Sin representación ante el EstadoPor Claudia López
Eduardo Pizarro actúa cada vez más como Ministro del Gobierno y no como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
El doctor Pizarro olvida que la defensa de las posiciones del Gobierno sobre la Ley de Víctimas corresponde a los ministros, mientras que a él le corresponde, no imponer sus opiniones personales, sino hacer recomendaciones fundamentadas al Estado, agenciando los derechos de verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, con autonomía frente al Gobierno.
El doctor Pizarro sabe, aunque no lo dice, que la condición de víctima se genera por el daño causado por un hecho violatorio de los derechos humanos, independientemente del agente causante del daño.
Sabe que los Estados democráticos tienen el deber de garantía de los derechos humanos y que, por tanto, si son violados, independientemente de por quién, asumen un grado de responsabilidad política por fallar en su obligación de garantizarlos.
Reconocer que el Estado colombiano no ha tenido una política de violación de derechos humanos y por consiguiente no hay crímenes de Estado, sino violaciones y víctimas de agentes del Estado, no exime al Estado colombiano de su deber de garantía ni tampoco de responder por los actos violatorios de sus agentes.
Sabe también que, no por responsabilidad sino por solidaridad y por reconocimiento de su deber de garante, el Estado puede, como lo ha hecho Colombia, establecer mecanismos administrativos de atención y reparación de las víctimas.
Esos mecanismos administrativos no prejuzgan, establecen o eximen de responsabilidad; operan independientemente de que haya un fallo judicial que determine quién fue el agente causante de la violación y por lo tanto el responsable de reparar.
La reparación administrativa restaura el daño producto de una violación de derechos humanos, no la responsabilidad por ella. Por eso, todas las víctimas tienen derecho en igualdad de condiciones a la atención y reparación por vía administrativa, a la par que a un proceso judicial que determine el agente causante de la violación y responsable de la reparación.
Contrariando su conocimiento y sus respectivos deberes, el Gobierno y el doctor Pizarro quieren excluir a las víctimas de agentes del Estado, como, por ejemplo, las madres de los jóvenes de Soacha, de la reparación por vía administrativa, y les quieren imponer como condición para reconocerlas como víctimas que un juez falle en última instancia -fácilmente en 10 años-,
que sus hijos sí están muertos, que en efecto eso les causó un daño y que fue un agente estatal el responsable, para que puedan acceder a reparación por vía judicial; como si el daño dependiera de quién los mató y no del hecho de que fueron asesinados.
Para el Gobierno y el doctor Pizarro, si esos jóvenes hubieran sido asesinados por guerrilleros o paramilitares, entonces sus familias sí serían víctimas, sí habrían sufrido un daño y sí se les repararía administrativamente. Como sospecha que los asesinaron agentes estatales, propone negarles su condición de víctimas y la reparación del daño hasta que haya una sentencia judicial.
Para rematar, el doctor Pizarro aduce que tal discriminación a las víctimas de agentes del Estado se justifica en virtud del principio de solidaridad, ¡porque no le cabe al Estado colombiano, en ningún caso, el de responsabilidad!
Un mínimo sentido ético y lógico indica que la responsabilidad del Estado crece, en vez de disminuir, cuando las violaciones de derechos humanos son cometidas por sus propios agentes.
En esos casos, el Estado repara no sólo por fallas en su deber de garantía o por solidaridad con las víctimas, sino por el deber de responder por las actuaciones de sus agentes, contrarias a la Ley y a sus propias políticas.
Es lamentable que el Gobierno se niegue a ello, y es inaceptable que el supuesto representante de las víctimas lo justifique. Por fortuna, esa deleznable actitud del doctor Pizarro no representa ni compromete a todos los miembros de la CNRR, que, en otras materias, adelanta una labor admirable.
