Nordeste antioqueñoPor: Cahucopana
Las comunidades minero-campesinas del nordeste de Antioquia rechazamos el Plan Troya para los municipios de Remedios, Segovia, Vegachí y Yalí.
El pasado 14 de octubre en una reunión realizada en el casco urbano del municipio de Segovia el ministro de defensa declaró que entrará en rigor el Plan Troya-
(como respuesta a las bandas criminales a nivel nacional) para 4 municipios históricamente mineros en el Nordeste Antioqueño;-
con un grupo especial de 386 policías y de la mano con otros órganos como la fiscalía, se adelantarán operaciones en toda la región que buscarán cerrar, decomisar e iniciar procesos judiciales contra la minería sin título y permiso de explotación.
Este plan que cuenta con el respaldo de la gobernación de Antioquia y está enmarcado en un proceso de consolidación regional, es una estrategia política integral de control criminal a nivel departamental y que claramente-
hace parte de un proceso histórico de despojo y violaciones de derechos humanos en la región, se configura para las comunidades minero campesinas del Nordeste Antioqueño en una amenaza inminente a su trabajo y a su vida.
Este grupo de 386 hombres de la Policía y el Ejercito que llegaron al municipio de Segovia para poner en marcha el Plan Troya tiene como propósito combatir-
las actividades de narcotráfico y minería como supuesta forma de sustento de “Los Rastrojos” “Urabeños”, la banda de “Los paisas” y el grupo insurgente de las FARC.
Las comunidades minero campesinas, rechazamos éste plan y cualquier tipo de persecución a la pequeña y mediana minería, pues como siempre estos planes tiene un trasfondo que solo afecta la vida digna y la garantía de los derechos de las comunidades.
De nuevo las comunidades quedamos en el centro del conflicto, donde nunca hemos tenido garantías para la realización de nuestras actividades económicas de sustento como lo ha sido por más de 50 años la pequeña y mediana minería.
La persecución a nuestro trabajo y nuestra vida ha sido una constante histórica, la venta de nuestros recursos a multinacionales y las titulaciones indiscriminadas han atentado contra nuestros derechos, desplazándonos y despojándonos de nuestras tierras.
La minería artesanal de pequeña y mediana escala es nuestra forma de sustento, la forma de trabajo y el desarrollo de nuestra región, sin contar con nuestros procesos de cuidado del medio ambiente y el uso racional de los recursos.
La persecución y estigmatización de nuestro trabajo solo nos trae guerra, miedo y zozobra a las cientos de familias que sobrevivimos de la extracción del oro.
La presencia del Estado en nuestra región no puede ser solo militar, este plan es otro recurso para perseguir a las comunidades y permitir la entrada de grandes empresas multinacionales.
Es por este motivo que hoy nos pronunciamos y rechazamos este plan en su totalidad; exhortamos a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos y la sociedad civil en general-
a seguir de cerca las operaciones que adelante este grupo especial de la fuerza pública, no queremos repetir la historia de las ejecuciones extrajudiciales y los montajes judiciales a campesinos y mineros trabajadores.
Exigimos a la policía y el ejército nacional respetar la vida de las comunidades minero campesinas del nordeste antioqueño, los hacemos responsables de cualquier violación a los Derechos Humanos-
y el Derecho Internacional Humanitario y hacemos un llamado a realizar un diagnóstico participativo y una mejora técnica y de acceso a títulos legales de nuestras minas, el trabajo en la minería no puede ser un delito.
