Desde el próximo 25 de marzo estudiantes de la Universidad Distrital realizarán la Primera Minga del Pensamiento
martes, marzo 22, 2011
Terrorismo made in USA/ EU promete reducir sus acciones terroristas contra LibiaPor Camilo Raigozo
Así lo afirmó Robert Gates, secretario de Defensa del imperio estadounidense, este 22 de marzo de 2011, según la prensa internacional.
Las promesas fueron divulgadas en un encuentro en Moscú con su par ruso Anatoli Serdiukov, cuyo país pidió el inmediato cese de la agresión y el comienzo del diálogo.
Serdiukov respondió a Gates, pidiendo el inmediato cese al fuego contra Libia el cual arroja hasta el momento por lo menos 90 civiles muertos y más de 200 heridos, desde que el Eje del Mal (EU, Gran Bretaña y Francia), inició los ataques terroristas el pasado sábado.
A Rusia se le suman otros países como China, India, Argelia, Yemen, Siria, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, así como la Unión Africana y la Liga Árabe.
Entre los más connotados sátrapas latinoamericanos que apoyan el terrorismo estadounidense se encuentran, Alan García, presidente peruano y Sebastián Piñera, presidente chileno.
Otros no menos sátrapas han guardado silencio cómplice, entre los que se encuentran Santos, de Colombia, cuyo gobierno votó en la ONU a favor de la agresión, Martinelli, de Panamá y Lobo de Honduras, entre y otros. Foto Ap.
lunes, marzo 21, 2011
Guerra fratricida/Ocho guerrilleros habrían sido muertos por el ejército según la prensa nacional Por Camilo Raigozo
Según información de los medios más influyentes para la guerra en Colombia, los cuales generalmente transcriben los comunicados castrenses sin confirmarlos, afirmaron este 21 de marzo que fue muerto por el ejército el jefe guerrillero Arquímedes Muñoz, más conocido como “Jerónimo”.
Igualmente afirma la prensa que junto al jefe rebelde también fueron muertos otros tres guerrilleros, entre ellos una mujer y el soldado Pedro Ortiz España, cuya familia recibirá, si acaso, los respectivos honores por haber ofrecido su vida en un aguerra que no era suya y por por haber defendido con "heroísmo patriótico" los intereses del capital transnacional y criollo.
El país pagará al menos 2.500.000 de pesos de recompensa por la información que facilitó la muerte de los insurgentes. Por lo menos 10 escuelas o un par de excelentes hospitales se habrían podido construir con esa plata que consume la guerra.
Pero claro, los guerreristas no piensan en esas nimiedades, porque no son sus hijos los que mueren o quedan lisiados, tampoco es su dinero el que se dilapida, pero ante todo, porque el conflicto les es su lucrativo negocio.
Por otro lado, también se supo de las mismas fuentes que cinco guerrilleros perdieron la vida y otros dos quedaron heridos en combates en inmediaciones de los municipios de Nariño y Argelia, sur de Antioquia. La oligarquía vive su fiesta haciendo que el pueblo se desangre.
sábado, marzo 19, 2011
Terrorismo made in USA/Comenzó la carnicería de las potencias en Libia lideradas por EUPor Camilo Raigozo
Con la intención de apoderarse de la riqueza petrolera de Libia, maniobra escondida con el señuelo de proteger a la población civil opositora al régimen de Muammar Gadafi", la maquinaria bélica de las potencias lideradas por Estados Unidos, cobró en el primer día de bombardeos la vida de al menos 48 personas y dejó 150 más heridas.
Unas "48 personas murieron, de las cuales 26 en Trípoli", indicó a la prensa una fuente, que pidió el anonimato y subrayó que "el balance era provisional". El periodista de Telesur, Jordán Rodríguez señaló desde Libia que “hasta ahora se han confirmado bombardeos en las ciudades de Zuara (oeste), Trípoli, Misrata (noroste) y Benghazi (noreste)”.
En la paranoica agresión contra el pueblo libio Estados Unidos, Reino Unido y Francia, dispararon desde barcos y submarinos de guerra al menos 110 misiles Tomahawk contra varias ciudades, según agencias internacionales.
El “Premio Nobel de la Paz”, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, dijo con arrogancia a periodistas en Brasil, donde se encontraba de visita, que, "Hoy he autorizado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que lancen una acción limitada contra Libia".
Algunos medios internacionales de comunicación mostraron las fotos de las primeras víctimas mortales de la carnicería militar de las potencias, la cual fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Funcionarios del gobierno de Gaddafi denunciaron a la prensa que “cientos de civiles se encuentran heridos debido a los ataques militares extranjeros contra Libia”.
El gobierno libio había anunciado un alto al fuego, el acatamiento a la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y además había invitado a la comunidad internacional para que enviara observadores que constarán la situación en el país.
Sin embargo la locura belicista del ‘Eje del mal’ (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia), no le permitió una oportunidad a la sensatez por el derecho del pueblo libio a la paz, a la unidad territorial y a su autodeterminación.
El presidente del Congreso de Libia dijo que “Supuestamente esta agresión es para la protección de los civiles pero esto se contradice con lo que ha ocurrido en tierra esta noche, una gran cantidad de civiles han resultado lesionados. Se están llenando nuestro hospitales y hay muchas ambulancias que están haciendo lo mejor que pueden para salvar las vidas”.
El sábado en la tarde el Ministerio de Exteriores de Libia solicitó con urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio considera que "se trata de una agresión que amenaza la paz y la seguridad internacionales, donde se han registrado víctimas civiles y daños en hospitales.
."Esta agresión aérea y marítima ha tenido como blanco varias regiones civiles del oeste del país y ha dejado víctimas civiles y daños en hospitales, aeropuertos y carreteras, entre otros objetivos civiles".
Este nuevo ataque terrorista de los Estados Unidos, el cual cuenta con la complicidad de Europa y la gran prensa mundial, causará, como en Irak y Afganistán, la muerte de cientos de miles de niños, mujeres, ancianos y hombres, condenados por haber nacido en países con grandes riquezas energéticas, como petróleo y gas. Fotos Ap.
Volver a la página principal
jueves, marzo 17, 2011
Violaciones recientes de los derechos humanos a afro-colombianosPor organizaciones afrocolombianas
La Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN por su sigla en ingles) desea llamar la atención a los deplorables incidentes ocurridos recientemente en relación a los derechos humanos de la comunidad Afro-colombiana:
Desaparición forzada de una líder Afro-colombiana
El 2 de marzo de 2011, Ana Julia Rentería, Presidenta del Consejo Comunitario del Río Cajambre, y su esposo, Miguel Santos Rentería, fueron obligados a asistir a una reunión fuera de su casa por hombres desconocidos. No hay información sobre la ubicación de Ana Julia y Miguel desde su desaparición. La Sra. Rentería es una líder importante de la comunidad afro-colombiana y madre de nueve hijos.
Soldados colombianos queman las casas de 119 familias Afro-colombianas
El 28 de febrero de 2011, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que los soldados del Batallón 80 incendiaron y destruyeron las casas de 119 afro-colombianos en la región del Bajo Calima.
La justificación dada por los militares de quemar estas casas, que han pertenecido a estas comunidades durante los últimos setenta años, es que ahora son propiedad del proyecto de desarrollo económico del “Puerto Industrial de Agua Dulce SA”.
Esta comunidad ha sufrido cuatro incidentes parecidos desde 2005, resultando en la destrucción de 47 viviendas y el desplazamiento de los residentes.
Las FARC ponen en peligro a civiles Afro-colombianos
El 27 de febrero de 2011, una canoa llena de explosivos supuestamente colocados por las FARC explotó en la comunidad de Santa Ana del Consejo Comunitario de Los Manglares en el municipio de López de Micay, Cauca.
La explosión causó la muerte de tres personas, entre ellos un civil indígena, e hirió a tres soldados. Esta situación ha causado que muchos miembros de la comunidad se encuentren confinados en sus casas por miedo de ser heridos.
Además, el 7 de marzo de 2011, miembros de la milicia urbana de las FARC lanzaron una granada al lado de la estación de policía en López de Micay. Aunque nadie resultó herido, esta acción creó pánico y desplazó a residentes civiles locales.
Asesinatos de mujeres Afro-colombianas en Buenaventura
Según la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (Fundemujer), 65 mujeres fueron asesinadas en el Puerto de Buenaventura en los últimos tres años. Quince de estas mujeres fueron asesinadas en los últimos quince meses.
Estos ataques incluyen la violación y asesinato de una joven de 15 años de edad, en el barrio Matia Mulumba, cuya mano fue cortada antes de su muerte y Monica Lissete Duque de 17 años que también fue violada y degollada.
La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre de 18 y 20 años. Sin embargo, estos casos también implican niñas de 10 a 12 años. El número total de casos no es claro ya que las personas tienen miedo de denunciar por temor de represalias.
Aunque los motivos de estos asesinatos no son claros, parece que el clima general de violencia en Buenaventura, debido al conflicto armado interno y el narcotráfico, es un factor que conduce a la mutilación, la violación y la violencia contra mujeres. La impunidad es el estándar en casi todos estos casos, dejando la posibilidad de que los perpetradores actúen contra nuevas víctimas.
120 familias en riesgo de desplazamiento en el Medio Atrato
La comunidad de La Villa en el río Bebará (región del Medio Atrato, Chocó) se encuentra en alto riesgo de desplazamiento debido a las operaciones de combate entre las fuerzas armadas colombianas y el Frente 34 de las FARC. El 20 de febrero de 2011, las operaciones de combate dejaron un soldado muerto y otro herido, así como 120 familias de afro-descendientes e indígenas desplazadas.
Después de que la comunidad decidió regresar y pacíficamente resistir el desplazamiento permanente de sus territorios ancestrales, la comunidad aún está en alto riesgo de daño y desplazamiento.
Algunos de sus miembros se encuentran “confinados” (no pueden salir) en la zona debido a la continuación de las operaciones de combate y están enfrentando una emergencia humanitaria.
Miembro del PCN que denunció la corrupción atacada
El 9 de febrero de 2011, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicas y otros grupos de la sociedad civil estadounidense le escribieron al ministro colombiano del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sobre las denuncias de corrupción en la Comisión Consultiva de Alto Nivel durante el proceso de consulta previa con las comunidades afro-colombianas sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Santos.
Las actividades denunciadas son preocupantes dado que las autoridades colombianas tienen la obligación de consultar previamente con las comunidades afro-colombianas afectadas para todas las políticas, programas y proyectos de desarrollo económico (incluida la aplicación de la Orden 005 de la Corte Constitucional sobre los desplazados internos afro-colombianos) relacionadas a las comunidades afro-colombianas.
El 3 de marzo de 2011, los miembros de ACSN fueron informados de que Teresa Cassiani, la persona que denunció las actividades de corrupción fue agredida físicamente por otro miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, la Sra. Idalmi Minota.
La Sra. Cassiani es miembro del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) y forma parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Departamento de Bolívar.
El PCN también fue expulsado como organización de la sesión del 28 de enero de la Consultiva por haber denunciado la corrupción. Nos parece muy problemático que la Comisión Consultiva de Alto Nivel no ha investigado este asunto y no ha sancionado a los responsables.
Retroceso en el caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó
Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras.
El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso.
También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.
El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares.
Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones.
Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EU y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares.
Dado el contexto de la violencia continua y sistemática contra las comunidades Afro-colombianas, ACSN recomienda:
Que el Congreso de EU y el Departamento de Estado den pasos hacia la prevención y la protección de las comunidades Afro-colombianas, la justicia en los casos antes mencionados y la aplicación de la Orden 005 del 2009 de la Corte Constitucional que se refiere al desplazamiento interno en la población Afro-colombiana
Que todos los grupos armados colombianos cesen las actividades que podrían causar daño a civiles y que respeten el Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Que los legisladores de EU presionen que Colombia proteja a los líderes y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Curvaradó y Jiguamiandó y que se le devuelvan plenamente, sin reservas, sus territorios colectivos. Esta acción sería una señal de que el nuevo gobierno de Santos es genuino en sus planes de devolver las tierras a los desplazados internos.
