar con las autoridades, pese a muchos esfuerzos. Ilustró los efectos perversos del libre comercio para los pueblos indígenas, diciendo que mientras 500.000 indígenas vivían sin garantías en cuanto a la tenencia de su territorio, el gobierno colombiano estaba entregando 6 millones de hectáreas a grandes empresarios para cultivos de agro combustibles.

Marc Maes de la plataforma de ONG flamencas 11.11.11 explicó que si la UE quería incidir en la situación de derechos humanos de Colombia, un TLC constituiría un escenario mucho más difícil que el régimen actual de preferencias arancelarias.

Así mismo, criticó la falta de transparencia de las negociaciones en curso y el retroceso democrático que implicaría un TLC para Colombia, en la medida en que muchos campos de regulación interna quedarían subordinados a las cláusulas del tratado, como en el caso de las políticas ambientales y sociales.

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