Comunidad universitaria sometida a absurda inquisición
Requerimiento de bases de datos de varias universidades por la Fiscalía vulnera derechos fundamentales de estudiantes y profesores
Por Comisión Colombiana de Juristas

El 10 de noviembre de 2008 se conoció la decisión del fiscal Jorge Iván Piedrahita Montoya, perteneciente a la unidad antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación, de ordenar a la Policía Judicial -Dijín- realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital,

Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley". En el requerimiento a las universidades se solicita “copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 a la fecha 2008”.

Esta medida atenta contra los derechos fundamentales de los estudiantes, egresados y profesores de las Universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Nacional y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En particular se afecta el derecho a la intimidad y a la protección de la información personal (derecho de hábeas data) de la comunidad universitaria al realizar una acción desproporcionada e inconducente.

Según estimaciones del viceministro de educación superior, las bases de datos solicitadas contienen información de por lo menos 1.450.000 personas, por lo cual no es legítimo ni razonable vulnerar sus derechos para buscar información de 55 personas que investiga la Fiscalía porque sus nombres aparecen en el computador de un guerrillero.

La solicitud masiva de datos sobre toda una comunidad académica y científica transgrede además los principios de presunción de inocencia, el buen nombre y la buena fe, al señalar indiscriminadamente a un enorme grupo de personas como sospechosas de cometer delitos.

Adicionalmente, esta acción vulnera la autonomía universitaria, al estigmatizar y señalar de forma irresponsable y abusiva a importantes centros académicos de educación superior.

Estos señalamientos aumentan el riesgo de la comunidad académica de sufrir amenazas y hechos de violencia por parte de actores armados, por cuanto las universidades han sufrido atentados execrables que han tenido como fundamento estigmatizaciones menos graves que las que actualmente realiza la Fiscalía.

La información de estudiantes y profesores es recogida y almacenada con fines exclusivamente académicos y laborales, razón por la cual un fiscal no puede solicitarla de forma masiva, con fines indeterminados y sin especificar las motivaciones sobre casos concretos de investigaciones penales.

Por estas razones, la orden del fiscal constituye una actuación violatoria de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

La Comisión Colombiana de Juristas solicita al fiscal del caso que corrija esta irregularidad y al Fiscal General de la Nación que se inicien las investigaciones disciplinarias y administrativas para aclarar esta situación.

En el mismo sentido hace un llamado para que en las investigaciones penales que se desarrollan por supuestas infiltraciones de la guerrilla en las universidades se respeten los derechos fundamentales y la autonomía universitaria, y no se realicen acciones de estigmatización contra las comunidades académicas.

Aplaudimos la reacción de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los rectores de las universidades, quienes acertadamente se han opuesto a esta abusiva orden del fiscal encargado del caso y los alentamos a continuar protegiendo la Universidad ante los ataques injustificados y arbitrarios que ha sufrido.

Hacemos un llamado a los organismos internacionales, tales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator de Naciones Unidas sobre el terrorismo, para que avoquen el conocimiento de esta inusitada violación de derechos fundamentales.

Mayor información: Ana María Sánchez. 3768200 ext 115

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