Terrorismo de Estado
Condenan al Ejército y la Policía por secuestros,
desapariciones, torturas y asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 3 de diciembre el Consejo de Estado condenó al
Ejército y a la Policía por su responsabilidad en el secuestro, desaparición
forzada, tortura y asesinato a sangre fría de los hermanos Darío Alonso y Oscar
Salinas Castellanos.
Los crímenes tuvieron lugar el 3 de octubre de 2002 en el
municipio de Murillo, Tolima, según informó el Colectivo de Abogados Alvear
Restrepo en su página de Internet.
El alto tribunal ordena enviar la sentencia al Centro de
Memoria Histórica, con el fin de dar cumplimiento a la ley 1424 de 2010,
buscando configurar un elemento de la evidencia histórica del conflicto armado
de Colombia.
El alto tribunal le ordena, entre otras cosas, al Ejército
y la Policía difundir y publicar la sentencia por todos los medios de
comunicación, electrónicos, documentales, redes sociales y páginas web, tanto
de su parte motiva, como de su resolutiva, por un periodo ininterrumpido de un
año, contado desde la ejecutoria de la providencia.
Igualmente le ordena al flamante ministro de guerra y
represión de la oligarquía, Juan Carlos Pinzón, al comandante de las Fuerzas
Militares y al comandante del Batallón Patriotas, encabezar la realización de
un acto público de reconocimiento de responsabilidad, petición de disculpas y
reconocimiento de memoria de las dos víctimas.
El alto tribunal ordenó dar difusión de éste acto público
tanto por medios televisivos, como radiales.
El Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la
Policía Nacional, están en la obligación a realizar capacitaciones en todos los
comandos, batallones, unidades y patrullas militares, las cuales versarán sobre
los criterios convencionales y constitucionales a que están sometidos todos los
procedimientos militares y policiales.
Así mismo el Consejo de Estado ordenó remitir copia del
expediente y de la sentencia a la Fiscalía con el fin de que se abra, reabra o
continúe las investigaciones penales por los crímenes ocurridos el 3 de octubre
de 2002 en el municipio de Murillo.
De igual forma ordenó enviar copia del expediente y de la
sentencia a la Justicia Penal Militar, la cual es símbolo de impunidad, para que
se “abra, reabra o continúe la investigación penal militar que fue objeto de
archivo, con el objeto de establecer si hay lugar a declarar la responsabilidad
de los miembros del Ejército Nacional, por los hechos ocurridos el 03 de
octubre de 2002”.
El Colectivo Alvear Restrepo advierte que en materia
penal, los delitos cometidos contra estos campesinos no pueden ser conocidos
por la Jurisdicción Militar, de acuerdo con el ordenamiento interno e
internacional.
7. Se reconocen a los hermanos Salinas Castellanos como
víctimas directas del conflicto armado, y por ello se “solicita a las
instancias gubernamentales competentes incorporarlas y surtir los
procedimientos consagrados en la ley 1448 de 2011”.
8. Se decide, además, exhortar a la Defensoría del
Pueblo, para que en el término de 30 días se emita un informe sobre las
investigaciones por violación al DIH y el DIDH que han sido adelantadas por los
hechos. Éste deberá ser puesto a disposición de los medios de comunicación de
circulación nacional.
Además del evidente progreso que éste pronunciamiento
significa en materia de del reconocimiento de medidas no pecuniarias, también
es ejemplar en relación con el cumplimiento de lo ordenado:
“De todo lo ordenado, las entidades demandadas deberán
entregar al Tribunal de origen y a éste despacho informes del cumplimiento
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, con una periodicidad
de 30 días calendario y por escrito de los que deberán las
mencionadas entidades dar difusión por los canales de comunicación web, redes
sociales, escrito y cualquier otro a nivel local y nacional.
“En caso de no remitirse el informe pertinente, se
solicita a la Procuraduría adelantar las averiguaciones de su competencia ante
la orden dada por sentencia judicial y se adopten las decisiones a que haya
lugar de orden disciplinario”, cita la fuente.
En medio del conflicto que desangra a Colombia se han
producido más de siete millones de víctimas, de las cuales más de cinco
millones 600 mil corresponden al Ejército la Policía, Paramilitares y otras
fuerzas criminales del régimen, según estudios de ONGs nacionales e
internacionales.
