Seguridad
narcocrática/Por Camilo Raigozo
El Juzgado Primero
Municipal de Pereira, con función de control de garantías, ordenó medida de
aseguramiento contra tres presuntos terroristas del Ejército Nacional por
asesinatos a sangre fría, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.
Los presuntos
bandidos son: John Fredy Quintero Henao, Jesús Antonio Arias Valencia y Luis
Antonio Arboleda Velásquez, soldado profesional y soldados regulares,
respectivamente, informó la Fiscalía.
Según el ente
investigador los crímenes ocurrieron el 16 de marzo de 2007 en la vereda
Laureles de Segovia, Antioquia, cuando bandidos del Batallón Pedro Nel Ospina,
con sede en Medellín y del Batallón Vial Energético No. 8, de Segovia,
asesinaron a tres campesinos y los presentaron como guerrilleros de las FARC
abatidos en combate.
Luego del
múltiple crimen los uniformados en la coartada supuestamente le incautaron a
las víctimas de tres armas de fuego, una de las cuales no servía.
Las tres
víctimas del terrorismo de Estado fueron identificadas como: Diego Ferney
Jiménez Montoya, Julián Andrés Hernández Henao e Inri de Jesús Alzate Alzate.
Los bandidos
contactaron a los agricultores en Belalcázar, por intermedio de Luis Norberto
Serna, quién los hizo viajar hasta Medellín con una falsa oferta de trabajo.
Tras aceptar su
responsabilidad en los hechos, Serna fue sentenciado a 32 años de prisión, por
los delitos de concierto para delinquir, homicidio y porte ilegal de armas.
El fiscal del
caso indicó que los homicidios de los tres labriegos están relacionados con el
crimen de Jorge Humberto Lotero Restrepo, perpetrado en la misma fecha en la
vereda El Sesenta del municipio de Caldas, Antioquia.
Lotero Restrepo,
al igual que los otros tres labriegos, viajó de Risaralda, Caldas, hasta
Medellín, engañado por Serna sobre una
oferta de trabajo.
Los presuntos
homicidas se encuentran privados de la libertad en diferentes Cárceles del País,
pagando penas por otros delitos. Otros 12 delincuentes están con medidas de
aseguramiento por los mismos crímenes.
Actualmente el
gobierno del presidente Santos, el ministro de Defensa, altos mandos militares,
congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, entre otros,-
impulsan una
reforma al fuero militar, con lo cual los crímenes y violaciones a los derechos
humanos cometidos por miembros de la fuerza pública quedan en la impunidad.
