jueves, agosto 06, 2009

Cifras del despojo de tierras: Conferencia Nacional de Tierras y Territorio
¿Porqué el gobierno no promueve una acción nacional de devolución de tierras a los campesinos despojados?

Este y otros interrogantes serán respondidos luego de un juicioso análisis por los más de 200 personas asistentes a la Conferencia Nacional de Tierras y Territorio: Catastro del Despojo, que se desarrollará hasta el próximo sábado 8 de agosto en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la ciudad de Bogotá.

El evento tiene como propósito fundamental construir una estrategia que visibilice la magnitud del fenómeno de apropiación violenta de tierras y cuantificar su dimensión por departamento o región afectada.

El cálculo exacto de la cantidad de hectáreas despojadas como consecuencia del conflicto social político y armado que atraviesa Colombia aún es tarea pendiente.

Sin embargo, en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en sus últimos informes[1], ha establecido, a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Verificación de julio de 2008, un aproximado del total de hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono[2] de 5.5 millones de hectáreas.

Cálculo del que se excluyeron las formas colectivas de propiedad o tenencia, así como los predios con extensiones superiores a 98 hectáreas. Extensión que equivale al 10,8% del total de la superficie agropecuaria del país[3].

La magnitud del despojo y desterritorialización ha generado situaciones de dominio y control territorial en lo militar, lo político y lo económico que ha acentuado la concentración de la tierra en el país, al punto que hoy en día, Colombia es el segundo país del mundo en concentración de la propiedad de la tierra[4].

En el 2005 el 0,4% de los propietarios poseía más del 60% de la tierra, casi el doble lo que poseían hace 20 años. Mientras tanto el 58% de los propietarios poseía menos del 2%.[5]

Las anteriores cifras revelan lo que muchos y muchas han denominado la más grande contrarreforma agraria del país, teniendo en cuenta que el número de hectáreas adjudicadas entre 1962 y 2006 dentro de los programas de reforma agraria solo alcanzaron un total de 1.607.543 hectáreas[6], y ha hecho que las tierras se encuentren hoy de manera preponderante, en manos de terratenientes tradicionales, agroindustriales, ganaderos, narcotraficantes, paramilitares y sus testaferros.

No obstante es importante insistir en que el despojo y el abandono forzado no se han concentrado únicamente en las tierras. En relación a los otros bienes, la Comisión de seguimiento calcula que el 78.9% de familias desplazadas tenían animales, especialmente aves, cerdos, ganado bovino, equino, entre otros, de las cuales el 92.4% se vieron obligadas a abandonarlos[7].

Así mismo un 43,6% de los grupos familiares tenían cultivos que se perdieron en un 93,3%, consistentes primordialmente en cultivos de yuca, plátano, maíz, ñame, café, arroz, fríjol, caña, y tabaco[8], productos que además de ser fuente de generación de ingresos, eran fuente de consumo alimentario, afectándose así el derecho a la seguridad y a la soberanía alimentaria.

Estos cálculos además de develar la magnitud del despojo, confirman la pérdida de los activos productivos para las víctimas, es decir, de los medios que les permitían la generación de ingresos a través de los trabajos que desempeñaban.

Al punto que se ha podido establecer que “una de las consecuencias más relevantes del desplazamiento es haber deteriorado de forma radical los niveles de ingreso de los grupos familiares desplazados y, consecuentemente, haber postrado a un amplio sector de familias colombianas a la pobreza y a la indigencia”[9], la pobreza habría pasado de 51% al 97.6%, y la indigencia de 31.5% a 80.7% en el caso de la población desplazada[10].

Así entonces cuando se procura determinar el daño causado a la población que ha sido despojada de sus bienes y en general de una parte significativa de su patrimonio, es importante insistir en que, parte fundamental del mismo, se produce por el despojo y el abandono forzado de las tierras, pero también de otros bienes, que en muchas ocasiones eran indispensables para satisfacer sus derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, a la vivienda digna, entre otros.