Que las organizaciones de derechos humanos y activistas tomen acción enviando cartas y haciendo llamadas a las autoridades de Colombia y urgiéndoles que actúen en contra de estas violaciones.
Igualmente invitamos a los activistas a firmar la petición de change.org dirigida al Presidente Barack Obama sobre el TLC entre EE.UU. y Colombia en http://www.change.org/petitions/stop-the-us-colombia-free-trade-agreement
Pedimos distribuir este mensaje abiertamente en twitter y a través de sus páginas de internet.
Para más información póngase en contacto con Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA al (202) 797-2171;gsanchez@wola.org o Charo Mina Rojas, Grupo Internacional de Trabajo PCN al (434) 760-0663, charo@io.com
Volver a la página principal
Seguridad narcocrática/Acusan a siete militares por asesinato a sangre fría de campesino en Montes de MaríaPor redacción Notimundo
La Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, luego de exhaustivo análisis de las múltiples pruebas técnicas, documentales y testimoniales practicadas, dictó Resolución de Acusación contra dos oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Corozal (Sucre), por el asesinato del campesino Patricio Flórez Severo.
El crimen fue cometido el 7 de febrero de 2007, cuando el labriego se disponía a recoger aguacates en compañía de vecinos suyos, en el predio de uno de ellos, en la vereda Tierra Grata en el Carmen de Bolívar donde residían.
Luego de asesinato a sangre fría la víctima fue presentada por los criminales de la patrulla militar como un terrorista dado de baja en un fiero combate con miembros de las FARC que los habían emboscado.
La providencia de la Fiscal 13, Claudia Patricia Arguello, desvirtuó cada una las versiones de los siete presuntos asesinos, demostrando la imposibilidad absoluta del encuentro armado, según la reconstrucción analítica de los hechos que con sofisticada tecnología hizo la fiscalía en Tierra Grata, contando con el relato y las posiciones descritas por los uniformados.
El llamamiento a juicio por el delito de Homicidio en Persona Protegida, que es un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario, afecta a los sub tenientes de Infantería de Marina Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez y Félix Díaz Gonzáles y a cinco infantes profesionales.
Según el abogado Luis Carlos Domínguez Prada apoderado de la familia de Patricio Flórez, ahora las diligencias se trasladarán a un Juzgado Especializado de Sincelejo donde se deberá adelantar la vista pública por competencia territorial.
Cayó montaje judicial contra miembros del Partido ComunistaRedacción Notimundo
El día 14 de Marzo de 2010 fue día electoral en Colombia. La dirigente del Partido Comunista y Coordinadora Ejecutiva del Polo Democrático Alternativo en Cundinamarca Nury Martínez Silva, se desplazaba junto con su escolta del DAS Luis Armando Baquero Venegas, por el municipio de Soacha, donde Martínez tiene reconocido trabajo político.
El desplazamiento lo hacía en el vehículo asignado por el organismo de seguridad dentro del programa de protección que el Estado colombiano tiene para los dirigentes del Partido Comunista a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica. Escolta y vehículo, para que la dirigente pueda desarrollar su trabajo político.
Cuando visitaban los puestos de votación de Soacha con el ánimo de entregarles a los copartidarios que fungían como testigos electorales los elementos que requerían y un refrigerio para la larga jornada, lo cual hacían lejos del puesto de votación, fueron sorpresivamente abordados por un alevoso policía quien les intimó captura.
Con apoyo de refuerzos que con urgencia pidió por radio, procedió a requisar el carro oficial, y a decomisar tamales, jugos y unas camisetas amarillas que se entregaban a los testigos, como color distintivo de los militantes del Polo Democrático Alternativo en la jornada.
Pero lo más grave, cuando el policía supo de qué partido eran los capturados “en fragancia” como afirmó, los cubrió de insultos e improperios.
El policía James Sáenz Cubillos no cabía del gozo y del orgullo ante sus superiores por el positivo que logró ese día. Dirigente, escolta, vehículo, tamales y camisetas, fueron capturados y llevados al puesto de mando avanzado que las autoridades habían instalado en la alcaldía de Soacha para enfrentar los atentados al orden público que se presentaran ese día.
Allí, el comandante de la Estación de Soacha capitán Moreno, oído el informe de su subalterno, consideró que el caso era en extremo grave, y ordenó judicializar a los capturados.
Martínez Silva y Baquero Venegas fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Soacha, donde se les leyeron los derechos del capturado y fueron reseñados al tiempo de ser informados de los numerosos delitos que habían cometido según el reporte policial –corrupción al elector y peculado por uso de vehículo oficial entre otros-, y ya en la tarde fueron dejados en libertad provisional.
Once meses después, el Fiscal Segundo Seccional de Soacha, José Gilberto Romero Vásquez, profirió resolución de Archivo de las diligencias, al considerar en un riguroso análisis que las conductas tanto de Martínez como de Baquero eran atípicas, es decir, irreprochables desde el punto de vista penal, y que habían sido víctimas de un atropello por el policía Sáenz Cubillos.
Ahora será el policía quien deberá enfrentar a los jueces penales y disciplinarios, por los, esos sí muy típicos delitos y faltas disciplinarias que cometió en perjuicio de los destacados comunistas, según informó su abogado defensor Dr. Luis Carlos Domínguez Prada.
Montes de MaríaLa cosecha del terrorLos casos de las fincas La Alemania y La EuropaPor Luis Carlos Domínguez Prada
Ahora que pasó lo más duro del terror en los Montes de María, la bucólica cadena montañosa que se extiende por los departamentos de sucre y Bolívar, ahora que la furia paramilitar amainó y un poco la persecución militar contra el campesinado, cosa entendible como que ya fueron desarticuladas a punta de muerte,-
destierro y encarcelamiento las juntas de acción comunal y los sindicatos, objetivo fundamental de la persecución, ahora que parece respirarse un, en todo caso sospechoso, aire de tranquilidad, es cuando las cosas parecen ponerse claras.
¿Y qué es lo que parece ponerse claro?
Más o menos lo que todos sospechaban. Que el problema no era la guerrilla, muchísimo menos el narcotráfico, tampoco esa impostura del “narcoterrorismo”, sino la tierra, la tierra pura y llana. ¿Y qué significa esto? Pues la tierra como debe ser, sin estorbos ni impedimentos que le quiten productividad y precio, es decir, sin campesinos.
Por eso, la misión humanitaria de organizaciones nacionales e internacionales que visitó la zona hace cinco años y que en el Carmen de Bolívar sostuvo duro debate con los mandos de la Brigada de la Infantería de la zona, no por casualidad tenía por lema “Que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos”.
Bien se la tenían olfateada los integrantes de la misión. Porque en efecto, hoy se sabe que el objetivo del terror era que no hubiera tierra con campesinos. Lo de campesinos sin tierra, de pronto no les importe, tal vez hasta ni estén de acuerdo con ello.
Pero que si la han de tener, que sea en otra parte. No en los Montes de María. Porque allí, mientras el terror masacraba, asesinaba, desplazaba y encarcelaba como terroristas por largos años a los líderes y voceros de las comunidades, unos forasteros que no daban la cara ni tenían identidad precisa, a través de testaferros iban comprando las tierras de los desplazados y los encarcelados.
A su modo claro está, y en sus condiciones. O simplemente, sin tanto remilgo, las ocupaban. ¿Por qué no hacerlo si el campo estaba abonado, la guerrilla había sido sacada, los criminales habían hecho bién lo suyo, las autoridades apoyaban y la tierra en su magnífica feracidad era una cosecha que se ofrecía para ser recogida?
Pero una cosa era la generosidad de la tierra lista para que se la germinara, y otra el derecho que tuvieran los que esperaban agazapados detrás de los criminales.
Porque en primer lugar, estos llegaron precedidos del espurio título de las motosierras, el desplazamiento o el encarcelamiento de quienes la cultivaban, y en segundo lugar porque cualquier proyecto productivo, “megaproyecto”, “confianza inversionista”, “locomotora de la prosperidad”-
u otro lema con el que se le bautice, por muy plausible que sea desde la racionalidad económica, no queda legitimado por este solo hecho como para prevalecer sobre los derechos tangibles e intangibles de quienes han poseído la tierra, la han cultivado y amado por generaciones. Porque se trata de posesiones ancestrales, cuya legitimidad nadie puede discutir.
Cuando no de títulos escriturarios y registrados, provenientes algunos del mismo Estado en el marco de la reforma agraria agenciada por el Incora hace cuarenta años. Pero además, se trata de otros títulos no menos válidos, del lazo espiritual del campesino con la tierra, de la que son parte y a la que sienten parte de ellos.
Porque allí nacieron y también sus mayores; allí están enterrados estos y a ella le han cantado creando inclusive géneros e instrumentos musicales nacidos de su compenetración con el paisaje, como el porro y la flauta traversa. De esa tierra han obtenido su alimento y ha sido el escenario de sus luchas reivindicativas y de múltiples formas de organización social y de expresión cultural.
No es poca cosa entonces lo que los despojadores arrasan. No son escasos los títulos y como se ve de estirpes varias, sobre los que entran a saco. Y correlativamente, de todos ellos carecen los nuevos “señores de la tierra”.
Así de manera leguleya e invocando una legalidad que nunca respetaron, esgriman alguna precaria escritura a la que caben toda clase de impugnaciones. Sobre todo y muy especialmente, en tratándose del proceso que se pretende abrir en el país de justicia transicional en el marco de un real o presunto post conflicto, donde como cosa primera, se considera la reversión de los despojos de tierras, el regreso de los desplazados.
Encuentro con autoridades civiles y militares de la Comisión Humanitaria a Montes de María en Carmen de Bolívar. Foto Camilo Raigozo.
Y tanto es así, que en este tipo de procesos –y así lo consagra el proyecto de ley en curso en Colombia-, obra contra los nuevos poseedores o propietarios una presunción de mala fe, de acceso a la tierra prevalidos de la situación de violencia que en ella existió, aún sin entrar a calificarla ni a individualizar a los agresores.
Y sin que los títulos que exhiban tengan la virtualidad de desvirtuar esa presunción. Al contrario, son esos papeles los que se presume viciados por error, fuerza o dolo en el consentimiento del otorgante, como universalmente y a partir de una constatación empírica, se ha asumido ocurre en la negociación de tierras en escenarios tales.
De ahí que la ley de víctimas en trámite en el Congreso de Colombia se volvió una sola –a pesar de que en principio eran dos-, con la de restitución de tierras. Precisamente porque la reparación de las víctimas devino en imperativo jurídico, político y moral instalado de manera irreversible en la conciencia nacional, y porque cuando se habla de ello se habla necesariamente de la restitución de sus tierras, como que el despojo fue en mucho el motivo de la victimización.
Y aquí es donde los Montes de María resultan un laboratorio de caso, sin que se quiera decir que es particular o que lo allí ocurrido no fue un patrón común en la estrategia paramilitar del Estado en múltiples regiones del país. Sólo que lo allí ocurrido es emblemático.
Como emblemáticos son a su vez las haciendas La Alemania y La Europa en Ovejas –Sucre-. No por el despojo en sí de las comunidades que las poseían sobre lo cual nada hay novedoso por exponer, sino por las vicisitudes y la revictimización de los despojados a la hora del retorno.
Luis Miguel Gómez Porto, campesino de Montes de María, asesinado por la Infantería de Marina.
En efecto, es tanta la conciencia que existe inclusive en estamentos del Estado sobre lo ominoso de una violencia que después de que masacraba y aterrorizaba se apropiaba de las tierras víctimas y los sobrevivientes, que sin necesidad de ley de víctimas y restitución de tierras, se ha admitido que los “derechos” de los usurpadores no son tales, y que garantizar el retorno es imperativo.
