Puerto Cachicamo, San josé del GuaviareDenuncian que niña fue víctima de explosivos dejados por tropas del Ejército
Por Notimundo. Con información del Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos y DIH del Guayabero
El comité regional por la defensa de los derechos humanos del guayabero
denuncia ante las organizaciones defensoras de derechos humanos y la
comunidad nacional e internacional,-
las persistentes
violaciones de Derechos Humanos y
las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario por parte tropas del Batallón los Arhuacos, Contra Guerrillas 26, Móvil 7 y Batallón 64,
del Ejército Nacional.
Estos uniformados han realizado operativos en el centro
poblado de Puerto Cachicamo, jurisdicción de san José del Guaviare, a partir
del 2004, dejando restos de explosivos sin detonar.
A causas de uno de esos artefactos resultó herida el 22 de julio de 2012 la niña María Fernanda Mondragón Castro.
Después del rompimiento de los diálogos de paz en la
antigua zona de despeje el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en su afán de
acabar con la coca,-
el narcotráfico y la guerrilla de las FARC, desplegó un
operativo denominado Plan Patriota con
más de 25.000 militares de la mal llamada seguridad democrática.
Estos militares fueron enviados al terreno sin ninguna capacitación en respeto a los
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Con el Plan Patriota, hijo putativo del Plan Colombia,
financiado por los Estados Unidos y el Plan Consolidación Integral de la
Macarena, el centro poblado de Puerto Cachicamo y sus alrededores, fueron copados por los militares, quedando la población civil en medio del
conflicto armado.
Este caserío se ha convertido en un escenario de guerra y
los bienes civiles como el matadero, la represa, la iglesia, el puesto de
salud, la escuela Santa Helena y las viviendas,
fueron convertidas en
trincheras utilizadas por los militares
como una base militar permanente o transitoria.
La cancha de futbol ha sido utilizada por los militares
como helipuerto para el desembarque y embarque de carga y militares.
Las tropas que hacen presencia desde el primer trimestre
del 2004, pertenecientes al Batallón de
los Arhuacos, al mando del mayor Pinzón, quienes realizan operativos conjuntamente
con la Brigada Móvil 7.
El 29 de marzo de 2004 estas tropas incursionaron al
centro poblado de Puerto Cachicamo, allanaron y decomisaron de forma arbitraria
e ilegal la droguería de Sabas Calixto Rodríguez Chávez.
El operativo que estuvo a cargo del teniente coronel Jorge
Antonio de la Rosa Caicedo, mediante oficio 135, en el expediente 2005 00093
-00 juzgado promiscuo municipal de San José del Guaviare,-
página 524, párrafo 10,
fue ratificado por la misma fiscal 38,
quien afirmó que a partir del treinta de
marzo de 2004 el ejército utilizó este
bien civil como alojamiento y estuvo a cargo el capitán Ricardo Rodríguez
Colorado.
Esta vivienda estuvo ocupada abusivamente por los
militares por espacio de 8 meses.
Muchos bienes de la población fueron utilizados por los
militares violando los derechos humanos e infringiendo el DIH. El puesto de
mando, por ejemplo, estuvo ubicado en el
internado viejo.
El 5 de abril de 2004 fue detenido Sabas Calixto
Rodríguez Chávez en momentos en que se dirigía a la Defensoría del Pueblo a
denunciar los atropellos de los que había sido víctima por parte de las unidades
militares.
Lo sindicaron del delito de rebelión y, luego de
permanecer 304 días detenido, logró demostrar su inocencia y fue absuelto.
Mientras él estaba detenido, su casa, al igual que las
casa vecinas, fue utilizada por el Ejército como base militar
permanente.
En una de esas casas fue que se produjo la explosión en
la que resultó herida la niña María Fernanda Mondragón Castro.
Dicha vivienda fue
ocupada por militares, entre ellos
el teniente Villamil y los soldados a su cargo.
