Trabajadores carboneros de Norte de Santander encadenados en Plaza de Bolivar de Bogotá
Por Hernan Durango
Bogotá- Una de las locomotoras que impulsa el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia deja en el departamento Norte de Santander a más de mil trabajadores discapacitados y abandonados a su propia suerte, sin que no existe autoridad u organismo que responda por su salud o sus pensiones.
Es una de las denuncias que hacen miembros del grupo de trabajadores carboneros que se encuentran desde el lunes 11 julio encadenados en el costado occidental de la Plaza Bolívar de la capital de la república para llamar la atención de los poderes centrales y recabar solidaridad de las centrales obreras y el movimiento popular colombiano.
Los trabajadores dieron sus energías laborando para las empresas que explotan carbón en la frontera con Venezuela y hoy están enfermos y abandonados. Reclaman al presidente JM Santos que haga que las ARP y EPS cumplan con la Ley 776 del 2002 que garantiza sus derechos en seguridad social.
Las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no cumplen con lo pactado con los trabajadores carboneros santandereanos. Es una situación que se repite en otras regiones colombianas, denuncian los líderes sindicales
Las AP y las EPS se comprometieron a vincular a los empleados de ese sector a los tratamientos médicos requeridos por su actividad laboral, así como a expedir y pagar las incapacidades en el tiempo estipulado por la Ley 776 del 2002, que dicta las normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, señalan los manifestantes en la plaza de Bolívar.
En ese sentido, las ARP y las EPS deben certificar a los trabajadores que están en capacidad de laborar, para que se reintegren de inmediato en el puesto que ocupaban o reubicarlos en uno similar. También se ven obligados a ofrecer el tratamiento médico a tiempo y a pagar las prestaciones derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, explican
La Ley 776 del 2002 dice que estas prestaciones asistenciales y económicas serán reconocidas y pagadas por la administradora en la que se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación.
Esta obligación, según los mineros nortesantandereanos, no se está cumpliendo, ya que son varios los trabajadores que están teniendo problemas con la atención médica, con las incapacidades y con las certificaciones, las cuales no son reconocidas por las entidades a las que están afiliados.
Los trabajadores exigen que el gobierno investigue a fondo el incumplimiento de entiadades como la ARP Positiva y las EPS Saludcoop, Coomeva y Salud Total.
Las peticiones de los mineros de Norte de Santander fueron escuchadas luego de que 18 de ellos viajaran a Bogotá la semana pasada para encadenarse en la Plaza de Bolívar y reclamar sus derechos en salud. La mayoría son de San Faustino, Sardinata y El Zulia.