Es más, el ejecutivo nacional se ha visto precisado a reconocer públicamente ambas cosas, y a ordenar a las autoridades concernidas de apoyar ese retorno. Máxime, cuando el ministro de agricultura del presidente Santos ha aceptado con escándalo que en el de Alvaro Uribe Vélez la oficina de tierras del Estado, el Incoder, estuvo al servicio del paramilitarismo como que legalizó en su favor tierras de las víctimas.
Entonces, “saneados” los Montes de María del terrorismo, la delincuencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla en virtud de las bondades de la “seguridad democrática” según el anterior y el actual mandatario, los desplazados de La Alemania y La Europa se dispusieron a retornar a los predios de los cuales fueron desplazados por las bandas de Rodrigo Tovar, alias Pupo, Juancho Dique y Rodrigo Mercado Cadena.
Tanto más factible el propósito, cuanto según la lógica de las altas autoridades, –ya veremos lo falso de esta-, esos predios están en regiones del departamento de Sucre declaradas en el mandato de Uribe como de “Consolidación y Acción Integral” a cargo de la fuerza pública, en el marco del “Plan Nacional de Consolidación Territorial”, cuya finalidad sería preservar los logros de la “Seguridad Democrática” mediante el férreo control por la fuerza pública de esos territorios y su población.
Levantamiento del cadaver de campesino Luis Miguel Gómez Porto.
Pronto se pondría en evidencia la impostura. Las Zonas de Consolidación estaban precisamente para consolidar. Es decir, hacer irreversibles “los logros” de la seguridad democrática y dentro de estos uno fundamental, más que el extrañamiento de la guerrilla –algo instrumental apenas-, la recomposición de la estructura de propiedad de la tierra, en aras de una nueva institucionalidad:
la de las Zonas de Desarrollo Empresarial, en reemplazo de las Zonas de Reserva Campesina y de las Unidades Agrícolas Familiares, funcional la primera al capital, las segundas al campesino y a las comunidades pobres.
Y aquí es entonces cuando se comprende todo, particularmente el buen trabajo hecho por las paramilitares, la impunidad de la que gozaron, la cobertura que tuvieron de las autoridades para su accionar.
Y se entiende lo de La Alemania y La Europa, y por qué la fuerza pública acantonada en esa “Zona de Consolidación”, no ha garantizado que ese retorno nominalmente apoyado por el gobierno central se pueda dar, que el proceso carezca de tribulaciones: muerte, amenazas, armados oponiéndose y encarcelamiento.
Que de todo ello ha habido. Porque garantizarlo iría contra la razón de lo hecho y alcanzado durante veinticinco años, en lo cual la fuerza pública –Ejército, Armada, Policía Nacional-, fue piedra angular. O si no, que lo digan El Salado, El Chengue, Macayepo y San Onofre entre otras.
El líder de los desplazados de la Alemania y del proceso de retorno Rogelio Martínez Mercado, fue asesinado. Y con todo el repudio del crimen expresado por el gobierno, los usurpadores, testaferros y antiguas tropas de Juancho Dique y Rodrigo Mercado Cadena, continúan ocupando el predio.
La situación de La Europa, un predio de 1.300 hectáreas en Ovejas titulado por el Incora como propiedad colectiva a ciento trece familias campesinas que lo explotaban ya hace cuarenta años, no es mejor.
Al igual que en La Alemania, después de muchos muertos y encarcelados –las dos cosas iban de la mano y esto interpela a la Justicia sobre su papel en lo ocurrido-, muchas de esas familias huyeron. Y ahora cuando se anuncia que la guerra pasó, que hay garantías y que las víctimas pueden retornar, un “empresario” antioqueño Gabriel Vélez Jaramillo, desconocido en la zona, invoca a los legítimos dueños, falsos títulos de propiedad.
Y como es de uso, con hombres armados y amenazantes -Héctor San Martín Rivera el capataz “que frentea”, fue capturado allí por porte ilegal de armas-, va corriendo cercas, impidiendo el paso y sacando los animales que los campesinos tienen en su parcela.
Y eso lo hacen no sólo en los lotes de quienes huyeron y quieren regresar, sino en los que no fueron abandonados y siempre han estado ocupados por sus dueños.
Y junto a Vélez Jaramillo, otros grandes acaparadores de tierra “legalmente comprada” a los campesinos perseguidos de los Montes de María como Otto Bulla Bulla y la “Agroreforestadora del Caribe”, destruyendo el ecosistema con siembras intensivas de teca, eucalipto y palma aceitera.
Veredas completas desaparecieron porque compraron todos los predios y los englobaron. Tales, La Sierra, Loma Al Banco y Arena. Y por ese camino va Tierra Grata, en la alta montaña en Carmen de Bolívar, también en manos de inversionistas foráneos que adquirieron prevalidos del terror.
Y ya vienen en camino los grandes proyectos turísticos hacia Coveñas y la gran agroindustria en la feraces tierras de la Mojana Sucreña. Por eso, el ejército está construyendo una gran carretera en esa zona.
No para bienestar de los campesinos, sino de los grandes inversionistas que se hicieron a la tierra “pacificada”. Progreso sí, riqueza sí, y mucha, pero para unos pocos, no para los raizales poseedores del suelo. Y en todo caso abonada con sangre campesina.
El colofón de la cosecha del terror en los Montes de María que se ejemplifica en estos dos predios, es la posición de las autoridades civiles y militares frente a la violencia que se ejerce contra los que retornan. Es la de indolencia total.
Ni a nivel del departamento de Sucre, ni de su capital Sincelejo, ni de la alcaldía de Ovejas, y muchísimo menos en la Infantería de Marina y el Ejército copando esa “Zona de Consolidación”, se dan por aludidos. Ninguno reconoce tener facultades para intervenir frente a los testaferros y beneficiarios del paramilitarismo.
“No somos jueces” alegan. “Eso es de otra dependencia” aseguran, y remiten a otra oficina a las víctimas que acuden por garantías para el retorno. De la alcaldía a la gobernación, de esta al Incoder, de este al puesto de policía, de este al comando de la Brigada, y “mejor vayan a Bogotá porque el problema es de allá”.
Parauribismo/ ‘Uribe debe responder por los casos de corrupción de su gobierno’: PastranaEl expresidente volvió a regalarle el Partido Coservador a su homólogo y lo conminó a responder por los escándalos de su gobierno.Por: Elespectador.com/Notimundo
Este jueves de nuevo arremetió el expresidente Andrés Pastrana en contra del Partido Conservador y del expresidente Álvaro Uribe.
Emplazó nuevamente a Uribe para que se quede con el Partido Conservador y le dijo que se lo regala, inclusive con una ñapa: la sede del directorio en la Soledad.
En diálogo con La Z, indicó que Uribe debe responder por los casos de corrupción de su gobierno como AIS, Supernotariado, Estupefacientes, Inco, Ministerio de Transporte y falsas desmovilizaciones.
Insistió en que los paras no eran tantos como loas hicieron aparecer en el gobierno uribe
El expresidente además aseguró que no quiere ser jefe natural ni asesor del Partido sino vocero de lo social y la moral.
Igualmente, pidió que el Estado intervenga el Partido Conservador. Según él, como los partidos manejan recursos públicos, deben caer en la órbita de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría.
Para Pastrana debe ser intervenido el Partido para que expliquen cómo se están manejando los recursos que reciben del Estado.
El expresidente consideró que los directivos de los partidos deberían recibir un certificado previo de buena conducta como hacen con los altos funcionarios de las entidades bancarias y financieras.
Propuso que la Registraduría habilite un sistema por internet para elegir popularmente a los directivos de los partidos.
En ese sentido, señaló que es necesario reformar los estatutos del Partido Conservador para que puedan ser retirados de la directiva los que resulten comprometidos con casos de corrupción.
Finalmente, afirmó que no tiene dudas de que el presidente Juan Manuel Santos va a fortalecer al Partido Liberal como soporte para su gobierno.
Volver a la página principal
miércoles, marzo 16, 2011
Parauribismo/Colombia continúa sometida al régimen narcoparamilitar según estudioEsta estrategia criminal de la oligarquía criolla y transnacional hoy hace presencia en uno de cada tres municipios y en los 32 departamentos del paísPor Camilo Raigozo
Así se deduce de los resultados de un estudio dado a conocer este 16 de marzo por la ONG Indepaz, a pesar de que la investigación está basada mayormente en fuentes oficiales y medios de comunicación abiertamente cómplices del régimen.
El documento afirma que en el 2008 los narcoparamilitares cometieron actos criminales en 259 municipios; en 2009, en 278 y en 2010 abarcaron 360 de los 1.120 municipios del país y en los 32 departamentos.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero la Fiscalía reveló tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal hablaba de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar del régimen.
Ese informe también señaló que los ‘paras’, llamados estratégicamente por el régimen y la gran prensa, “Bandas Criminales”, cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 abusos contra la mujer y las niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales no especificados por la Fiscalía.
Según Indepaz los nuevos nombres estratégicos con que ahora se pretende ocultar el paramilitarismo son: Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado, entre otros nombres, todos encajonados como: Bandas Criminales.
El informe revela además que, en total, los paramilitares cuentan actualmente con unos 14.500 criminales en sus filas incluyendo las redes de apoyo. Al respecto las manifestaciones públicas de Santos sobre su “preocupación por el avance de las "bacrim" y su decisión de combatirlas”, contrastan con la seriedad con que ha abordado el problema al que considera "un capítulo de la lucha antidrogas o un asunto de la policía".
Los departamentos más afectados por la estrategia paramilitar, según Indepaz son: Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Los ‘paras’ delinquen en más de la mitad de los municipios de 10 departamentos y en al menos el 37 por ciento del total de los municipios de otros 15 departamentos. Eso significa que la Fuerza Pública sigue haciéndose la de la vista gorda o continúa en muchas regiones siendo cómplice del paramilitarismo.
En cuanto a la parapolítica el documento señala que esta sigue haciendo presencia en el Senado de la República con una cuota del 25 por ciento y en los municipios y departamentos con presencia paramilitar.
“La relación de narcoparamilitares, parapolíticos y contrataciones de macroproyectos de obras públicas es un capítulo conocido, pero que apenas se está destapando en sus verdaderas magnitudes en los procesos judiciales.
“Las investigaciones sobre corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, como en obras de infraestructura y en el sector salud, darán luces sobre esa articulación entre ‘paras’, narcos, políticos y contratos”, dice un aparte del documento.
En cuanto al desplazamiento y despojo de tierras, Indepaz sugiere que al menos ocho millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas por medio de esta estrategia criminal en los últimos 15 años y en más de 280.000 predios los verdaderos dueños no han podido regresar.
La estrategia de “Refundación de la patria” plasmada en el negociado Uribe-‘paras’, ha sido inmensamente exitosa pues en la Ley de Impunidad, mal llamada de Justicia y Paz, de 31.000 criminales “desmovilizados”, hasta el momento únicamente tres han sido condenados y se encuentran en instancia de apelación, es decir que ni siquiera son todavía decisiones judiciales firmes.
Lea también:
V Informe sobre narcoparamilitares en 2010
Seguridad narcocrática/Ejército Nacional asesinó a campesino en Paya, BoyacáPor Camilo Raigozo
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato a manos del Ejército Nacional del joven campesino José Rojas Largo.
El crimen fue perpetrado el 15 de marzo de 2011 a las nueve y media de la noche, en la vereda Altamira, corregimiento de Morcote, municipio de Paya, Boyacá.
Los militares que se encontraban en los alrededores de la escuela de la vereda Altamira (violando el Derecho Internacional Humanitario), le dispararon a la víctima cuando esta bajaba por un camino cercano al centro educativo causándole la muerte.
