Militares y paramilitares
asesinaron a tres niños y
cinco adultos en febrero
de 2005 bajo el régimen de
terror de Álvaro Uribe.

Parauribismo
En una zona altamente militarizada paramilitares asesinaron a otro campesino en San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 21 de septiembre al medio día paramilitares asesinaron de varios disparos al labriego Ernesto Guzmán, pedre de cinco hijos. La nueva víctima vivía en la vereda Playa Larga.

En esa misma fecha, tres horas más tardes, en el asentamiento de San Josecito, dos sujetos intentaron ingresar a la vivienda de un miembro de Consejo Interno, informó la Comunidad de Paz.

El 11 de septiembre de 2015 varios campesinos procedentes de la vereda Mulatos fueron abordados por varios paramilitares vestidos con prendas militares y portando armas largas, los cuales afirmaron que los habitantes de la vereda Mulatos y La Resbalosa eran guerrilleros y milicianos de las FARC, que no se les permitía volver a pasar por allí, según ellos, estaban haciendo inteligencia para la guerrilla.

El 10 de septiembre de 2015, hacia las 11 de la mañana, dos miembros de la Comunidad de Paz que se trasladaban desde San Josecito hacia el casco urbano de Apartadó, fueron abordados por agentes de la Policía a la altura del barrio Alfonso López, en Apartadó.

Allí fueron empadronados y fotografiados por los policías quienes argumentaron que ellos hacían lo que se les daba la gana ya  que eran la autoridad y estaban por encima de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que la Corte Constitucional emitió la sentencia C-1024 del 2002 mediante la cual prohíbe a la fuerza pública los empadronamientos.

"Esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en estados de excepción", expresó la Corte.

El 26 de agosto de 2015, cuando miembros de la Comunidad de Paz se trasladaban desde el casco urbano de Apartadó, hacia el asentamiento de la Comunidad en San Josecito, fueron abordados por agentes de la Policía quienes los sometieron a chantaje.

Luego procedieron a anotar en una libreta las placas del vehículo en el que se trasladaban. En forma contundente se evidencia el método de pillaje y persecución que se vuelve a implementar contra los miembros de la Comunidad de Paz.

El 5 agosto de 2015 el comandante de la Brigada 17del Ejercito, coronel German Rojas Días, a través de un evento público en las afueras de la alcaldía de Apartadó, manifestó el interés absoluto de que se quiten las medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad de Paz. 

Las comunidades se preguntan si los deseos del coronel son para seguir matando y reprimiendo, en complicidad con los paramilitares,  a los pobladores con más facilidad y con plenas garantías de impunidad.

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Terrorismo de Estado

Asegurados tres presuntos terroristas del Ejército por masacre de 18 campesinos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

De acuerdo a investigaciones de la Fiscalía el 12 de agosto de 1995 14 paramilitares llegaron al establecimiento El Aracatazo en el municipio de Chigorodó, Antioquia y allí intimidaron, golpearon y torturaron a las personas que se encontraban en el lugar.

Los criminales procedieron a asesinarlos con tiros de fusil l, así como a otras personas que transitaban por la calle, dejando un saldo total de 18 muertos y uno más herido de gravedad que logró salvarse al fingir su muerte.

Para la fecha Álvaro Uribe era el gobernador de ese departamento y los grupos paramilitares estaban en expansión y se movían con facilidad no solo en Antioquia, sino también en otras regiones vecinas.

Según pudo establecer el ente investigador junto a los paramilitares en la ejecución de la masacre  habrían actuado y colaborado bandidos pertenecientes al Ejército Nacional.

Por tal motivo un fiscal de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac) les dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, a tres militares por su presunta participación en la masacre.

Por estos hechos terroristas la Fiscalía vinculó mediante indagatoria a José Liborio Bermúdez, capitán; Nofar Fabián Motta, subteniente y John Fredy Moncada, cabo segundo, para la época.

