Bajo Caguán, Caquetá
Plan Patriota genera grave crisis humanitaria
El Ejército boicoteó el acto final al no permitir la libre movilización de los campesinos y mantiene al corregimiento Peñas Coloradas literalmente secuestrado
Por Camilo Raigozo. Enviado especial. Voz

Las comunidades son sometidas a interminables requisas. Foto Camilo Raigozo.

Entre los días 21 al 24 de octubre del presente año, se llevó a cabo una caravana humanitaria que visitó a varias veredas, corregimientos y caseríos del municipio de Cartagena del Chairá, en el bajo Caguán, Caquetá.

La caravana estuvo integrada por miembros de la ONU, de la embajada Suiza, de la Defensoría del Pueblo, de varias ONG defensoras de derechos humanos extranjeras y nacionales, el profesor Gustavo Moncayo y algunos periodistas.

Las fotografías y filmaciones a las comunidades nunca faltan. ¿Con que objetivo?. Foto Camilo Raigozo.

El evento fue organizado por la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas y las comunidades del bajo Caguán y Suncillas de Cartagena del Chairá.

Los corregimientos a los que llegó la caravana fueron entre otros, Santa fe, Cristales, Camelias, Las Ánimas, El Venado, Café, Peñas Coloradas, Remolinos, Monserrate y Santo Domingo, sobre las riveras del río Caguán.

Durante el recorrido, VOZ pudo constatar que los habitantes de los lugares mencionados están padeciendo una grave crisis humanitaria debido a las persistentes violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, por parte del ejército colombiano, en el desarrollo del Plan Patriota. A esto hay que agregarle la carencia de centros educativos adecuados, profesores, médicos y centros de salud.

El defensor regional del pueblo (Iz), un delegado de la ONU, un miembro de la comunidad y el profesor Moncayo (Der), tratan de convencer al mayor Leguizamón para que le permitiera a la caravana observar el estado en que se encuentra el caserío ‘fantasma’ Peñas Coloradas sin lograrlo. Foto Camilo Raigozo.

Excepto Remolinos, el resto de las poblaciones visitadas carecen de acueducto, electricidad, alcantarillado y telefonía. En algunos lugares hay una sola línea telefónica comunitaria, mientras que el servicio de celular no existe, ya sea por que las empresas operadoras no cubren la zona o por que la fuerza pública restringe ese servicio condenando a la población ha vivir como sí estuviera en el siglo 17.

Las comunidades denuncian

Las comunidades aprovecharon la presencia de la caravana para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la persistencia de detenciones masivas arbitrarias, montajes judiciales, ejecuciones extrajudiciales, torturas, amenazas, restricción a la movilidad de alimentos, medicinas y personas, fumigaciones y desplazamientos forzados, entre otras violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.

Las comunidades del Bajo Caguán piden a gritos la atención del Estado y el respeto a sus derechos civiles. Foto Camilo Raigozo.

VOZ también observó que puestos militares están construidos dentro de las áreas civiles en clara infracción al Derecho Internacional Humanitario, mientras que el tránsito por el río Cagúan, única vía de comunicación existente, es severamente restringido.

El 27 de abril de 2004, más de 3.000 personas tuvieron que desplazarse forzadamente del corregimiento Peñas Coloradas dejando todas sus pertenencias abandonadas.

Días antes, las tropas del Estado se habían posesionado del caserío para desde allí combatir a la insurgencia dejando a los pobladores en medio del fuego cruzado. Cinco años después los habitantes no han podido retornar pues el gobierno no ha querido ofrecerles las condiciones y la seguridad mínima que se requiere.

Al paso de la caravana humanitaria los pobladores pudieron manifestar sus denuncias. Foto Camilo Raigozo.

Sin embargo, el ejército permanece en el lugar sin permitir siquiera que los antiguos moradores visiten de forma pasajera, las viviendas y fincas que un día fueron suyas. Literalmente mantienen al pueblo secuestrado.

Un caso

Los niños de la región sueñan con vivir en paz, con justicia social y disfrutando de todos sus derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Foto Camilo Raigozo.

En mayo pasado, 25 campesinos fueron víctimas de detención masiva arbitraria, en la que se utilizaron los consabidos montajes judiciales, basados en delaciones de testigos falsos y otros ardides. Según líderes comunitarios, al menos 400 labriegos están en la mira de las fuerzas de seguridad del Estado y de ellos 80 tienen órdenes de captura acusados de rebelión o de otros delitos conexos.

El río Caguán es la única vía de comunicación de los lugareños. Foto Camilo Raigozo.

El evento de cierre de la caravana programado para las 10 de la mañana del viernes 24 de octubre en el parque principal de Cartagena del Chairá, tuvo que retrazarse varias horas debido a que en los puestos de control el ejército y la fuerza naval restringieron el paso de las comunidades quienes llegaron tarde o no pudieron llegar al certamen.

Al momento de desembarcar en el puerto de Cartagena, fueron detenidas dos personas, víctimas de montajes y falsos señalamientos, según le confirmó a VOZ el abogado defensor de los derechos humanos, Rodolfo Ríos Lozano, quién asumirá la defensa.

Primeras retaliaciones

Al cierre de esta edición se supo que el ejército había detenido este lunes 27 de octubre en Remolinos del Caguán, a seis trabajadores de la finca de Erney Peña, a quién también esperaban para detenerlo. VOZ no pudo confirmar el número exacto de personas detenidas suministrado por la fuente.

También se supo que al día siguiente, cuando ya la caravana humanitaria había abandonado la zona, dos agentes de policía y una persona de civil, quién no quiso identificarse, llegaron hasta la residencia del líder comunal Víctor Oime Hormiga, para someterlo a un interrogatorio ilegal.

Vista parcial del evento final en el parque principal de Cartagena del Chairá. Foto Camilo Raigozo.

Las decenas de denuncias ofrecidas por las comunidades a la caravana humanitaria, serán puestas en conocimiento de las entidades defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales para que se sancione a los victimarios, se les brinde protección efectiva a las víctimas y se les garantice el goce de sus derechos.

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