La Corporación Claretiana, ONG dedicada a la defensa y divulgación de los derechos humanos, le dijo a Notimundo que “este 16 de marzo de 2011 a las diez de la mañana, el cuerpo del campesino permanecía tirado, ya que las tropas no han permitido a los familiares acercarse hasta él”.
También informó que la familia no tiene recursos para desplazarse hasta Yopal, donde los militares indicaron que llevarían el cuerpo para realizarle los estudios forenses.
La nueva víctima de la política de “seguridad democrática” practicada por Uribe y ahora por Santos, José Rojas Largo, era un humilde campesino de la vereda Altamira, conocido por todos los miembros de la comunidad y por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la cual adelanta una labor humanitaria en la región.
La Corporación recordó que entre el 2007 y 2008 se registraron seis casos de ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región, los cuales han sido denunciados ante las autoridades pertinentes.
El 13 de mayo de 2009 se registraron malos tratos y falsas acusaciones contra los jóvenes de las veredas Altamira, Niscota y Morcote y otras de los municipios de Paya, Boyacá y Nunchía, Casanare, por miembros del Ejército Nacional de la Brigada XVI de Yopal. Dichas denuncias fueron radicadas el 14 de mayo de 2009 ante la Defensoría del Pueblo.
Según la fuente, los campesinos han denunciado constantes amenazas e intimidaciones por parte del Ejército Nacional, el cual los obliga a firmar permisos para permitir la entrada de las compañías petroleras que realizan operaciones en las veredas de la región y de los municipios de Paya, Boyacá, Nunchía y Tamara, Casanare.
Seguridad narcocrática/Medida de aseguramiento contra seis militares por asesinato a sangre fría de persona protegida Por Camilo Raigozo
Este 16 de marzo de 2011, se conoció que la Fiscalía ordenó la detención preventiva contra seis militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de un civil el cual presentaron como jefe de milicias de las Farc abatido en combate.
El crimen fue perpetrado el 6 de enero de 2005 en la vereda El Barcino, del municipio de Campamento, Antioquia, donde tropas de la IV Brigada del Ejército asesinaron a sangre fría a José Ignacio García Susa, informó el ente investigador.
La información recaudada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH le permitió sindicar por el delito de homicidio en persona protegida a: César Augusto Cómbita Eslava, capitán; Fernando Ávila Alfonso, suboficial; y los soldados profesionales Janes Alexander Sarrázola, José Wilton Torres Mosquera, Mauricio de Jesús Ciro Ramírez, y John Jairo Ospina Álvarez. La Fiscalía advirtió que el oficial Cómbita Eslava, está inmerso en otros procesos.
¡Qué metida de pata!Por Margarita Londoño
En su columna de El Espectador del domingo pasado, titulada “Certificado de Negro”, Héctor Abad Facio-Lince (foto), se queja de que en Colombia se esté aplicando la “acción afirmativa” o discriminación positiva a favor de los afrodescendientes para garantizarles privilegios por sus características étnicas.
El escritor ridiculiza esta política haciendo una comparación totalmente equívoca e injusta, a mi modo de ver, con el nazismo que buscaba favorecer a los arios en perjuicio de otras etnias.
Aquí se le fueron las luces al señor Facio-Lince y, por dárselas de irreverente o “bastardo” como se autodenomina en su columna, metió las de caminar.
Es que una cosa es mantenerle los privilegios a una raza a costa de eliminar otras, como de hecho sucedió en la Alemania nazi, y algo muy distinto es disminuir las desigualdades que por siglos se han erigido contra afrodescendientes e indígenas en nuestro continente.
Los arios, miembros de esa raza que hacía suspirar de emoción a Hitler, tenían el poder, tenían la fuerza del gobierno, se habían adueñado por medio de la intimidación y el autoritarismo de los medios de producción y utilizaron la brutalidad y las armas para mantener y ampliar la supremacía aria y llevar al exterminio al pueblo judío y a todos aquellos que no eran considerados dignos de la pureza étnica que pregonaban.
En la Alemania Nazi no se trataba de proteger a nadie, sino de imponer una supremacía por la fuerza, sin ninguna legalidad, con métodos de barbarie que nadie en su sano juicio puede siquiera comparar con lo que hoy se busca establecer como mecanismo de compensación histórica.
No, señor Héctor Abad, no es lo mismo, no acuda al sofisma insostenible de comparar la búsqueda de equidad con poblaciones aplastadas y discriminadas, como las afro y las indígenas, con el aborrecible nazismo. Eso no le queda bien a un intelectual de su talante.
Las poblaciones afrodescendientes e indígenas coinciden casi que milimétricamente con los sectores más empobrecidos del país. El Chocó, la Costa Nariñense, la Caucana, Buenaventura, los pueblos wuanan, arhuaco, wuayú, tucano, paez, guambiano y en general todos los lugares de Colombia donde hay presencia indígena y afro, carecen de los más elementales servicios del Estado.
En estos sitios el suministro de agua potable, energía, saneamiento básico y comunicaciones es mínimo, la educación básica es precaria y la superior inexistente, el nivel de atención en salud no pasa de los servicios básicos y ni que hablar de las vías que debieran comunicarlos con el país desarrollado.
¿Ha transitado usted por la carretea a Quibdó? ¿Sabe cómo se llega a Guapi, o Puerto Merizalde? ¿Conoce algún camino que comunique con Puerto Leguízamo o Mitú?
Como si esto fuera poco, los territorios de población indígena y afrodescendiente son aquellos con mayor presencia guerrillera, de paracos o narcotraficantes. Estas poblaciones son las que más han sufrido el desplazamiento y están pagando con sangre el descuido del Estado a sus comunidades, llámense cabildos o territorios comunitarios.
Es muy fácil señor Facio-lince desde su cómoda posición de intelectual, de viajero frecuente, de paisa blanco, de mimado por la prensa, reírse de los tímidos avances que han logrado en su larga lucha los afros y los indígenas.
Pero es extraño que lo haga alguien que, como usted, ha demostrado ser consciente de las injusticias de este país. Entre otras cosas, porque los afro y los indígenas no son quienes legislan, ni quienes gobiernan.
Con muy escasas excepciones aquí los legisladores son blancos, de estrato alto, con educación superior y viven en los sectores ricos de las grandes ciudades y no precisamente en Aguablanca, Ciudad Bolívar o la Comuna Nororiental de Medellín, donde si sobreviven, en medio de penurias injustificables, una gran mayoría de afrodescendientes, indígenas y mestizos.
Para estas poblaciones, empobrecidas y olvidadas, es que existe la acción afirmativa, que en nada amenaza los privilegios de otras poblaciones como a las que pertenecemos usted y yo.
Terrorismo made in USA/
EU promete reducir sus acciones terroristas contra Libia
Por Camilo Raigozo
Así lo afirmó Robert Gates, secretario de Defensa del imperio estadounidense, este 22 de marzo de 2011, según la prensa internacional.
Las promesas fueron divulgadas en un encuentro en Moscú con su par ruso Anatoli Serdiukov, cuyo país pidió el inmediato cese de la agresión y el comienzo del diálogo.
Serdiukov respondió a Gates, pidiendo el inmediato cese al fuego contra Libia el cual arroja hasta el momento por lo menos 90 civiles muertos y más de 200 heridos, desde que el Eje del Mal (EU, Gran Bretaña y Francia), inició los ataques terroristas el pasado sábado.
A Rusia se le suman otros países como China, India, Argelia, Yemen, Siria, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, así como la Unión Africana y la Liga Árabe.
Entre los más connotados sátrapas latinoamericanos que apoyan el terrorismo estadounidense se encuentran, Alan García, presidente peruano y Sebastián Piñera, presidente chileno.
Otros no menos sátrapas han guardado silencio cómplice, entre los que se encuentran Santos, de Colombia, cuyo gobierno votó en la ONU a favor de la agresión, Martinelli, de Panamá y Lobo de Honduras, entre y otros. Foto Ap.
Guerra fratricida/
Ocho guerrilleros habrían sido muertos por el ejército según la prensa nacional
Por Camilo Raigozo
Según información de los medios más influyentes para la guerra en Colombia, los cuales generalmente transcriben los comunicados castrenses sin confirmarlos, afirmaron este 21 de marzo que fue muerto por el ejército el jefe guerrillero Arquímedes Muñoz, más conocido como “Jerónimo”.
Igualmente afirma la prensa que junto al jefe rebelde también fueron muertos otros tres guerrilleros, entre ellos una mujer y el soldado Pedro Ortiz España, cuya familia recibirá, si acaso, los respectivos honores por haber ofrecido su vida en un aguerra que no era suya y por por haber defendido con "heroísmo patriótico" los intereses del capital transnacional y criollo.
El país pagará al menos 2.500.000 de pesos de recompensa por la información que facilitó la muerte de los insurgentes. Por lo menos 10 escuelas o un par de excelentes hospitales se habrían podido construir con esa plata que consume la guerra.
Pero claro, los guerreristas no piensan en esas nimiedades, porque no son sus hijos los que mueren o quedan lisiados, tampoco es su dinero el que se dilapida, pero ante todo, porque el conflicto les es su lucrativo negocio.
Por otro lado, también se supo de las mismas fuentes que cinco guerrilleros perdieron la vida y otros dos quedaron heridos en combates en inmediaciones de los municipios de Nariño y Argelia, sur de Antioquia. La oligarquía vive su fiesta haciendo que el pueblo se desangre.
sábado, marzo 19, 2011
Terrorismo made in USA/Comenzó la carnicería de las potencias en Libia lideradas por EUPor Camilo Raigozo
Con la intención de apoderarse de la riqueza petrolera de Libia, maniobra escondida con el señuelo de proteger a la población civil opositora al régimen de Muammar Gadafi", la maquinaria bélica de las potencias lideradas por Estados Unidos, cobró en el primer día de bombardeos la vida de al menos 48 personas y dejó 150 más heridas.
Unas "48 personas murieron, de las cuales 26 en Trípoli", indicó a la prensa una fuente, que pidió el anonimato y subrayó que "el balance era provisional". El periodista de Telesur, Jordán Rodríguez señaló desde Libia que “hasta ahora se han confirmado bombardeos en las ciudades de Zuara (oeste), Trípoli, Misrata (noroste) y Benghazi (noreste)”.
En la paranoica agresión contra el pueblo libio Estados Unidos, Reino Unido y Francia, dispararon desde barcos y submarinos de guerra al menos 110 misiles Tomahawk contra varias ciudades, según agencias internacionales.
El “Premio Nobel de la Paz”, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, dijo con arrogancia a periodistas en Brasil, donde se encontraba de visita, que, "Hoy he autorizado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que lancen una acción limitada contra Libia".
Algunos medios internacionales de comunicación mostraron las fotos de las primeras víctimas mortales de la carnicería militar de las potencias, la cual fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Funcionarios del gobierno de Gaddafi denunciaron a la prensa que “cientos de civiles se encuentran heridos debido a los ataques militares extranjeros contra Libia”.
El gobierno libio había anunciado un alto al fuego, el acatamiento a la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y además había invitado a la comunidad internacional para que enviara observadores que constarán la situación en el país.
Sin embargo la locura belicista del ‘Eje del mal’ (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia), no le permitió una oportunidad a la sensatez por el derecho del pueblo libio a la paz, a la unidad territorial y a su autodeterminación.
El presidente del Congreso de Libia dijo que “Supuestamente esta agresión es para la protección de los civiles pero esto se contradice con lo que ha ocurrido en tierra esta noche, una gran cantidad de civiles han resultado lesionados. Se están llenando nuestro hospitales y hay muchas ambulancias que están haciendo lo mejor que pueden para salvar las vidas”.
El sábado en la tarde el Ministerio de Exteriores de Libia solicitó con urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio considera que "se trata de una agresión que amenaza la paz y la seguridad internacionales, donde se han registrado víctimas civiles y daños en hospitales.
