sábado, octubre 18, 2008

El Aro, Ituango, Antioquia
La masacre que persigue a Uribe
Por Camilo Raigozo. Voz

Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia en el período 1995-1997, años en los que el proyecto paramilitar se consolidó, inundó de sangre a ese departamento y expandió su modelo criminal a otras regiones del país.

Desde el inicio de su mandato, tanto Uribe como su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno Villa, impulsaron y defendieron a los grupos de seguridad privada Convivir.

El cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, ha sostenido en varias oportunidades que sus primeros contactos con las armas y con los ‘paras’ los realizó en esos grupos.

El abogado defensor de los derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, advirtió ante el país el 25 de agosto de 1997 que, “Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como los de la Costa y Chocó. Estamos exportando violencia a través de las Convivir, para todo el país”, dijo.

Ya posesionados Uribe y Moreno, asumieron como comandantes de las brigadas Cuarta y Decimoséptima, los generales Alfonso Manosalva (muerto) y Rito Alejo del Río, respectivamente.

La primera con sede en Medellín y la brigada 17 en Urabá, zona a la que Carlos Castaño, anunciaba su entrada triunfal. Los generales Manosalva, Ospina, quién lo remplazó y Del Río, han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG, militares y por los propios paramilitares, en versiones libres ante la Fiscalía, de ser coadyuvantes de los escuadrones de la muerte.

Desprotección de la población civil

Según datos estadísticos, en 1995 se presentaron en Antioquia 328 acciones criminales perpetrados por ‘paras’ y fuerza pública. El año siguiente estas subieron a 394, y en 1997 las acciones criminales conjuntas fueron 2.482. Se habían incrementado en un 630 por ciento.

En ese periodo se realizaron decenas de masacres en Antioquia, pero la de El Aro toma especial importancia, por cuanto se ha convertido en una sombra de la que Uribe no ha podido deshacerse fácilmente y por el contrario amenaza con hundirlo sí las investigaciones y la justicia prosperan.

Luego de las masacres perpetradas por los ‘paras’ con la colaboración de autoridades civiles y militares en el corregimiento La Granja, Ituango, en junio de 1996, la población le hizo llegar al gobernador del departamento y a los estamentos militares, civiles y eclesiásticos, numerosas solicitudes pidiéndoles protección a la vida y demás derechos fundamentales. El mutismo fue todo lo que recibieron como respuesta.

El 20 de noviembre de 1996 y el 20 de enero del año siguiente, Jesús María Valle y la ONG Justicia y Paz, defensores de los derechos humanos, se comunicaron con el gobernador Álvaro Uribe Vélez y con el defensor del pueblo de Medellín y les reiteraron la urgencia de proteger a la población de El Aro, donde se iba a realizar otra masacre.


Valle, también le hizo saber al gobernador y a la cúpula militar del departamento las estrechas relaciones existentes entre la fuerza pública y los paramilitares. La respuesta que recibió fue el señalamiento de ser guerrillero.

Fue así como en El Aro, a partir del 25 de octubre de 1997 y en los siguientes cinco días, paramilitares con el apoyo del ejército, torturaron y asesinaron a 15 personas, violaron mujeres, incendiaron 47 viviendas, robaron 1.200 reses y desplazaron a más de 1.000 personas

Acusaciones contundentes

El 26 de febrero de 1998, Valle Jaramillo le confesó, entre otras cosas, a la Fiscalía de Medellín: “Yo siempre vi que había como un acuerdo tácito entre el comandante de la Cuarta brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño”. Al día siguiente, a Jesús María Valle Jaramillo, le sellaron la boca con cinta y lo asesinaron en su oficina.

El ex paramilitar Francisco Villalba, quién lleva 11 años en la cárcel por su participación en la matanza de El Aro, declaró ante la Fiscalía en febrero pasado, que tres días antes de la atrocidad, hubo una reunión en el municipio de La Caucana a la que asistieron el gobernador Álvaro Uribe, su hermano Santiago, altos mandos de la Cuarta Brigada, de la Policía y los principales cabecillas paramilitares, en la que planificaron la barbarie, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.

El mismo testigo le ratificó a Noticias Uno a principios de este mes su declaración a la Fiscalía y dijo que no se había retractado. Afirmó también que después de los sangrientos hechos, el propio Uribe los había felicitado y condecorado por la labor cumplida. Agregó que tiene un video, fotografías y otras pruebas que confirmarían sus palabras.

El presidente Uribe ha acusado a Villalba de mentiroso, y aunque en las versiones de este último hay algunas inconsistencias, existen suficientes méritos para que la justicia llegue hasta el fondo de lo ocurrido y le aclare al país y al mundo la verdad que al parecer se quiere seguir ocultando.

A pesar de la contundencia de las acusaciones, hay escepticismo en las ONG de derechos humanos de que en Colombia se logre justicia en estos casos, aunque siempre queda la posibilidad de la jurisdicción internacional que sigue atenta los casos de impunidad.


 
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