Los militares dejaron varios grafitis en los árboles y
paredes con los nombres de Olarte
Miguel, suboficial, BCG 26, CS Medina, suboficial BCG 64, TC Verocira Jorge,
comandante, BCG 64 y otros alusivos a
las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.
También dejaron restos de explosivos de guerra y
municiones sin explotar, los cuales son
los que han venido explotando cuando los habitantes queman pastizales o basuras
causando heridas y problemas sicológicos en niños y adultos.
A finales del 2004
las tropas del mayor Pinzón se retiraron del centro poblado y los sitios
continuaron ocupados por el mayor Figueroa, comandante de la Brigada Móvil 7.
La represa o boca toma del acueducto que suministra el
agua para los habitantes de Puerto Cachicamo ha sido un sitio de alojamiento de
militares a partir del 2004.
Desde febrero del 2010 fue utilizado como base militar
permanente por tropas de la Móvil 7
hasta a finales de marzo del 2012 en la que se presume que hay varios restos de
explosivos de guerra dejados por los militares por lo que no se descarta nuevos
accidentes en la que resulte afectada la población civil.
Según manifestó María Cleotilde Flórez, quien estaba
lavando ropa y es vecina de la casa en
la que se produjo la explosión, miro la
cantidad de humo y corrió a auxiliar a la menor y la mamá que solicitaba
auxilio.
Según versión de los testigos, el artefacto explosivo no
dejo hueco en el piso, lo que deja entrever que no estaba enterrado y que puede
ser un artefacto explosivo de esas granadas amarillitas, “del papa de los
revólveres” y que son de las que más se encuentran con frecuencia esparcidas
por el piso.
María Cleotilde Flórez manifiesta que fue sometida a
vivir en medio de los militares por más de ocho meses y que ni para bañarse o
hacer sus necesidades fisiológicas tenia tranquilidad,-
pues los militares
permanecían por los solares de las casas y que posiblemente hay más artefactos
explosivos que con el paso del tiempo ya están tapados con la hierba y tierra.
Según la denuncia hecha ante el Comité Regional DD.HH por
LUIS Alfonso Mondragón Castro, de 14 años de edad, hermano de María Fernanda,
herida por el explosivo, cuando ellos llegaron a vivir en esa casa hace más de
7 meses había una granada botada en el
patio.
Era una granada
amarillita y él la tuvo en sus manos y posteriormente la dejó botada en una
esquina del patio. En otras ocasiones que han encontrado granadas de esas, las
han utilizado como objeto para tirarla y
bajar mangos.
El 4 de agosto de 2012, Miguel Antonio Lamprea denunció
ante el Comité Regional de DD.HH del Guayabero, que desde la llegada de las
tropas del ejército a principios del 2004 los alrededores de su vivienda se han
convertido en una base militar por las tropas de turno.
También denunció que en varias ocasiones le ha tocado
recoger restos de artefactos sin explotar, los cuales ha lanzado a las aguas
del rio Guayabero. Afirmó que la “irresponsabilidad de los militares es muy
grande”.
Según la publicación hecha por Caracol Guaviare en la que
responsabilizan al Séptimo Frente de la guerrilla de las FARC de haber colocado
el artefacto explosivo contra de la población civil, contradicen la versión de
los testigos y los testimonios, que viven en el lugar de los hechos.
Según estos testimonios, todo apunta a que no se
trató de un minado, pues la explosión se
produjo por algunos restos de artefactos
de guerra que estaban sin explotar
y la niña María Fernanda le arrimo
candela a la basura que había acabada do rastrillar.
Es de notar que estos restos de explosivos de guerra van
dirigidos contra objetivos militares, pero la responsabilidad es de la Fuerza Pública
que se niegan a respetar los derechos humanos,-
el Derecho Internacional
Humanitario y ocupa los bienes civiles dejando abandonados los restos de
explosivos de guerra, convirtiendo la
población civil en objetivo militar.