."Esta agresión aérea y marítima ha tenido como blanco varias regiones civiles del oeste del país y ha dejado víctimas civiles y daños en hospitales, aeropuertos y carreteras, entre otros objetivos civiles".
Este nuevo ataque terrorista de los Estados Unidos, el cual cuenta con la complicidad de Europa y la gran prensa mundial, causará, como en Irak y Afganistán, la muerte de cientos de miles de niños, mujeres, ancianos y hombres, condenados por haber nacido en países con grandes riquezas energéticas, como petróleo y gas. Fotos Ap.
Volver a la página principal
jueves, marzo 17, 2011
Violaciones recientes de los derechos humanos a afro-colombianosPor organizaciones afrocolombianas
La Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN por su sigla en ingles) desea llamar la atención a los deplorables incidentes ocurridos recientemente en relación a los derechos humanos de la comunidad Afro-colombiana:
Desaparición forzada de una líder Afro-colombiana
El 2 de marzo de 2011, Ana Julia Rentería, Presidenta del Consejo Comunitario del Río Cajambre, y su esposo, Miguel Santos Rentería, fueron obligados a asistir a una reunión fuera de su casa por hombres desconocidos. No hay información sobre la ubicación de Ana Julia y Miguel desde su desaparición. La Sra. Rentería es una líder importante de la comunidad afro-colombiana y madre de nueve hijos.
Soldados colombianos queman las casas de 119 familias Afro-colombianas
El 28 de febrero de 2011, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que los soldados del Batallón 80 incendiaron y destruyeron las casas de 119 afro-colombianos en la región del Bajo Calima.
La justificación dada por los militares de quemar estas casas, que han pertenecido a estas comunidades durante los últimos setenta años, es que ahora son propiedad del proyecto de desarrollo económico del “Puerto Industrial de Agua Dulce SA”.
Esta comunidad ha sufrido cuatro incidentes parecidos desde 2005, resultando en la destrucción de 47 viviendas y el desplazamiento de los residentes.
Las FARC ponen en peligro a civiles Afro-colombianos
El 27 de febrero de 2011, una canoa llena de explosivos supuestamente colocados por las FARC explotó en la comunidad de Santa Ana del Consejo Comunitario de Los Manglares en el municipio de López de Micay, Cauca.
La explosión causó la muerte de tres personas, entre ellos un civil indígena, e hirió a tres soldados. Esta situación ha causado que muchos miembros de la comunidad se encuentren confinados en sus casas por miedo de ser heridos.
Además, el 7 de marzo de 2011, miembros de la milicia urbana de las FARC lanzaron una granada al lado de la estación de policía en López de Micay. Aunque nadie resultó herido, esta acción creó pánico y desplazó a residentes civiles locales.
Asesinatos de mujeres Afro-colombianas en Buenaventura
Según la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (Fundemujer), 65 mujeres fueron asesinadas en el Puerto de Buenaventura en los últimos tres años. Quince de estas mujeres fueron asesinadas en los últimos quince meses.
Estos ataques incluyen la violación y asesinato de una joven de 15 años de edad, en el barrio Matia Mulumba, cuya mano fue cortada antes de su muerte y Monica Lissete Duque de 17 años que también fue violada y degollada.
La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre de 18 y 20 años. Sin embargo, estos casos también implican niñas de 10 a 12 años. El número total de casos no es claro ya que las personas tienen miedo de denunciar por temor de represalias.
Aunque los motivos de estos asesinatos no son claros, parece que el clima general de violencia en Buenaventura, debido al conflicto armado interno y el narcotráfico, es un factor que conduce a la mutilación, la violación y la violencia contra mujeres. La impunidad es el estándar en casi todos estos casos, dejando la posibilidad de que los perpetradores actúen contra nuevas víctimas.
120 familias en riesgo de desplazamiento en el Medio Atrato
La comunidad de La Villa en el río Bebará (región del Medio Atrato, Chocó) se encuentra en alto riesgo de desplazamiento debido a las operaciones de combate entre las fuerzas armadas colombianas y el Frente 34 de las FARC. El 20 de febrero de 2011, las operaciones de combate dejaron un soldado muerto y otro herido, así como 120 familias de afro-descendientes e indígenas desplazadas.
Después de que la comunidad decidió regresar y pacíficamente resistir el desplazamiento permanente de sus territorios ancestrales, la comunidad aún está en alto riesgo de daño y desplazamiento.
Algunos de sus miembros se encuentran “confinados” (no pueden salir) en la zona debido a la continuación de las operaciones de combate y están enfrentando una emergencia humanitaria.
Miembro del PCN que denunció la corrupción atacada
El 9 de febrero de 2011, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicas y otros grupos de la sociedad civil estadounidense le escribieron al ministro colombiano del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sobre las denuncias de corrupción en la Comisión Consultiva de Alto Nivel durante el proceso de consulta previa con las comunidades afro-colombianas sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Santos.
Las actividades denunciadas son preocupantes dado que las autoridades colombianas tienen la obligación de consultar previamente con las comunidades afro-colombianas afectadas para todas las políticas, programas y proyectos de desarrollo económico (incluida la aplicación de la Orden 005 de la Corte Constitucional sobre los desplazados internos afro-colombianos) relacionadas a las comunidades afro-colombianas.
El 3 de marzo de 2011, los miembros de ACSN fueron informados de que Teresa Cassiani, la persona que denunció las actividades de corrupción fue agredida físicamente por otro miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, la Sra. Idalmi Minota.
La Sra. Cassiani es miembro del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) y forma parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Departamento de Bolívar.
El PCN también fue expulsado como organización de la sesión del 28 de enero de la Consultiva por haber denunciado la corrupción. Nos parece muy problemático que la Comisión Consultiva de Alto Nivel no ha investigado este asunto y no ha sancionado a los responsables.
Retroceso en el caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó
Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras.
El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso.
También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.
El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares.
Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones.
Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EU y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares.
Dado el contexto de la violencia continua y sistemática contra las comunidades Afro-colombianas, ACSN recomienda:
Que el Congreso de EU y el Departamento de Estado den pasos hacia la prevención y la protección de las comunidades Afro-colombianas, la justicia en los casos antes mencionados y la aplicación de la Orden 005 del 2009 de la Corte Constitucional que se refiere al desplazamiento interno en la población Afro-colombiana
Que todos los grupos armados colombianos cesen las actividades que podrían causar daño a civiles y que respeten el Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Que los legisladores de EU presionen que Colombia proteja a los líderes y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Curvaradó y Jiguamiandó y que se le devuelvan plenamente, sin reservas, sus territorios colectivos. Esta acción sería una señal de que el nuevo gobierno de Santos es genuino en sus planes de devolver las tierras a los desplazados internos.
Que las organizaciones de derechos humanos y activistas tomen acción enviando cartas y haciendo llamadas a las autoridades de Colombia y urgiéndoles que actúen en contra de estas violaciones.
Igualmente invitamos a los activistas a firmar la petición de change.org dirigida al Presidente Barack Obama sobre el TLC entre EE.UU. y Colombia en http://www.change.org/petitions/stop-the-us-colombia-free-trade-agreement
Pedimos distribuir este mensaje abiertamente en twitter y a través de sus páginas de internet.
Para más información póngase en contacto con Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA al (202) 797-2171;gsanchez@wola.org o Charo Mina Rojas, Grupo Internacional de Trabajo PCN al (434) 760-0663, charo@io.com
Volver a la página principal
Seguridad narcocrática/Acusan a siete militares por asesinato a sangre fría de campesino en Montes de MaríaPor redacción Notimundo
La Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, luego de exhaustivo análisis de las múltiples pruebas técnicas, documentales y testimoniales practicadas, dictó Resolución de Acusación contra dos oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Corozal (Sucre), por el asesinato del campesino Patricio Flórez Severo.
El crimen fue cometido el 7 de febrero de 2007, cuando el labriego se disponía a recoger aguacates en compañía de vecinos suyos, en el predio de uno de ellos, en la vereda Tierra Grata en el Carmen de Bolívar donde residían.
Luego de asesinato a sangre fría la víctima fue presentada por los criminales de la patrulla militar como un terrorista dado de baja en un fiero combate con miembros de las FARC que los habían emboscado.
La providencia de la Fiscal 13, Claudia Patricia Arguello, desvirtuó cada una las versiones de los siete presuntos asesinos, demostrando la imposibilidad absoluta del encuentro armado, según la reconstrucción analítica de los hechos que con sofisticada tecnología hizo la fiscalía en Tierra Grata, contando con el relato y las posiciones descritas por los uniformados.
El llamamiento a juicio por el delito de Homicidio en Persona Protegida, que es un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario, afecta a los sub tenientes de Infantería de Marina Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez y Félix Díaz Gonzáles y a cinco infantes profesionales.
Según el abogado Luis Carlos Domínguez Prada apoderado de la familia de Patricio Flórez, ahora las diligencias se trasladarán a un Juzgado Especializado de Sincelejo donde se deberá adelantar la vista pública por competencia territorial.
Cayó montaje judicial contra miembros del Partido ComunistaRedacción Notimundo
El día 14 de Marzo de 2010 fue día electoral en Colombia. La dirigente del Partido Comunista y Coordinadora Ejecutiva del Polo Democrático Alternativo en Cundinamarca Nury Martínez Silva, se desplazaba junto con su escolta del DAS Luis Armando Baquero Venegas, por el municipio de Soacha, donde Martínez tiene reconocido trabajo político.
El desplazamiento lo hacía en el vehículo asignado por el organismo de seguridad dentro del programa de protección que el Estado colombiano tiene para los dirigentes del Partido Comunista a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica. Escolta y vehículo, para que la dirigente pueda desarrollar su trabajo político.
Cuando visitaban los puestos de votación de Soacha con el ánimo de entregarles a los copartidarios que fungían como testigos electorales los elementos que requerían y un refrigerio para la larga jornada, lo cual hacían lejos del puesto de votación, fueron sorpresivamente abordados por un alevoso policía quien les intimó captura.
Con apoyo de refuerzos que con urgencia pidió por radio, procedió a requisar el carro oficial, y a decomisar tamales, jugos y unas camisetas amarillas que se entregaban a los testigos, como color distintivo de los militantes del Polo Democrático Alternativo en la jornada.
Pero lo más grave, cuando el policía supo de qué partido eran los capturados “en fragancia” como afirmó, los cubrió de insultos e improperios.
El policía James Sáenz Cubillos no cabía del gozo y del orgullo ante sus superiores por el positivo que logró ese día. Dirigente, escolta, vehículo, tamales y camisetas, fueron capturados y llevados al puesto de mando avanzado que las autoridades habían instalado en la alcaldía de Soacha para enfrentar los atentados al orden público que se presentaran ese día.
Allí, el comandante de la Estación de Soacha capitán Moreno, oído el informe de su subalterno, consideró que el caso era en extremo grave, y ordenó judicializar a los capturados.
Martínez Silva y Baquero Venegas fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Soacha, donde se les leyeron los derechos del capturado y fueron reseñados al tiempo de ser informados de los numerosos delitos que habían cometido según el reporte policial –corrupción al elector y peculado por uso de vehículo oficial entre otros-, y ya en la tarde fueron dejados en libertad provisional.
Once meses después, el Fiscal Segundo Seccional de Soacha, José Gilberto Romero Vásquez, profirió resolución de Archivo de las diligencias, al considerar en un riguroso análisis que las conductas tanto de Martínez como de Baquero eran atípicas, es decir, irreprochables desde el punto de vista penal, y que habían sido víctimas de un atropello por el policía Sáenz Cubillos.
Ahora será el policía quien deberá enfrentar a los jueces penales y disciplinarios, por los, esos sí muy típicos delitos y faltas disciplinarias que cometió en perjuicio de los destacados comunistas, según informó su abogado defensor Dr. Luis Carlos Domínguez Prada.
