Miembros del Ejército siguen aterrorizando a la población
Por Camilo Raigozo. Voz

Las comunidades de las diferentes veredas de Cartagena del Chairá, Caquetá, exige de la fuerza pública el respeto a los derechos humanos. Foto Camilo Raigozo.

El primero de noviembre pasado, a las cuatro y media de la tarde, tres militares me abordaron y me dijeron: “joven, permítame sus documentos”, a lo que yo asentí entregándoles mi cédula de ciudadanía. La observaron un rato y luego me invitaron a tomar gaseosa con el pretexto de que querían hablar conmigo en privado.

Una vez reunidos los tres militares y yo, me contaron que eran suboficiales del ejército. Noté que cuando quise leer sus apellidos, ellos trataron de evitarlo a propósito. Sin embargo alcancé a percibir el de dos de ellos: ‘Castro y Mantilla’. El resto de sus distintivos y el rango no los entendí porque no se nada de eso.

“Nosotros sabemos que usted es guerrillero”, me dijeron. “También sabemos de las armas que tiene en su casa y de los atentados que se propone realizar”, agregaron de forma maliciosa, mientras yo los escuchaba perplejo por tan absurdas acusaciones.

“Vamos a proceder a capturarlo. Claro está señor España, que sí usted trabaja con nosotros lo dejaremos libre y además le pagaremos una platica”, me dijeron amenazantes obligándome a entregarles mi billetera.

“Señor España, en esta billetera se deben ver muy bien los dos millones de pesos, ¿cierto?”, inquirieron, a lo que yo les contesté que sí, pero que era mejor que esa plata se la dieran a la gente pobre o a las familias desplazadas, que hay bastantes en la región.

“Eso no lo podemos hacer nosotros”, me dijo riendo el que parecía ser el jefe. “Es que el presidente Uribe no nos da esa plata para los pobres, ni para los desplazados, sino para los informantes”, remató poniéndose serio. Insistieron en que yo tenía que trabajar con ellos o de lo contrario adelantarían una orden de captura en mi contra.

Anotaron, contra mi voluntad, el número del teléfono celular y agregaron, “señor España puede irse, pero recuerde que lo vamos a estar llamando a ver sí se anima a trabajar con nosotros. Es mejor ganarse dos millones de pesos y no podrirse en una la cárcel”, sentenciaron antes de partir.

Efectivamente, a las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana del día siguiente, recibí una llamada de los militares en la que me dijeron, “hola señor España, ¿que ha pensado de la propuesta que le hicimos ayer?”.

Les contesté cordialmente que no estaba interesado y que no insistieran más sobre el asunto. “Mire España, no vaya a quejarse cuando lo capturemos”, a lo que les repliqué que no tenían derecho a hacerlo, pues no había ningún motivo legal y colgué.

A las nueve y 48 minutos del 3 de noviembre de 2008, otra nueva llamada de los uniformados a mi celular: “hola España, ¿sí se ha enterado de las capturas que hemos realizado?”, me preguntaron amenazantes. “Sepa señor España que muy pronto le tocará a usted, piénselo bien”, dijo la voz antes cortar la comunicación.

Soy Oscar Anibal España Ordoñez, de 20 años de edad, natural de El Doncello, Caquetá y labriego de profesión. Los sucesos aquí narrados ocurrieron en el municipio de Cartagena del Chairá, Caqueta, donde trabajo y resido.

Hago esta denuncia públicamente por que tengo temor de que los militares me maten o me capturen por ejercer mi derecho civil de no involucrarme en el conflicto.

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