En este caso, el ejército, en especial sus comandantes a
través de las publicaciones por los medios radiales quieren desviar la investigación para evadir su
responsabilidad de los hechos en los que resultó herida la niña María Fernanda Mondragón Castro.
Por la emisora de Caracol Guaviare un alto mando militar
se preguntaba por qué la Asociación de Campesinos Trabajadores de la Región del
rio Guayabero Astragua y el Comité
Regional por la Defensa de los Derechos
Humanos del Guayabero, no se habían
pronunciado frente al caso de la explosión en la que resultó herida la niña María
Fernanda.
La directiva de la asociación campesina manifestó que
estos hechos ocurrieron en momentos que los campesinos de la región del
Guayabero se encontraban en San José del Guaviare conformando el Consejo Patriótico
del Guaviare y el lanzamiento de las constituyentes locales por la paz “ por la
segunda y definitiva independencia”.
De regreso a Puerto Cachicamo no se encontró a la madre
de la menor por lo que se realizó la investigación de los hechos con el fin de
aportar argumentos para el esclarecimiento de la verdad y para que estos hechos
no se vuelvan a repetir.
La comunidad espera que los verdaderos responsables sean
judicializados y sancionados conforme establece la constitución y la ley.
De acuerdo a la gravedad de los hechos antes
mencionados y el inminente peligro por
la cantidad de restos de explosivos que se encuentran en algunos lugares del
caserío, el Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos del Guayabero
y algunos líderes de Ascatragua,-
afirman que aunque no saben nada de explosivos,
con el fin de proteger la población civil, realizaron una campaña preventiva y
pedagógica, con el objetivo de educar a los niños y adultos sobre el
procedimiento en caso de encontrar explosivos y evitar su manipulación.
Fue así como se realizó una inspección visual en los
sitios denominados de alto riesgo o que fueron ocupados por los militares.
El 1
de agosto de 2012 en una casa que se
encuentra a la parte de atrás de la casa
en la que fue herida la niña María Fernanda, la cual está sola desde se fueron
los militares, se encontraron dos proyectiles
y una granada.
Estos artefactos
explosivos se encuentran bajo custodia del Comité Regional por la Defensa de
los Derechos Humanos del Guayabero en un lugar seguro mientras hay un pronunciamiento
por parte de la Fiscalía, ya sea para entregar el explosivo o autoricen la
destrucción del mismo.
El Comité aclara que en el momento no hace entrega del
explosivo y proyectiles porque en el
área no hay autoridad competente y para llevarlo a San José hay que pasar por
varios retenes de la Infantería de Marina, lo que causaría problemas judiciales.
El Comité solicitó una inspección judicial para observar el explosivo y determinar su
origen y a que grupo armado pertenece.
También sugiere que si estos explosivos son de Indumil, de
uso privativo de las fuerzas militares, debe existir un registro de a que militar
fue entregada y en qué fecha.
Así mismo solicitó una investigación para determinar si
efectivamente el explosivo perteneció a las fuerzas militares o las FARC y cómo
llego hasta el sitio donde fue encontrada, por José Samuel Rojas Mora,
vicepresidente del Comité Regional y por Fermín Oviedo Espinosa, dirigente de
Astragua.
“Solicitamos que se realice una investigación inmediata de
los hechos antes mencionados para el
esclarecimiento de la verdad y no sean de más de la impunidad.
“Solicitamos que se envié una comisión de la Procuraduría
y Defensoría a Puerto Cachicamo para que se escuchen los testimonios de los
campesinos que a diario somos víctimas del conflicto armado y de igual manera
seamos excluidos del mismo.
“Solicitamos que se investigue a los militares antes mencionados como
coautores para determinar el grado de responsabilidad en los hechos del 22 de
julio de 2012 en los que resultó herida
la niña María Fernanda Mondragón Castro”, expresaron directivos del Comité Regional
de Derechos Humanos y de Astragua.