Montes de MaríaLa cosecha del terrorLos casos de las fincas La Alemania y La EuropaPor Luis Carlos Domínguez Prada
Ahora que pasó lo más duro del terror en los Montes de María, la bucólica cadena montañosa que se extiende por los departamentos de sucre y Bolívar, ahora que la furia paramilitar amainó y un poco la persecución militar contra el campesinado, cosa entendible como que ya fueron desarticuladas a punta de muerte,-
destierro y encarcelamiento las juntas de acción comunal y los sindicatos, objetivo fundamental de la persecución, ahora que parece respirarse un, en todo caso sospechoso, aire de tranquilidad, es cuando las cosas parecen ponerse claras.
¿Y qué es lo que parece ponerse claro?
Más o menos lo que todos sospechaban. Que el problema no era la guerrilla, muchísimo menos el narcotráfico, tampoco esa impostura del “narcoterrorismo”, sino la tierra, la tierra pura y llana. ¿Y qué significa esto? Pues la tierra como debe ser, sin estorbos ni impedimentos que le quiten productividad y precio, es decir, sin campesinos.
Por eso, la misión humanitaria de organizaciones nacionales e internacionales que visitó la zona hace cinco años y que en el Carmen de Bolívar sostuvo duro debate con los mandos de la Brigada de la Infantería de la zona, no por casualidad tenía por lema “Que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos”.
Bien se la tenían olfateada los integrantes de la misión. Porque en efecto, hoy se sabe que el objetivo del terror era que no hubiera tierra con campesinos. Lo de campesinos sin tierra, de pronto no les importe, tal vez hasta ni estén de acuerdo con ello.
Pero que si la han de tener, que sea en otra parte. No en los Montes de María. Porque allí, mientras el terror masacraba, asesinaba, desplazaba y encarcelaba como terroristas por largos años a los líderes y voceros de las comunidades, unos forasteros que no daban la cara ni tenían identidad precisa, a través de testaferros iban comprando las tierras de los desplazados y los encarcelados.
A su modo claro está, y en sus condiciones. O simplemente, sin tanto remilgo, las ocupaban. ¿Por qué no hacerlo si el campo estaba abonado, la guerrilla había sido sacada, los criminales habían hecho bién lo suyo, las autoridades apoyaban y la tierra en su magnífica feracidad era una cosecha que se ofrecía para ser recogida?
Pero una cosa era la generosidad de la tierra lista para que se la germinara, y otra el derecho que tuvieran los que esperaban agazapados detrás de los criminales.
Porque en primer lugar, estos llegaron precedidos del espurio título de las motosierras, el desplazamiento o el encarcelamiento de quienes la cultivaban, y en segundo lugar porque cualquier proyecto productivo, “megaproyecto”, “confianza inversionista”, “locomotora de la prosperidad”-
u otro lema con el que se le bautice, por muy plausible que sea desde la racionalidad económica, no queda legitimado por este solo hecho como para prevalecer sobre los derechos tangibles e intangibles de quienes han poseído la tierra, la han cultivado y amado por generaciones. Porque se trata de posesiones ancestrales, cuya legitimidad nadie puede discutir.
Cuando no de títulos escriturarios y registrados, provenientes algunos del mismo Estado en el marco de la reforma agraria agenciada por el Incora hace cuarenta años. Pero además, se trata de otros títulos no menos válidos, del lazo espiritual del campesino con la tierra, de la que son parte y a la que sienten parte de ellos.
Porque allí nacieron y también sus mayores; allí están enterrados estos y a ella le han cantado creando inclusive géneros e instrumentos musicales nacidos de su compenetración con el paisaje, como el porro y la flauta traversa. De esa tierra han obtenido su alimento y ha sido el escenario de sus luchas reivindicativas y de múltiples formas de organización social y de expresión cultural.
No es poca cosa entonces lo que los despojadores arrasan. No son escasos los títulos y como se ve de estirpes varias, sobre los que entran a saco. Y correlativamente, de todos ellos carecen los nuevos “señores de la tierra”.
Así de manera leguleya e invocando una legalidad que nunca respetaron, esgriman alguna precaria escritura a la que caben toda clase de impugnaciones. Sobre todo y muy especialmente, en tratándose del proceso que se pretende abrir en el país de justicia transicional en el marco de un real o presunto post conflicto, donde como cosa primera, se considera la reversión de los despojos de tierras, el regreso de los desplazados.
Encuentro con autoridades civiles y militares de la Comisión Humanitaria a Montes de María en Carmen de Bolívar. Foto Camilo Raigozo.
Y tanto es así, que en este tipo de procesos –y así lo consagra el proyecto de ley en curso en Colombia-, obra contra los nuevos poseedores o propietarios una presunción de mala fe, de acceso a la tierra prevalidos de la situación de violencia que en ella existió, aún sin entrar a calificarla ni a individualizar a los agresores.
Y sin que los títulos que exhiban tengan la virtualidad de desvirtuar esa presunción. Al contrario, son esos papeles los que se presume viciados por error, fuerza o dolo en el consentimiento del otorgante, como universalmente y a partir de una constatación empírica, se ha asumido ocurre en la negociación de tierras en escenarios tales.
De ahí que la ley de víctimas en trámite en el Congreso de Colombia se volvió una sola –a pesar de que en principio eran dos-, con la de restitución de tierras. Precisamente porque la reparación de las víctimas devino en imperativo jurídico, político y moral instalado de manera irreversible en la conciencia nacional, y porque cuando se habla de ello se habla necesariamente de la restitución de sus tierras, como que el despojo fue en mucho el motivo de la victimización.
Y aquí es donde los Montes de María resultan un laboratorio de caso, sin que se quiera decir que es particular o que lo allí ocurrido no fue un patrón común en la estrategia paramilitar del Estado en múltiples regiones del país. Sólo que lo allí ocurrido es emblemático.
Como emblemáticos son a su vez las haciendas La Alemania y La Europa en Ovejas –Sucre-. No por el despojo en sí de las comunidades que las poseían sobre lo cual nada hay novedoso por exponer, sino por las vicisitudes y la revictimización de los despojados a la hora del retorno.
Luis Miguel Gómez Porto, campesino de Montes de María, asesinado por la Infantería de Marina.
En efecto, es tanta la conciencia que existe inclusive en estamentos del Estado sobre lo ominoso de una violencia que después de que masacraba y aterrorizaba se apropiaba de las tierras víctimas y los sobrevivientes, que sin necesidad de ley de víctimas y restitución de tierras, se ha admitido que los “derechos” de los usurpadores no son tales, y que garantizar el retorno es imperativo.
Es más, el ejecutivo nacional se ha visto precisado a reconocer públicamente ambas cosas, y a ordenar a las autoridades concernidas de apoyar ese retorno. Máxime, cuando el ministro de agricultura del presidente Santos ha aceptado con escándalo que en el de Alvaro Uribe Vélez la oficina de tierras del Estado, el Incoder, estuvo al servicio del paramilitarismo como que legalizó en su favor tierras de las víctimas.
Entonces, “saneados” los Montes de María del terrorismo, la delincuencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla en virtud de las bondades de la “seguridad democrática” según el anterior y el actual mandatario, los desplazados de La Alemania y La Europa se dispusieron a retornar a los predios de los cuales fueron desplazados por las bandas de Rodrigo Tovar, alias Pupo, Juancho Dique y Rodrigo Mercado Cadena.
Tanto más factible el propósito, cuanto según la lógica de las altas autoridades, –ya veremos lo falso de esta-, esos predios están en regiones del departamento de Sucre declaradas en el mandato de Uribe como de “Consolidación y Acción Integral” a cargo de la fuerza pública, en el marco del “Plan Nacional de Consolidación Territorial”, cuya finalidad sería preservar los logros de la “Seguridad Democrática” mediante el férreo control por la fuerza pública de esos territorios y su población.
Levantamiento del cadaver de campesino Luis Miguel Gómez Porto.
Pronto se pondría en evidencia la impostura. Las Zonas de Consolidación estaban precisamente para consolidar. Es decir, hacer irreversibles “los logros” de la seguridad democrática y dentro de estos uno fundamental, más que el extrañamiento de la guerrilla –algo instrumental apenas-, la recomposición de la estructura de propiedad de la tierra, en aras de una nueva institucionalidad:
la de las Zonas de Desarrollo Empresarial, en reemplazo de las Zonas de Reserva Campesina y de las Unidades Agrícolas Familiares, funcional la primera al capital, las segundas al campesino y a las comunidades pobres.
Y aquí es entonces cuando se comprende todo, particularmente el buen trabajo hecho por las paramilitares, la impunidad de la que gozaron, la cobertura que tuvieron de las autoridades para su accionar.
Y se entiende lo de La Alemania y La Europa, y por qué la fuerza pública acantonada en esa “Zona de Consolidación”, no ha garantizado que ese retorno nominalmente apoyado por el gobierno central se pueda dar, que el proceso carezca de tribulaciones: muerte, amenazas, armados oponiéndose y encarcelamiento.
Que de todo ello ha habido. Porque garantizarlo iría contra la razón de lo hecho y alcanzado durante veinticinco años, en lo cual la fuerza pública –Ejército, Armada, Policía Nacional-, fue piedra angular. O si no, que lo digan El Salado, El Chengue, Macayepo y San Onofre entre otras.
El líder de los desplazados de la Alemania y del proceso de retorno Rogelio Martínez Mercado, fue asesinado. Y con todo el repudio del crimen expresado por el gobierno, los usurpadores, testaferros y antiguas tropas de Juancho Dique y Rodrigo Mercado Cadena, continúan ocupando el predio.
La situación de La Europa, un predio de 1.300 hectáreas en Ovejas titulado por el Incora como propiedad colectiva a ciento trece familias campesinas que lo explotaban ya hace cuarenta años, no es mejor.
Al igual que en La Alemania, después de muchos muertos y encarcelados –las dos cosas iban de la mano y esto interpela a la Justicia sobre su papel en lo ocurrido-, muchas de esas familias huyeron. Y ahora cuando se anuncia que la guerra pasó, que hay garantías y que las víctimas pueden retornar, un “empresario” antioqueño Gabriel Vélez Jaramillo, desconocido en la zona, invoca a los legítimos dueños, falsos títulos de propiedad.
Y como es de uso, con hombres armados y amenazantes -Héctor San Martín Rivera el capataz “que frentea”, fue capturado allí por porte ilegal de armas-, va corriendo cercas, impidiendo el paso y sacando los animales que los campesinos tienen en su parcela.
Y eso lo hacen no sólo en los lotes de quienes huyeron y quieren regresar, sino en los que no fueron abandonados y siempre han estado ocupados por sus dueños.
Y junto a Vélez Jaramillo, otros grandes acaparadores de tierra “legalmente comprada” a los campesinos perseguidos de los Montes de María como Otto Bulla Bulla y la “Agroreforestadora del Caribe”, destruyendo el ecosistema con siembras intensivas de teca, eucalipto y palma aceitera.
Veredas completas desaparecieron porque compraron todos los predios y los englobaron. Tales, La Sierra, Loma Al Banco y Arena. Y por ese camino va Tierra Grata, en la alta montaña en Carmen de Bolívar, también en manos de inversionistas foráneos que adquirieron prevalidos del terror.
Y ya vienen en camino los grandes proyectos turísticos hacia Coveñas y la gran agroindustria en la feraces tierras de la Mojana Sucreña. Por eso, el ejército está construyendo una gran carretera en esa zona.
No para bienestar de los campesinos, sino de los grandes inversionistas que se hicieron a la tierra “pacificada”. Progreso sí, riqueza sí, y mucha, pero para unos pocos, no para los raizales poseedores del suelo. Y en todo caso abonada con sangre campesina.
El colofón de la cosecha del terror en los Montes de María que se ejemplifica en estos dos predios, es la posición de las autoridades civiles y militares frente a la violencia que se ejerce contra los que retornan. Es la de indolencia total.
