Cúcuta
Graves atropellos contra mujeres y población vulnerable
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez,
denuncio los graves atropellos por parte de la policía con sus escuadrones
represores conocidos como Esmad, en contra de la población vulnerable y las
mujeres de la periferia de Cúcuta.
A continuación algunos apartes de la denuncia recibida
por Notimundo:
El día jueves 21
de noviembre del 2013, a las 8:00 a.m. recibimos las llamadas de auxilio y de
urgencia de las familias y comunidades, la mayoría de ellas población víctimas,
vulnerables y damnificados,frente a los atropellos que iniciaron desde
tempranas horas de la mañana por parte de la Fuerza Pública (Policía y Esmad),-
así como de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de
Cúcuta y de la Inspección de Policía, diligencia en la que denunciaron además
que no hacia presencia ningún funcionario del ministerio público, para
garantizar los derechos de las personas que fueron afectadas.
Se hicieron las respectivas llamadas a los medios de
comunicación, a los organismos de control, a la Personería municipal de Cúcuta,
a la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, a la Secretaria de Derecho
del Departamento, para que hicieran presencia en el lugar y evitar los
atropellos, abusos y arbitrariedades que las personas estaban denunciando.
La Corporación Colectivos de Abogados Luis Carlos Pérez,
delegó a la Abogada Defensora de Derechos Humanos Judith Maldonado Mojica,
quien llego al sitio, para desplazarse hasta el lugar donde se estaba
desarrollando la diligencia, por la entrada que en el anillo vial conduce hacia
“uriumaco”,-
allí hombres de la Policía y del ESMAD, tenían cerrada la
vía de acceso vehicular, impidiendo el paso de las personas, inclusos muchas de
ellas a quienes les estaban destruyendo sus viviendas o enseres; la abogada se
presentó y-
se identificó plenamente con tarjeta profesional y carnet
de la institución, luego de eso un integrante de la Policía Nacional, dijo que
no podía ingresar, quien se negó durante todo el tiempo a identificarse.
Este mismo funcionario de la Policía Nacional que se
uniformaba como tal, nunca quiso identificarse, no dio su nombre ni su cargo, y
en una actitud arrogante, violenta e irrespetuosa dijo que él no tenía por qué hacerlo, que él era de
institución,-
que viera que era policía, y que no debía identificarse, manifestó
incluso que ya estaba acostumbrado a tener denuncias disciplinarias en su
contra, dio la orden de que no me dejaran pasar, que estaban cumpliendo órdenes,
se insistió que se comunicaran con el mando,-
mintió diciendo que se estaba desarrollando una reunión o
mesa de diálogo y que allá ya estaban los que debían estar, a la que ya no se podía
entrar, dijo que defendiera los derechos humanos y asesorara a las personas
desde ahí por celular, el abuso y la arrogancia de este policía era increíble,
ya estaban haciendo las llamadas para lograr que se autorizara el paso,-
cuando me tomo por la espalda y los brazos con violencia
y me empezó a arrastrar diciendo que tenía que respetarlo, que él era
autoridad, y que debía respetar a la policía, nunca se le insulto, se le
insistía más bien que se identificara, y que sus procedimientos eran ilegales e
irrespetuoso,-
golpeo a la defensora de derechos humanos en los brazos,
la tomo por la fuerza y la arrastro para retirarla de la carretera. (de todo lo
mencionado con este detalle, se tiene una videograbación anexa a la denuncia
penal).
También en ese mismo momento agentes de la Policía
Nacional y del Esmad agredieron a la señora Alid Johana Ortiz Quintero, de 23
años es la líder y secretaria de una asociación de Víctimas “Asofuerza”, quien
fue violentamente golpeada, maltratada, la cual se encuentra en estado de
embarazo, y permanece en la instalaciones del hospital de Cúcuta.
Se impidió por parte de la Policía Nacional y del Esmad
el ingreso durante todo el día al lugar del desalojo del Señor Luis Alberto
Rojas, quien es el representante legal de la Mesa de Fortalecimiento a
Organizaciones de Población Desplazada, y además el representante ante el
departamento de la Mesa de Participación de Victimas.
Luego de la intervención de uno de los líderes de las
comunidades, se ingresó a la vereda, y se pudo constatar: 1. La destrucción de
varias viviendas, incluidos los enseres, muebles, y artículos de propiedad de
las personas.
