Ejecuciones extrajudiciales
La impunidad es casi absoluta y sistemática
El último informe del Relator especial de la Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales Philip Alston, critica severamente al régimen de Uribe. El caso será presentado formalmente al fiscal Moreno Ocampo de la CPI
Por Camilo Raigozo. Voz

El pasado 27 de mayo relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales Philip Alston, presentó un informe a cerca de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, las cuales involucran a por lo menos 33 brigadas del Ejército colombiano.

En dicho informe denunció que la impunidad para quienes cometieron estos crímenes de lesa humanidad alcanza el 98,5 por ciento, con el agravante de que los familiares de las víctimas están siendo constantemente hostigados y amenazados y que continúa persistiendo "graves problemas" de seguridad en el país. El informe fue elaborado a partir de la visita del funcionario al país en junio de 2009.

Así mismo, en rueda de prensa realizada hace dos semanas en la que se hizo la presentación del informe “Soacha: la punta del Iceberg”, realizado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Fedes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice,-

sostuvo que no solamente los crímenes planificados y llevados a cabo por militares del Ejército Nacional han tenido un carácter sistemático, sino que también la impunidad que se viene configurando en estos casos también es sistemática.

Alston aseveró en su informe que "A menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juzgamiento de las ejecuciones cometidas por las Fuerzas Militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos".

También resaltó que “la estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar de los grupos alzados en armas, pero también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.

Según el informe de Fedes, hasta hoy, después de dos años y medio de haberse cometido las ejecuciones extrajudiciales de los 16 jóvenes de Soacha, en tres de los casos ni siquiera se han abierto investigaciones formales, y han sido puestos en libertad 46 militares involucrados, por vencimiento de términos en cuatro procesos distintos.

Los casos de Soacha son solo la punta de un gigantesco iceberg

Ante la abismal impunidad Cepeda celebró que el caso pase a ser estudiado por la Corte Penal Internacional a quién le será presentado el informe de Fedes. Tildó de pertinente que el caso llegue a las manos del fiscal de la CPI en la Haya, Luís Moreno Ocampo.

“La Fiscalía de la CPI ha ampliado su observación preliminar con relación a Colombia. Ya lo venía haciendo con los casos de la mal llamada Ley de Justicia y Paz y de la “parapolítica”, ahora también incluye las ejecuciones extrajudiciales”, observó Cepeda, quién a la vez agregó que “el informe se presenta en un contexto en el cual se siguen acumulando pruebas, testimonios y testigos, que implican cada vez más al presidente Uribe en una serie de hechos criminales”.

Tanto Alston como Cepeda coincidieron en que lo descubierto hasta ahora en los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales va mostrando que estos hechos no son aislados sino son verdaderas cadenas criminales. “Los casos de Soacha solo son la punta de un gigantesco iceberg”, dijeron.

El periodista Felipe Zuleta afirmó en la rueda de prensa que hay documentados 2.272 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército a través de al menos 33 brigadas. “Esto es una maquinaria criminal y sistemática”, dijo.

Por los crímenes de lesa humanidad de Soacha, Zuleta entabló una demanda penal contra el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que el ex ministro no tiene la altura moral y ética que se requieren para desempeñar el cargo de Presidente de la República.

Respecto al paramilitarismo Alston advirtió que encontró "un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares. La inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los derechos humanos fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías.

“Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”.

El alto funcionario instó a Uribe a realizar "cambios sustantivos” en la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que consagró la impunidad de los paramilitares y consolidó la expropiación forzosa de millones de hectáreas de tierras.

"El Gobierno debería considerar establecer una comisión de la verdad independiente que conduzca una investigación sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano", dijo. Algunas de las madres de Soacha en la rueda de prensa. Foto Camilo Raigozo.

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