Ni a nivel del departamento de Sucre, ni de su capital Sincelejo, ni de la alcaldía de Ovejas, y muchísimo menos en la Infantería de Marina y el Ejército copando esa “Zona de Consolidación”, se dan por aludidos. Ninguno reconoce tener facultades para intervenir frente a los testaferros y beneficiarios del paramilitarismo.
“No somos jueces” alegan. “Eso es de otra dependencia” aseguran, y remiten a otra oficina a las víctimas que acuden por garantías para el retorno. De la alcaldía a la gobernación, de esta al Incoder, de este al puesto de policía, de este al comando de la Brigada, y “mejor vayan a Bogotá porque el problema es de allá”.
Parauribismo/ ‘Uribe debe responder por los casos de corrupción de su gobierno’: PastranaEl expresidente volvió a regalarle el Partido Coservador a su homólogo y lo conminó a responder por los escándalos de su gobierno.Por: Elespectador.com/Notimundo
Este jueves de nuevo arremetió el expresidente Andrés Pastrana en contra del Partido Conservador y del expresidente Álvaro Uribe.
Emplazó nuevamente a Uribe para que se quede con el Partido Conservador y le dijo que se lo regala, inclusive con una ñapa: la sede del directorio en la Soledad.
En diálogo con La Z, indicó que Uribe debe responder por los casos de corrupción de su gobierno como AIS, Supernotariado, Estupefacientes, Inco, Ministerio de Transporte y falsas desmovilizaciones.
Insistió en que los paras no eran tantos como loas hicieron aparecer en el gobierno uribe
El expresidente además aseguró que no quiere ser jefe natural ni asesor del Partido sino vocero de lo social y la moral.
Igualmente, pidió que el Estado intervenga el Partido Conservador. Según él, como los partidos manejan recursos públicos, deben caer en la órbita de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría.
Para Pastrana debe ser intervenido el Partido para que expliquen cómo se están manejando los recursos que reciben del Estado.
El expresidente consideró que los directivos de los partidos deberían recibir un certificado previo de buena conducta como hacen con los altos funcionarios de las entidades bancarias y financieras.
Propuso que la Registraduría habilite un sistema por internet para elegir popularmente a los directivos de los partidos.
En ese sentido, señaló que es necesario reformar los estatutos del Partido Conservador para que puedan ser retirados de la directiva los que resulten comprometidos con casos de corrupción.
Finalmente, afirmó que no tiene dudas de que el presidente Juan Manuel Santos va a fortalecer al Partido Liberal como soporte para su gobierno.
Volver a la página principal
miércoles, marzo 16, 2011
Parauribismo/Colombia continúa sometida al régimen narcoparamilitar según estudioEsta estrategia criminal de la oligarquía criolla y transnacional hoy hace presencia en uno de cada tres municipios y en los 32 departamentos del paísPor Camilo Raigozo
Así se deduce de los resultados de un estudio dado a conocer este 16 de marzo por la ONG Indepaz, a pesar de que la investigación está basada mayormente en fuentes oficiales y medios de comunicación abiertamente cómplices del régimen.
El documento afirma que en el 2008 los narcoparamilitares cometieron actos criminales en 259 municipios; en 2009, en 278 y en 2010 abarcaron 360 de los 1.120 municipios del país y en los 32 departamentos.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero la Fiscalía reveló tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal hablaba de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar del régimen.
Ese informe también señaló que los ‘paras’, llamados estratégicamente por el régimen y la gran prensa, “Bandas Criminales”, cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 abusos contra la mujer y las niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales no especificados por la Fiscalía.
Según Indepaz los nuevos nombres estratégicos con que ahora se pretende ocultar el paramilitarismo son: Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado, entre otros nombres, todos encajonados como: Bandas Criminales.
El informe revela además que, en total, los paramilitares cuentan actualmente con unos 14.500 criminales en sus filas incluyendo las redes de apoyo. Al respecto las manifestaciones públicas de Santos sobre su “preocupación por el avance de las "bacrim" y su decisión de combatirlas”, contrastan con la seriedad con que ha abordado el problema al que considera "un capítulo de la lucha antidrogas o un asunto de la policía".
Los departamentos más afectados por la estrategia paramilitar, según Indepaz son: Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Los ‘paras’ delinquen en más de la mitad de los municipios de 10 departamentos y en al menos el 37 por ciento del total de los municipios de otros 15 departamentos. Eso significa que la Fuerza Pública sigue haciéndose la de la vista gorda o continúa en muchas regiones siendo cómplice del paramilitarismo.
En cuanto a la parapolítica el documento señala que esta sigue haciendo presencia en el Senado de la República con una cuota del 25 por ciento y en los municipios y departamentos con presencia paramilitar.
“La relación de narcoparamilitares, parapolíticos y contrataciones de macroproyectos de obras públicas es un capítulo conocido, pero que apenas se está destapando en sus verdaderas magnitudes en los procesos judiciales.
“Las investigaciones sobre corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, como en obras de infraestructura y en el sector salud, darán luces sobre esa articulación entre ‘paras’, narcos, políticos y contratos”, dice un aparte del documento.
En cuanto al desplazamiento y despojo de tierras, Indepaz sugiere que al menos ocho millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas por medio de esta estrategia criminal en los últimos 15 años y en más de 280.000 predios los verdaderos dueños no han podido regresar.
La estrategia de “Refundación de la patria” plasmada en el negociado Uribe-‘paras’, ha sido inmensamente exitosa pues en la Ley de Impunidad, mal llamada de Justicia y Paz, de 31.000 criminales “desmovilizados”, hasta el momento únicamente tres han sido condenados y se encuentran en instancia de apelación, es decir que ni siquiera son todavía decisiones judiciales firmes.
Lea también:
V Informe sobre narcoparamilitares en 2010
Seguridad narcocrática/Ejército Nacional asesinó a campesino en Paya, BoyacáPor Camilo Raigozo
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato a manos del Ejército Nacional del joven campesino José Rojas Largo.
El crimen fue perpetrado el 15 de marzo de 2011 a las nueve y media de la noche, en la vereda Altamira, corregimiento de Morcote, municipio de Paya, Boyacá.
Los militares que se encontraban en los alrededores de la escuela de la vereda Altamira (violando el Derecho Internacional Humanitario), le dispararon a la víctima cuando esta bajaba por un camino cercano al centro educativo causándole la muerte.
La Corporación Claretiana, ONG dedicada a la defensa y divulgación de los derechos humanos, le dijo a Notimundo que “este 16 de marzo de 2011 a las diez de la mañana, el cuerpo del campesino permanecía tirado, ya que las tropas no han permitido a los familiares acercarse hasta él”.
También informó que la familia no tiene recursos para desplazarse hasta Yopal, donde los militares indicaron que llevarían el cuerpo para realizarle los estudios forenses.
La nueva víctima de la política de “seguridad democrática” practicada por Uribe y ahora por Santos, José Rojas Largo, era un humilde campesino de la vereda Altamira, conocido por todos los miembros de la comunidad y por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la cual adelanta una labor humanitaria en la región.
La Corporación recordó que entre el 2007 y 2008 se registraron seis casos de ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región, los cuales han sido denunciados ante las autoridades pertinentes.
El 13 de mayo de 2009 se registraron malos tratos y falsas acusaciones contra los jóvenes de las veredas Altamira, Niscota y Morcote y otras de los municipios de Paya, Boyacá y Nunchía, Casanare, por miembros del Ejército Nacional de la Brigada XVI de Yopal. Dichas denuncias fueron radicadas el 14 de mayo de 2009 ante la Defensoría del Pueblo.
Según la fuente, los campesinos han denunciado constantes amenazas e intimidaciones por parte del Ejército Nacional, el cual los obliga a firmar permisos para permitir la entrada de las compañías petroleras que realizan operaciones en las veredas de la región y de los municipios de Paya, Boyacá, Nunchía y Tamara, Casanare.
Seguridad narcocrática/Medida de aseguramiento contra seis militares por asesinato a sangre fría de persona protegida Por Camilo Raigozo
Este 16 de marzo de 2011, se conoció que la Fiscalía ordenó la detención preventiva contra seis militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de un civil el cual presentaron como jefe de milicias de las Farc abatido en combate.
El crimen fue perpetrado el 6 de enero de 2005 en la vereda El Barcino, del municipio de Campamento, Antioquia, donde tropas de la IV Brigada del Ejército asesinaron a sangre fría a José Ignacio García Susa, informó el ente investigador.
La información recaudada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH le permitió sindicar por el delito de homicidio en persona protegida a: César Augusto Cómbita Eslava, capitán; Fernando Ávila Alfonso, suboficial; y los soldados profesionales Janes Alexander Sarrázola, José Wilton Torres Mosquera, Mauricio de Jesús Ciro Ramírez, y John Jairo Ospina Álvarez. La Fiscalía advirtió que el oficial Cómbita Eslava, está inmerso en otros procesos.
¡Qué metida de pata!Por Margarita Londoño
En su columna de El Espectador del domingo pasado, titulada “Certificado de Negro”, Héctor Abad Facio-Lince (foto), se queja de que en Colombia se esté aplicando la “acción afirmativa” o discriminación positiva a favor de los afrodescendientes para garantizarles privilegios por sus características étnicas.
El escritor ridiculiza esta política haciendo una comparación totalmente equívoca e injusta, a mi modo de ver, con el nazismo que buscaba favorecer a los arios en perjuicio de otras etnias.
Aquí se le fueron las luces al señor Facio-Lince y, por dárselas de irreverente o “bastardo” como se autodenomina en su columna, metió las de caminar.
Es que una cosa es mantenerle los privilegios a una raza a costa de eliminar otras, como de hecho sucedió en la Alemania nazi, y algo muy distinto es disminuir las desigualdades que por siglos se han erigido contra afrodescendientes e indígenas en nuestro continente.
Los arios, miembros de esa raza que hacía suspirar de emoción a Hitler, tenían el poder, tenían la fuerza del gobierno, se habían adueñado por medio de la intimidación y el autoritarismo de los medios de producción y utilizaron la brutalidad y las armas para mantener y ampliar la supremacía aria y llevar al exterminio al pueblo judío y a todos aquellos que no eran considerados dignos de la pureza étnica que pregonaban.
En la Alemania Nazi no se trataba de proteger a nadie, sino de imponer una supremacía por la fuerza, sin ninguna legalidad, con métodos de barbarie que nadie en su sano juicio puede siquiera comparar con lo que hoy se busca establecer como mecanismo de compensación histórica.
No, señor Héctor Abad, no es lo mismo, no acuda al sofisma insostenible de comparar la búsqueda de equidad con poblaciones aplastadas y discriminadas, como las afro y las indígenas, con el aborrecible nazismo. Eso no le queda bien a un intelectual de su talante.
Las poblaciones afrodescendientes e indígenas coinciden casi que milimétricamente con los sectores más empobrecidos del país. El Chocó, la Costa Nariñense, la Caucana, Buenaventura, los pueblos wuanan, arhuaco, wuayú, tucano, paez, guambiano y en general todos los lugares de Colombia donde hay presencia indígena y afro, carecen de los más elementales servicios del Estado.
En estos sitios el suministro de agua potable, energía, saneamiento básico y comunicaciones es mínimo, la educación básica es precaria y la superior inexistente, el nivel de atención en salud no pasa de los servicios básicos y ni que hablar de las vías que debieran comunicarlos con el país desarrollado.
¿Ha transitado usted por la carretea a Quibdó? ¿Sabe cómo se llega a Guapi, o Puerto Merizalde? ¿Conoce algún camino que comunique con Puerto Leguízamo o Mitú?
