miércoles, julio 08, 2009

Ardua lucha contra la tortura y la impunidad
Campaña nacional e internacional para visibilizar esta forma de crimen de lesa humanidad emprendieron varias organizaciones defensoras de los derechos humanos
Por Camilo Raigozo


Los mismos soldados son sometidos a torturas por sus superiores. Foto Semana
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El pasado 25 de junio, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Coalición Colombiana de Lucha contra la Tortura, integrada por nueve organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, lanzó la campaña:

Firme contra la tortura, porque en Colombia la Tortura existe, la cual busca promover la firma y ratificación sin reservas ni restricciones el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, por parte del Estado colombiano, como medida para prevenir y castigar este crimen.

El mismo día la Coalición también realizó el foro, Visibilizando el crimen de tortura en Colombia, cuyo objetivo es demostrar la comisión persistente de este crimen de lesa humanidad, su aplicación sistemática generalizada en el país y la situación de impunidad en la que se mantiene.

En dicha jornada participaron al menos 200 personas, entre ellas, Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Omct, quien advirtió la importancia que tiene la prohibición absoluta de cualquier método de tortura.

“Hay que colocar en la opinión pública y las instancias internacionales un compromiso de promoción constante para que cese cualquier expresión de este delito”, dijo entre otras cosas Sottas.

Igualmente, resaltó la importancia de la aplicación de mecanismos judiciales, convencionales y no convencionales que apunten a establecer la responsabilidad de los Estados en la comisión de esos crímenes.

“Eso no excluye la presión que actualmente se está generando por parte de la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía, que busca ya no la responsabilidad de los Estados sino la de los individuos”, apuntó el secretario de la Omct.

Crimen generalizado y sistemático

Entre enero de 2003 y junio de 2008, fueron víctimas de tortura por lo menos 1.194 personas en diferentes regiones del país, según estadísticas presentadas por la Coalición Colombiana Contra la Tortura.

El estudio afirma que las víctimas pertenecen a diversos sectores de la población, “lo que evidencia el uso generalizado y sistemático de esta práctica, que es utilizada como un método de coerción social y política para conseguir, mediante el miedo y el terror generalizado, conductas individuales y masivas de autocensura, aislamiento, pasividad y resignación”, dice el informe presentado por la Coalición.

No obstante –cita la fuente- la comprobación de los hechos, éstos se mantienen en la impunidad, las víctimas son invisibilizadas y generalmente el crimen de tortura es ocultado por otros delitos como asesinatos o desapariciones forzadas, lo que impide que se tomen medidas para prevenirlo, sancionarlo y se pueda brindar una atención integral a las víctimas.

Simultáneamente se conoció un informe de Amnistía Internacional, en que la ONG destacó que más de 100 países -entre ellos Colombia- siguen recurriendo a prácticas de tortura y malos tratos.

“Con demasiada frecuencia, las víctimas siguen indefensas porque sufren un sistema de justicia que no exige rendición de cuentas a los responsables, y no cuentan con acceso inmediato a representación letrada.

En muchas ocasiones, los fiscales no emprenden investigaciones, las víctimas tienen miedo a ser objeto de represalia si denuncian, y las penas que se imponen a los agentes declarados culpables son muy leves. El resultado es que en muchos lugares se ha perpetuado una cultura de impunidad”, señaló Amnistía Internacional.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura, emprendió una campaña de visibilización que encierra un conjunto de acciones públicas, políticas y culturales, que contribuyan al reconocimiento de la práctica de la tortura como un crimen de lesa humanidad que debe ser prevenido, investigado y sancionado por el Estado colombiano, y rechazado por la sociedad en su conjunto.


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