Frente a esta situación de despojo la Corte Constitucional Colombiana luego de corroborar la ineficacia de la política de tierras adelantada por el Estado Colombiano, ordenó de manera reciente a través del auto 008 de 2009, la reformulación total de dicha política.

Este hecho es relevante si se tiene en cuenta que la tierra despojada continúa en manos de quienes la usurparon y que hasta el momento son inexistentes políticas eficaces dirigidas a lograr una verdadera restitución del patrimonio, que responda de manera efectiva a la superación de los obstáculos fácticos, normativos y políticos existentes.

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[1] En esta Comisión participan el Ex Defensor del Pueblo y ex Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, la periodista Patricia Lara, el Director Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica colombiana Monseñor Héctor Fabio Henao, el economista Luís Jorge Garay, el Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Dr. José Fernando Isaza, el Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia Rodrigo Uprimny Yepes,

el Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Evelis Andrade, la dirigente Rosalba Castillo de la organización AfroAmérica XXI, el Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Orlando Fals Borda (qepd), el Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía Pedro Santana, y el profesor de la Universidad Nacional y Presidente de Codhes, Marco Romero.

La Comisión cuenta con el acompañamiento internacional de la premio Nóbel de paz Rigoberta Menchu, la Organización Plan Internacional y el ex representante de Acnur en Colombia Roberto Meier.

Actualmente La Comisión cuenta con una secretaría técnica integrada por los comisionados representes de las siguientes organizaciones: Codhes, Viva la Ciudadanía, Pastoral Social, Centro de Estudios De Justicia y Plan Internacional.

[2]Resulta necesario distinguir entre estas dos categorías de despojo y abandono forzado: “Despojo: acción o actividad ejercida para sacar de la órbita del patrimonio de una persona un bien con el propósito de apropiárselo de manera ilegal.

Para el caso del despojo de tierras, este se entiende como la acción por medio de la cual a una persona se le priva arbitrariamente de su propiedad, posesión, ocupación, tenencia o cualquier otro derecho que ejerza sobre un predio, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, actuación administrativa, actuación judicial o por medio de algunas acciones tipificadas en el ordenamiento penal y aprovechándose del contexto del conflicto armado. El despojo puede ir acompañado o no del abandono, pero a diferencia de este último, en el despojo hay una intención expresa de apropiarse del predio. (…).

Abandono: acción por la cual las personas o comunidades se ven obligadas a dejar los bienes con los que tenían un vínculo en términos de propiedad, posesión, tenencia u ocupación. El abandono impide que la persona o comunidad use, goce o disponga libremente de sus bienes por sí misma o a través de terceros, en razón a los hechos que la pusieron en situación de víctima”. Definiciones extractadas del proyecto de ley 157/07 Senado.

[3] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. XI Informe: Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Enero 19 de 2009. P 35.

[4] El Radar. ¿Qué pasa con la tierra en Colombia?, entrevista a Alejandro Reyes. Caracol Televisión.http://www.caracoltv.com/producciones/informativos/elradar/video138144-pasa-los-terrenos-colombia.

[5] Garay, Luis Jorge y otros (2008). La pobreza de un país altamente inequitativo, Pg. 14.

[6] Yamile Salinas. Tenencia de tierra y conflicto armado. Caja de Herramientas # 121. 2007. http://www.viva.org.co/caja_herramientas_contenido.htm?cmd%5B825%5D=x-825-18812269&cmd%5B822%5D=x-822-18812264&cmd%5B874%5D=x-874-18812264&cmd%5B824%5D=c-1-3b4b85fd854bb6de807f26760702bb41

[7] Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. XI Informe: Cuantificación y valoración de las tierras y los bienes abandonados o despojados a la población desplazada en Colombia. Bases para el desarrollo de procesos de reparación. Enero 19 de 2009. P. 2, 7.

[8] Ibid. p.4, 16.
[9] Ibid. p. 17.
[10] Ibid. p. 17.


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