Se intentó hablar con dos funcionarias que la comunidad
menciono como las inspectoras de policía encargadas de la diligencia, quienes
no se identificaron plenamente, se negaron a dar cualquier información
relacionada con la diligencia, diciendo que ya estaban cansadas de repetir lo
mismo,-
que todo era legal y que las personas ya habían sido
informadas previamente, se insistió de manera tranquila y respetuosa para
conocer los tramites, el expediente y el procedimiento, y se levantaron del
lugar, se retiraron, no dieron la información y dijeron que pusiéramos la queja
o un derecho de petición; se fueron caminando hacia una camioneta roja de placas venezolanas,-
con afán y con intensión de evadir las preguntas, se
subieron y dieron la orden de arrancar, se insistió en tener información sobre
el proceso que dio origen a esta diligencia una de las personas de la camioneta
quien dijo ser inspectora de policía pero que tampoco se identificó, ni dio su
nombre,-
pudimos observar una carpeta en las piernas de una de
ellas, al parecer del proceso; se trascriben algunas de sus respuestas durante
su conversación: IP: Pero ya lo he hablado…acá no hay casas, acá simplemente
son cambuches…esto es un predio de propiedad privada, esto es una invasión…todo
el trámite se le dio…acá no está violando los derechos de nadie…
ya se les había advertido…muéstrenos una orden…muéstrenos
la orden que le hayan dado a ustedes le dieron para venir acá a preguntar…la
orden viene de arriba de la alcaldía a solicitud de la parte interesada, luego
dijeron que sus nombres eran Nora inspectora de policía, hilda la auxiliar de
la doctora; finalmente se retiraron del lugar en el vehículo para evadir las
preguntas. También manifestaron que la diligencia iba a continuar
Se constató que estaban destruyendo la vivienda de una de
las familias, también manifestaron que la diligencia iba a durar todo el día y
por otros días contra las demás viviendas.
Verificamos con los testimonios y los documentos
suministrados por los habitantes de esta comunidad: 1. Que llevan más de dos
años viviendo en este lugar. 2. Que nunca se les comunico ni dio aviso de esta
diligencia. 2. Que muchos de ellos son víctimas del desplazamiento forzado. 3.
Que hay personas discapacitadas. 4. Hay menores de edad.
Había personas de avanzada edad (más de 80 años). 6. Que
no tienen un lugar donde pasar la noche. 7. Que las autoridades presentes en la
diligencia no les brindaron ningún tipo de protección ni informaron sobre algún
albergue o forma de atenuar la desprotección y el desamparo en que los dejaron.
Se recibió información de que las personas civiles que
llevaron para adelantar la destrucción de las viviendas, estaban bajo los
efectos de alucinógenos (porque algunos de ellos estaban fumando marihuana
según testimonio de unas personas), las personas dijeron que a unos los
llevaron engañados para un almuerzo con los políticos.
Pese a la insistencia de para este desalojo e insistir la
gravedad de las consecuencias y los impactos, se seguía destruyendo las
viviendas de las personas, fueron a una casa donde se encontraba una mujer
cabeza de familia, con niños menor de edad, y con un bebe recién nacido, hasta
allá llegaron con la intensión de desalojarla y destruir su casa, pero la mujer
no salió, se pidió a la defensoría que interviniera.
El Secretario de Gobierno de Cúcuta David Castillo,
seguía insistiendo en que todo este procedimiento era legal, que estas personas
no tenían derechos, y a pesar de ver todo lo que ocurría seguía animando para
que el atropello contra las personas y sus viviendas continuarán,-
no garantizaba nada a las familias que había perdido su
casa, y sus pertenencias y que quedaban en un total estado de vulnerabilidad,
ante la pregunta por esos protocolos, solo hizo mención: “yo le dije a la
señora que se fuera para el centro de migraciones”, con total indolencia,
indiferencia, y desinterés por las familias víctimas,-
pobres y vulnerables , incluso llego a manifestar que
“esas casas no eran de gente pobre, sino rica”, y por otro lado las inspectoras
decían “esas no son casas, son cambuches”; así que utilizaban todos los
argumentos para justificar los atropellos que estaban cometiendo, (de todo lo
mencionado se tiene evidencia magnetofónica anexa a la denuncia penal).
Continuaron desalojando de manera violenta, y con el uso
de gases lacrimógenos, sin importar las edades, condiciones de salud, y número
de personas que se encontraban en las viviendas; poniendo en grave riesgo la
vida y la integridad física de las personas. (como se puede constatar en los
videos)
Se pudo constatar como destruyeron las viviendas, algunas
de ellas construidas de madera, pero otras de ladrillo, también destruyeron los
enseres y bienes de quienes las habitaban, algunas personas denunciaron el robo
de objetos de valor, e hicieron mención a que se llevaron algunos de sus
pertenencias en volquetas, sin saber ni su destino, no paradero, ni que iban
hacer con sus bienes.
