Caloto, Cauca
Paramilitares asesinaron a dirigente campesino que había logrado judicializar a militares por violaciones a los derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 17 de noviembre al medio día fue asesinado el
dirigente campesino Sergio Ulcue Perdomo, en el municipio de Caloto, Cauca.
La víctima era vocero ante el Gobierno de las Medidas
Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 179 familias
campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto a fin de proteger sus vidas e integridad personal,
en el marco de la guerra contra el pueblo por parte del régimen.
El crimen fue perpetrado por dos sicarios vestidos de
civil, quienes ingresaron al albergue que el dirigente y su familia habían
improvisado en la vereda Marañón de Caloto, luego de haber sido
desplazados forzadamente en noviembre de 2011 desde la vereda El Pedregal donde
dejaron abandonada su tierra y años de trabajo.
Los criminales ingresaron a la humilde vivienda y delante
de los niños, ancianos y otras personas que se encontraban en el albergue le
cegaron la vida al campesino de varios disparos, informó la CUT seccional
Valle.
Ulcue Perdomo fue un destacado dirigente campesino de las
veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca, quien desde 2009
denunció los atropellos y los crímenes cometidos por el Ejército Nacional contra
la población civil.
En aquella ocasión en Caloto, gracias al trabajo de Ulcue
se logró judicializar más de 46 violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte del Ejército.
Fue gracias al trabajo del dirigente campesino que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó Medidas Cautelares
a 179 familias para proteger sus vidas e integridad en medio del conflicto
armado y superar la impunidad.
Irónicamente el escrito de solicitud de medidas
cautelares a la Cidh la suscribió Sergio el 20 de marzo de 2010 por el
asesinato a sangre fría por parte de terroristas del Ejército Nacional del
campesino Liber Cuetia Ramos.
En esta ocasión los bandidos del régimen pretendieron
hacer pasar a la víctima como guerrillero dado de baja en combate, pero la
intervención oportuna de la comunidad impidió que la coartada se llevara a
cabo.
El 28 de septiembre de 2012 el crimen de Norbey Martínez
Bonilla, también beneficiario de las medidas cautelares, estremeció a la
comunidad de Caloto, luego que los bandidos del Ejército Nacional lo asesinaran
a sangre fría y lo presentaran como guerrillero dado de baja en combate.
Ulcue Perdomo también fungía como vocero del Comité
Interinstitucional para mitigar los efectos del conflicto armado en el Norte
del Departamento del Cauca, creado por Sentencia del Consejo de Estado de 24 de
septiembre de 2011.
El 9 de junio de este año Sergio Ulcue Perdomo fue
capturado, víctima de un falso positivo judicial del Ejército y la Fiscalía
quienes lo capturaron y judicializaron en base a acusaciones de sujetos
pertenecientes a la fábrica de testigos del Ejército.
En esa ocasión el dirigente campesino estuvo cuatro meses
privado de la libertad hasta que el proceso penal fue declarado nulo desde su
etapa previa y posteriormente fue declarada la preclusión de la investigación a
su favor.
La misma suerte ha corrido Rafael Ulcue Perdomo, hermano de la víctima, quien hace
más de 17 meses se encuentra privado de la libertad, víctima de la feroz
persecución del régimen contra los líderes de las comunidades organizadas.
Las comunidades acusan al juez 19 Penal del Circuito de
Cali, Helmer Velasco Caicedo, de violar las sentencias del Consejo Superior de
la Judicatura, ya que al resolver la solicitud de libertad de Rafael Ulcue
Perdomo, lo hizo dentro de la Brigada Tercera del Ejército lo cual no está
permitido.
Según la denuncia Velasco Caicedo determinó que no
evidenciaba ninguna violación de derechos fundamentales del imputado al
habérsele celebrado audiencias constitucionales en la Tercera Brigada del
Ejército. Además –dice la denuncia- que dicho juez afirmó sin el menor sonrojo
que, “No hay mejor protección para un defensor de derechos humanos que la
cárcel”.
Por los antecedentes el principal sospechoso del
asesinato de Ulcue Perdomo, como de otros realizados de forma similar, es el Ejército Nacional.
Es posible que los sicarios sean paramilitares que le
hacen el trabajo sucio a las tropas regulares, pero también se sospecha que los
crímenes son cometidos por escuadrones especiales del mismo Ejército.
El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, debería
vigilar a sus hombres para que no violen los derechos humanos o al menos
protejan a la población, lo cual es su obligación constitucional, en vez de
andar atravesándole palos a los diálogos de paz.