  

Los presuntos bandidos del régimen permanecen privados de la libertad, acusados de ser responsables, en calidad de coautores impropios, de los delitos de homicidio en persona protegida y porte ilegal de armas.

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El Castillo, Meta
Homenaje a las víctimas del Ariari
A pesar del terror desatado por el régimen en la región campesinos desplazados han ido regresando pero le piden a la comunidad nacional e internacional que no los deje solos
Por Camilo Raigozo. Voz

Los pasados 6 y 7 de septiembre, una docena de organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los derechos humanos, realizaron una visita de acompañamiento a las comunidades del Alto Ariari, Meta, victimas de la represión militar y paramilitar aplicada por los diferentes regímenes en la región desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, recrudecida desde el 2002 con la llegada al poder del proyecto narco-paramilitar que desde entonces rige en Colombia.

Unas 70 personas, entre familiares, amigos de las víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, representantes de ONG internacionales y algunos periodistas, hicieron una peregrinación hasta el caserío La Esmeralda, municipio de El Castillo, Meta, donde le rindieron un sentido homenaje a todas las victimas que han sido asesinadas o desaparecidas en la orgía de sangre practicada por militares y paramilitares contra la población inerme.

Una de las víctimas homenajeadas fue el inolvidable líder campesino, defensor de los derechos humanos, Reinaldo Perdomo Hite, asesinado mediante la estrategia paramilitar a las ocho de la noche del 12 de agosto de 2003, en el barrio Ciudad Porfía en Villavicencio, Meta, donde estaba desplazado.

Un sicario del régimen le cegó la vida de varios disparos, en otro crimen que cinco años después está en la más completa impunidad. “A mi papá y a más de 200 personas del Alto Ariari, los asesinó el régimen como método de terror, buscando asesinar también el pensamiento libertario, luchador y solidario, de sus gentes”, le dijo entre otras cosas una de las hijas del líder inmolado a VOZ.

Más de 500 personas han sido asesinadas o desaparecidas en el Alto Ariari y al menos la mitad de estos crímenes han ocurrido en el gobierno de Uribe. Desde el 2002, hubo una arremetida sangrienta del ejército, paramilitares y autoridades civiles en la región, que obligó a más de 1.050 familias a desplazarse abandonarlo todo para salvar su, vidas.

Según el testimonio de varias personas entre desplazadas y residentes en la región, tanto el ejército, como los ‘paras’ quemaron fincas, viviendas y robaron las pertenencias de los campesinos.

Para Ruby Castaño, sobreviviente de varios atentados y desplazada en tres oportunidades, “el arrasamiento contundente que aún sigue vigente, y que generó un desplazamiento masivo de la población, lo que busca es limpiar la zona de campesinos para apropiarse de las tierras”. Tres alcaldes elegidos por la UP fueron asesinados y otro más condenado al exilio.

Isidro Alfonso*, quién formó parte de unas 150 familias que se negaron a desplazarse, a pesar de que los ‘paras’ le asesinaron a dos familiares y el ejercito a otro, le contó a VOZ que durante un tiempo, la alcaldía del municipio restringió la compra de medicinas y alimentos que podían hacer los pobladores. El ejército les vendía los cupones de racionamiento para que los campesinos adquirieran las medicinas, los víveres y elementos de trabajo, en cantidades limitadas en las tiendas de los paramilitares o administradas por estos.

Resistiendo a los métodos criminales y de terror del régimen, desde el 18 de marzo de 2006, las familias desplazadas han ido regresando, aún a costa de perder la vida. Crearon la Comunidad Civil de Vida y Paz Zona Humanitaria del Ariari, como mecanismo de protección de la vida, materializando así los sueños de Reinaldo Perdomo Hite, María Mercedes Méndez y de tantas mujeres y hombres, para quienes “ceder era más terrible que la muerte”, como lo enseñó Josué Giraldo Cardona, otra víctima del establecimiento en el Meta.

* Nombre cambiado por petición de la fuente

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