Parauribismo/Uribe se burló de las víctimas
Por Camilo Raigozo. Voz
Mientras que el Gobierno le ha regalado más de ocho billones de pesos cada año a poderosas familias y empresarios valiéndose de coartadas como Agro Ingreso Seguro, exenciones extraordinarias de impuestos, zonas francas, pactos de estabilidad tributaria y exenciones para inversión de capital, entre otras, a millones de víctimas y familias desplazadas no les ha dado más que burla, señalamiento, revictimización y humillación.
El Fondo de Reparación de Víctimas solo tiene 33 mil millones de pesos, de los cuales 28 mil millones están representados en “bienes”, lo que significa que más del 99.5 por ciento de las víctimas no podrán ser reparadas por falta de voluntad del gobierno.
Estrategia perfecta del negociado Uribe-‘paras’, pues desde el 2005 cuando fue creada la ley de impunidad, mal llamada Ley de Justicia y Paz, de las 300 mil víctimas registradas ante el Gobierno y más de cuatro millones de personas desplazadas que claman justicia, no ha habido una sola reparación por la vía judicial.
La burla a las víctimas con la “Ley de Justicia y Paz” llegó a tal extremo que prácticamente el gobierno dejo a la voluntad de los criminales la devolución de bienes usurpados para la reparación.
En la coartada denominada Ley de Justicia y Paz, esta dejó planteado que los paramilitares pueden entregar los bienes hasta minutos antes de la sentencia final.
En otros términos significa que Uribe les regaló a los ‘paras’ los años suficientes para que legalicen los bienes usurpados a sangre y fuego, dado que no han sido condenados y se presume por lo tanto su “inocencia” y por ende no están obligados entregar los bienes.
De esta manera la justicia quedó desposeída de instrumentos que obliguen a los jefes paramilitares a entregar los bienes para hacerse partícipes de la ley de Justicia y Paz.
El Gobierno se burla de las víctimas ofreciéndole aproximadamente 10 millones de pesos a cada una por la vía de la reparación administrativa. En Bogotá y Medellín, es indignante observar a más de 10 mil personas haciendo interminables filas bajo el sol y la lluvia para poder acceder a esta humillante suma de dinero.
Por su parte el Consejo de Estado fijó unas tablas y calculó la indemnización por el daño causado a las víctimas y la esperanza de vida que tiene que ver con daños emergentes y lucro cesante, las cuales podrían ser de entre 150 y 200 millones de pesos.
La saña del régimen contra sus víctimas no tiene límite. Según el propio Mancuso, Colombia se demorará más de 25 años encontrando fosas comunes mientras que el Gobierno invertirá 40 años más para indemnizar a las víctimas y muy difícilmente más de seis millones de hectáreas de tierras robadas a los campesinos por medio de la estrategia paramilitar le serán devueltas a sus legítimos dueños.
Mientras que el Gobierno le ha regalado más de ocho billones de pesos cada año a poderosas familias y empresarios valiéndose de coartadas como Agro Ingreso Seguro, exenciones extraordinarias de impuestos, zonas francas, pactos de estabilidad tributaria y exenciones para inversión de capital, entre otras, a millones de víctimas y familias desplazadas no les ha dado más que burla, señalamiento, revictimización y humillación.
El Fondo de Reparación de Víctimas solo tiene 33 mil millones de pesos, de los cuales 28 mil millones están representados en “bienes”, lo que significa que más del 99.5 por ciento de las víctimas no podrán ser reparadas por falta de voluntad del gobierno.
Estrategia perfecta del negociado Uribe-‘paras’, pues desde el 2005 cuando fue creada la ley de impunidad, mal llamada Ley de Justicia y Paz, de las 300 mil víctimas registradas ante el Gobierno y más de cuatro millones de personas desplazadas que claman justicia, no ha habido una sola reparación por la vía judicial.
La burla a las víctimas con la “Ley de Justicia y Paz” llegó a tal extremo que prácticamente el gobierno dejo a la voluntad de los criminales la devolución de bienes usurpados para la reparación.
En la coartada denominada Ley de Justicia y Paz, esta dejó planteado que los paramilitares pueden entregar los bienes hasta minutos antes de la sentencia final.
En otros términos significa que Uribe les regaló a los ‘paras’ los años suficientes para que legalicen los bienes usurpados a sangre y fuego, dado que no han sido condenados y se presume por lo tanto su “inocencia” y por ende no están obligados entregar los bienes.
De esta manera la justicia quedó desposeída de instrumentos que obliguen a los jefes paramilitares a entregar los bienes para hacerse partícipes de la ley de Justicia y Paz.
El Gobierno se burla de las víctimas ofreciéndole aproximadamente 10 millones de pesos a cada una por la vía de la reparación administrativa. En Bogotá y Medellín, es indignante observar a más de 10 mil personas haciendo interminables filas bajo el sol y la lluvia para poder acceder a esta humillante suma de dinero.
Por su parte el Consejo de Estado fijó unas tablas y calculó la indemnización por el daño causado a las víctimas y la esperanza de vida que tiene que ver con daños emergentes y lucro cesante, las cuales podrían ser de entre 150 y 200 millones de pesos.
La saña del régimen contra sus víctimas no tiene límite. Según el propio Mancuso, Colombia se demorará más de 25 años encontrando fosas comunes mientras que el Gobierno invertirá 40 años más para indemnizar a las víctimas y muy difícilmente más de seis millones de hectáreas de tierras robadas a los campesinos por medio de la estrategia paramilitar le serán devueltas a sus legítimos dueños.
