Seguridad narcocrática/Por Camilo Raigozo
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que es la Fiscalía General de la Nación quién tiene competencia para investigar a los militares que presuntamente asesinaron a dos campesinos en La Uribe, Meta.
Según las investigaciones los labriegos habrían sido asesinados y presentados por miembros del Ejército Nacional como guerrilleros de las FARC “dados de baja en combate”, a los que supuestamente incautaron un fusil AK-47, en mayo de 2009.
El magistrado Henry Villarraga, señaló en su ponencia, que no hay pruebas suficientes para determinar que las víctimas asesinadas pertenecían a grupos guerrilleros y que por el contrario los habitantes de la zona sostienen que eran trabajadores agrarios.
“El protocolo de necropsia indica que la trayectoria de las balas impactadas en el cuerpo de uno de los occisos fue de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, lo que nos permite inferir que probablemente la víctima se encontraba en estado de indefensión,-
"teniendo en cuenta que son los mismos miembros del Ejército Nacional los que señalaron que se trataba de un terreno plano y que fueron atacados, circunstancia que resulta contradictoria”, enfatizó la providencia.
En la deforma a la justicia, mal llamada “reforma a la justicia”, que se tramita en el Congreso, de mayoría oficialista, se contempla ampliar el fuero militar, que no es otra cosa que otorgarle a los miembros de la fuerza pública licencia para secuestrar, desaparecer, torturar o matar, con garantía de impunidad.
