Catatumbo, Norte de Santander
La unidad del campesinado avanza a pesar de la indiferencia y el incumplimiento del gobierno
Durante los días 10, 11 y 12 de junio las comunidades campesinas e indígenas de la región del Catatumbo realizaron la sexta audiencia popular en la que brillaron por su ausencia las diferentes esferas del gobierno
Por Camilo Raigozo. Voz

Durante los pasados días 11, 12 y 13 de junio, en el corregimiento Filo El Gringo, municipio de El Tarra, Norte de Santander, las comunidades campesinas e indígenas Motilón Barí, unificados en la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, realizaron la sexta audiencia popular programada dentro del marco de la Mesa de-

Interlocución y Acuerdo, que se viene adelantando entre las comunidades y los gobiernos locales, departamental y nacional, con el fin de buscarle salidas concertadas a las diferentes problemáticas que vienen padeciendo los campesinos y los indígenas de la zona. Unas 200 personas asistieron al evento en representación de un gran número de veredas.

Sin embargo, con excepción del alcalde de El Tarra, Jhon Jairo Márquez; Robinson Galindo, representante de Parques Nacionales de Colombia, Carmenza Toro, de la Secretaria de Gobierno y tres concejales, los demás alcaldes e instituciones gubernamentales brillaron por su ausencia.

También incumplieron la cita instituciones como la Personería y el Incoder, para escuchar las denuncias de los campesinos sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública y para abordar el tema sobre la Zona de Reserva Campesina, puntos importantes en la mesa de diálogo.

“Hay que resaltar el hecho de que la no asistencia de estas autoridades evidencia la falta de voluntad política y de respeto hacia pueblo catatumbero”, señaló a VOZ Pablo Tellez, dirigente de Ascamcat.

Por su parte, Jhon Jairo Márquez, alcalde anfitrión, hizo énfasis en lo complejo que es “ejercer un gobierno coherente dado el poco presupuesto que el gobierno central y la gobernación departamental destinan y disponen para las regiones”.

Además agregó que han existido múltiples inconvenientes, tanto con el Ejército como con la Policía, ya que la alcaldía solo puede hacerles llamados de atención por los abusos que cometen contra la población.

“La Policía y el Ejército han respondido que van a cambiar de personal y han prometido un cambio de conducta y mejoramiento de la Fuerza Pública, pero solo se ha quedado en eso: promesas”, dijo el burgomaestre.

Falsos señalamientos y acusaciones contra las comunidades

Un informe sobre montajes judiciales y persecución política contra el campesinado catatumbero por parte del régimen fue dado a conocer por los dirigentes de Ascamcat, Olga Lucía Quintero, José del Carmen Abril y Jhonny Feldred Abril.

Denunciaron los señalamientos malintencionados en contra de las organizaciones sociales, manifestaciones populares y demás mecanismos de defensa, como es el caso del Campamento de Refugio Humanitario al que señalan tendenciosamente de estar “infiltrado por fuerzas oscuras”.

Igualmente denunciaron a Fernando Ibarra, delegado de la Vicepresidencia de la República a la Mesa de Interlocución y Acuerdo, por manifestar públicamente que Ascamcat es “una organización que hace apología a la guerrilla e incentiva la siembra de coca”, lo cual es absolutamente falso.

El informe también rechazó las infiltraciones de agentes encubiertos de la Fuerza Pública en audiencias anteriores.

Hubo varias denuncias por los constantes empadronamientos que realiza la Fuerza Pública y la Fiscalía 29, los cuales han dejado como resultado el encarcelamiento de 17 campesinos inocentes y la expedición de otras 51 órdenes de captura contra labriegos, entre los que se encontraban el presidente de Ascamcat, José del Carmen Abril y el coordinador del Campamento de Refugio, Jhonny Feldred Abril.

Según Ascamcat, se comprobó que el CTI pagó a informantes amañados para cometer el atropello. Ante la tozuda realidad, la justicia no tuvo más remedio que dejar a estas personas en libertad y levantar las órdenes de captura.

Así mismo se presentaron 10 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública.

“El gobierno en todos sus niveles no solamente nos ha dejado solos en este proceso, sino que también ha incumplido en casi todo lo que se ha comprometido con las comunidades.

“Pero sabemos que lo más importante es el material humano que tenemos: nuestros líderes y nuestras comunidades de la región, quienes serán los que finalmente se apropien del Catatumbo ya que este les pertenece solo a ellos.

Los alcaldes, gobernadores y concejales son temporales, mientras que los campesinos e indígenas estaremos aquí siempre defendiendo lo que es nuestro”, le dijo el coordinador de Ascamcat a VOZ. Fotos Camilo Raigozo.

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