Seguridad narcocrática/

Condenado oficial del Ejército por asesinato de un campesino mientras que un general y un coronel serán investigados

Por Camilo Raigozo

El teniente del Ejército Marco Fabián García Céspedes, fue condenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, Casanare, a 22 años y un mes de prisión como responsable de los delios de asesinato de persona protegida, fraude procesal y falsedad en documento público.

Según pudo establecer la Fiscalía, el homicidio fue perpetrado ron el 17 de diciembre de 2006 en la vereda Cuneque, municipio de Támara, Casanare, donde criminales del Batallón de Contraguerrilla No. 65 de la XVI Brigada del Ejército retuvieron al agricultor quién se dirigía a hacer mercado.

Según pruebas el oficial García Céspedes señaló a la víctima, identificada como José Cayetano Mendivelso Ravelo, de ser guerrillero y de ir a comprar víveres para los subversivos.

Posteriormente el criminal obligó a la víctima a vestir un uniforme de la Policía y botas de caucho y ordenó a un soldado disparar contra el desdichado labriego.

Los temibles delincuentes en su coartada reportaron el crimen como un enfrentamiento con guerrilleros del ELN, en el que habían dado de baja a un subversivo a quién le encontraron el uniforme, las botas y un bolso con 25 cartuchos de diferente calibre.

Las investigaciones hechas por la Fiscalía demostraron las mentiras del reporte de los uniformados  
y el juez ordenó compulsar copias para que se investigue la supuesta responsabilidad en el crimen del actual comandante de la V División del Ejército, brigadier general Henry William Torres Escalante, y el coronel Carlos Alirio Buitrago Bedoya.

Según el ente investigador el homicida García Céspedes está “privado de la libertad” en un centro de reclusión en Facatativá, Cundinamarca.

En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad. Foto El Espectador.

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