Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
Un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a 15 soldados profesionales como presuntos responsables del asesinato de dos civiles en Tierralta, Córdoba.
La Fiscalía pudo establecer que los presuntos criminales pertenecientes al Batallón Junín de la Brigada XI del Ejército, llevaron con engaños a las víctimas desde Montería, hasta inmediaciones de la represa Urrá donde los asesinaron.
Luego de ultimar a sangre fría a Luis Armando Peña Grandeth y Eduardo Enrique Urango Piñeres, los militares presentaron sus cuerpos el 16 de diciembre de 2007 como extorsionistas “dados de baja en combate”.
El ente investigador comprobó que los militares engañaron a las víctimas ofreciéndoles trabajo en supuesta descarga de camiones en una población cercana a la ciudad de Montería. Así mismo, el fiscal instructor comprobó que no hubo tal enfrentamiento armado.
Los presuntos victimarios son: Robeiro Martínez Flores, Adalberto Lozano Guzmán, Jesús María Arizal Cordero, Henry Serpa Neiro, Luis Antonio Uribe Sierra, Fredy Velásquez Pérez, Mariano Aguilar Causil, Javier Berrío Correa, Juvenal Carvajal Cruz, Enrique Nieto Martínez, William Ibáñez Amante, Eloy González Jaramillo, Gustavo García Hernández, Darío Gaviria Jiménez y Dorancel Guerra Pacheco.
Estos sujetos tendrán que responder en juicio como supuestos coautores de los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, falsedad en documento público, y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
La Fiscalía agregó que por los mismos hechos criminales también están asegurados en “centro carcelario” el teniente Julián Pimentel Gutiérrez y el cabo Juan Darío Barragán Rodríguez. Así mismo afirmó que todos los procesados están “privados de la libertad”.
En la deforma a la justicia mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita actualmente en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para matar, con garantía de impunidad.