Como si esto fuera poco, los territorios de población indígena y afrodescendiente son aquellos con mayor presencia guerrillera, de paracos o narcotraficantes. Estas poblaciones son las que más han sufrido el desplazamiento y están pagando con sangre el descuido del Estado a sus comunidades, llámense cabildos o territorios comunitarios.
Es muy fácil señor Facio-lince desde su cómoda posición de intelectual, de viajero frecuente, de paisa blanco, de mimado por la prensa, reírse de los tímidos avances que han logrado en su larga lucha los afros y los indígenas.
Pero es extraño que lo haga alguien que, como usted, ha demostrado ser consciente de las injusticias de este país. Entre otras cosas, porque los afro y los indígenas no son quienes legislan, ni quienes gobiernan.
Con muy escasas excepciones aquí los legisladores son blancos, de estrato alto, con educación superior y viven en los sectores ricos de las grandes ciudades y no precisamente en Aguablanca, Ciudad Bolívar o la Comuna Nororiental de Medellín, donde si sobreviven, en medio de penurias injustificables, una gran mayoría de afrodescendientes, indígenas y mestizos.
Para estas poblaciones, empobrecidas y olvidadas, es que existe la acción afirmativa, que en nada amenaza los privilegios de otras poblaciones como a las que pertenecemos usted y yo.
Comenzó la carnicería de las potencias en Libia lideradas por EU
Por Camilo Raigozo
Con la intención de apoderarse de la riqueza petrolera de Libia, maniobra escondida con el señuelo de proteger a la población civil opositora al régimen de Muammar Gadafi", la maquinaria bélica de las potencias lideradas por Estados Unidos, cobró en el primer día de bombardeos la vida de al menos 48 personas y dejó 150 más heridas.
Unas "48 personas murieron, de las cuales 26 en Trípoli", indicó a la prensa una fuente, que pidió el anonimato y subrayó que "el balance era provisional". El periodista de Telesur, Jordán Rodríguez señaló desde Libia que “hasta ahora se han confirmado bombardeos en las ciudades de Zuara (oeste), Trípoli, Misrata (noroste) y Benghazi (noreste)”.
El “Premio Nobel de la Paz”, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, dijo con arrogancia a periodistas en Brasil, donde se encontraba de visita, que, "Hoy he autorizado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que lancen una acción limitada contra Libia".
Algunos medios internacionales de comunicación mostraron las fotos de las primeras víctimas mortales de la carnicería militar de las potencias, la cual fue aprobada el pasado 17 de marzo por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Funcionarios del gobierno de Gaddafi denunciaron a la prensa que “cientos de civiles se encuentran heridos debido a los ataques militares extranjeros contra Libia”.
Sin embargo la locura belicista del ‘Eje del mal’ (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia), no le permitió una oportunidad a la sensatez por el derecho del pueblo libio a la paz, a la unidad territorial y a su autodeterminación.
El presidente del Congreso de Libia dijo que “Supuestamente esta agresión es para la protección de los civiles pero esto se contradice con lo que ha ocurrido en tierra esta noche, una gran cantidad de civiles han resultado lesionados. Se están llenando nuestro hospitales y hay muchas ambulancias que están haciendo lo mejor que pueden para salvar las vidas”.
El sábado en la tarde el Ministerio de Exteriores de Libia solicitó con urgencia una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. El Ministerio considera que "se trata de una agresión que amenaza la paz y la seguridad internacionales, donde se han registrado víctimas civiles y daños en hospitales.
.
.
"Esta agresión aérea y marítima ha tenido como blanco varias regiones civiles del oeste del país y ha dejado víctimas civiles y daños en hospitales, aeropuertos y carreteras, entre otros objetivos civiles".
Este nuevo ataque terrorista de los Estados Unidos, el cual cuenta con la complicidad de Europa y la gran prensa mundial, causará, como en Irak y Afganistán, la muerte de cientos de miles de niños, mujeres, ancianos y hombres, condenados por haber nacido en países con grandes riquezas energéticas, como petróleo y gas. Fotos Ap.
Volver a la página principal
Por organizaciones afrocolombianas
La Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN por su sigla en ingles) desea llamar la atención a los deplorables incidentes ocurridos recientemente en relación a los derechos humanos de la comunidad Afro-colombiana:
Desaparición forzada de una líder Afro-colombiana
El 2 de marzo de 2011, Ana Julia Rentería, Presidenta del Consejo Comunitario del Río Cajambre, y su esposo, Miguel Santos Rentería, fueron obligados a asistir a una reunión fuera de su casa por hombres desconocidos. No hay información sobre la ubicación de Ana Julia y Miguel desde su desaparición. La Sra. Rentería es una líder importante de la comunidad afro-colombiana y madre de nueve hijos.
Soldados colombianos queman las casas de 119 familias Afro-colombianas
El 28 de febrero de 2011, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que los soldados del Batallón 80 incendiaron y destruyeron las casas de 119 afro-colombianos en la región del Bajo Calima.
La justificación dada por los militares de quemar estas casas, que han pertenecido a estas comunidades durante los últimos setenta años, es que ahora son propiedad del proyecto de desarrollo económico del “Puerto Industrial de Agua Dulce SA”.
Esta comunidad ha sufrido cuatro incidentes parecidos desde 2005, resultando en la destrucción de 47 viviendas y el desplazamiento de los residentes.
Las FARC ponen en peligro a civiles Afro-colombianos
El 27 de febrero de 2011, una canoa llena de explosivos supuestamente colocados por las FARC explotó en la comunidad de Santa Ana del Consejo Comunitario de Los Manglares en el municipio de López de Micay, Cauca.
La explosión causó la muerte de tres personas, entre ellos un civil indígena, e hirió a tres soldados. Esta situación ha causado que muchos miembros de la comunidad se encuentren confinados en sus casas por miedo de ser heridos.
Además, el 7 de marzo de 2011, miembros de la milicia urbana de las FARC lanzaron una granada al lado de la estación de policía en López de Micay. Aunque nadie resultó herido, esta acción creó pánico y desplazó a residentes civiles locales.
Asesinatos de mujeres Afro-colombianas en Buenaventura
Según la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (Fundemujer), 65 mujeres fueron asesinadas en el Puerto de Buenaventura en los últimos tres años. Quince de estas mujeres fueron asesinadas en los últimos quince meses.
Estos ataques incluyen la violación y asesinato de una joven de 15 años de edad, en el barrio Matia Mulumba, cuya mano fue cortada antes de su muerte y Monica Lissete Duque de 17 años que también fue violada y degollada.
La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre de 18 y 20 años. Sin embargo, estos casos también implican niñas de 10 a 12 años. El número total de casos no es claro ya que las personas tienen miedo de denunciar por temor de represalias.
Aunque los motivos de estos asesinatos no son claros, parece que el clima general de violencia en Buenaventura, debido al conflicto armado interno y el narcotráfico, es un factor que conduce a la mutilación, la violación y la violencia contra mujeres. La impunidad es el estándar en casi todos estos casos, dejando la posibilidad de que los perpetradores actúen contra nuevas víctimas.
120 familias en riesgo de desplazamiento en el Medio Atrato
La comunidad de La Villa en el río Bebará (región del Medio Atrato, Chocó) se encuentra en alto riesgo de desplazamiento debido a las operaciones de combate entre las fuerzas armadas colombianas y el Frente 34 de las FARC. El 20 de febrero de 2011, las operaciones de combate dejaron un soldado muerto y otro herido, así como 120 familias de afro-descendientes e indígenas desplazadas.
Después de que la comunidad decidió regresar y pacíficamente resistir el desplazamiento permanente de sus territorios ancestrales, la comunidad aún está en alto riesgo de daño y desplazamiento.
Algunos de sus miembros se encuentran “confinados” (no pueden salir) en la zona debido a la continuación de las operaciones de combate y están enfrentando una emergencia humanitaria.
Miembro del PCN que denunció la corrupción atacada
El 9 de febrero de 2011, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicas y otros grupos de la sociedad civil estadounidense le escribieron al ministro colombiano del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sobre las denuncias de corrupción en la Comisión Consultiva de Alto Nivel durante el proceso de consulta previa con las comunidades afro-colombianas sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Santos.
Las actividades denunciadas son preocupantes dado que las autoridades colombianas tienen la obligación de consultar previamente con las comunidades afro-colombianas afectadas para todas las políticas, programas y proyectos de desarrollo económico (incluida la aplicación de la Orden 005 de la Corte Constitucional sobre los desplazados internos afro-colombianos) relacionadas a las comunidades afro-colombianas.
El 3 de marzo de 2011, los miembros de ACSN fueron informados de que Teresa Cassiani, la persona que denunció las actividades de corrupción fue agredida físicamente por otro miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, la Sra. Idalmi Minota.
La Sra. Cassiani es miembro del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) y forma parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Departamento de Bolívar.
El PCN también fue expulsado como organización de la sesión del 28 de enero de la Consultiva por haber denunciado la corrupción. Nos parece muy problemático que la Comisión Consultiva de Alto Nivel no ha investigado este asunto y no ha sancionado a los responsables.
Retroceso en el caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó
Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras.
El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso.
También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.
El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares.
Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones.
Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EU y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares.
Dado el contexto de la violencia continua y sistemática contra las comunidades Afro-colombianas, ACSN recomienda:
Que el Congreso de EU y el Departamento de Estado den pasos hacia la prevención y la protección de las comunidades Afro-colombianas, la justicia en los casos antes mencionados y la aplicación de la Orden 005 del 2009 de la Corte Constitucional que se refiere al desplazamiento interno en la población Afro-colombiana
Que todos los grupos armados colombianos cesen las actividades que podrían causar daño a civiles y que respeten el Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Que los legisladores de EU presionen que Colombia proteja a los líderes y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Curvaradó y Jiguamiandó y que se le devuelvan plenamente, sin reservas, sus territorios colectivos. Esta acción sería una señal de que el nuevo gobierno de Santos es genuino en sus planes de devolver las tierras a los desplazados internos.
Que las organizaciones de derechos humanos y activistas tomen acción enviando cartas y haciendo llamadas a las autoridades de Colombia y urgiéndoles que actúen en contra de estas violaciones.
Igualmente invitamos a los activistas a firmar la petición de change.org dirigida al Presidente Barack Obama sobre el TLC entre EE.UU. y Colombia en http://www.change.org/petitions/stop-the-us-colombia-free-trade-agreement
Pedimos distribuir este mensaje abiertamente en twitter y a través de sus páginas de internet.
Volver a la página principal
Seguridad narcocrática/
Acusan a siete militares por asesinato a sangre fría de campesino en Montes de María
Por redacción Notimundo
La Fiscalía 13 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, luego de exhaustivo análisis de las múltiples pruebas técnicas, documentales y testimoniales practicadas, dictó Resolución de Acusación contra dos oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina con sede en Corozal (Sucre), por el asesinato del campesino Patricio Flórez Severo.
El crimen fue cometido el 7 de febrero de 2007, cuando el labriego se disponía a recoger aguacates en compañía de vecinos suyos, en el predio de uno de ellos, en la vereda Tierra Grata en el Carmen de Bolívar donde residían.
Luego de asesinato a sangre fría la víctima fue presentada por los criminales de la patrulla militar como un terrorista dado de baja en un fiero combate con miembros de las FARC que los habían emboscado.
La providencia de la Fiscal 13, Claudia Patricia Arguello, desvirtuó cada una las versiones de los siete presuntos asesinos, demostrando la imposibilidad absoluta del encuentro armado, según la reconstrucción analítica de los hechos que con sofisticada tecnología hizo la fiscalía en Tierra Grata, contando con el relato y las posiciones descritas por los uniformados.
El llamamiento a juicio por el delito de Homicidio en Persona Protegida, que es un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario, afecta a los sub tenientes de Infantería de Marina Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez y Félix Díaz Gonzáles y a cinco infantes profesionales.
Según el abogado Luis Carlos Domínguez Prada apoderado de la familia de Patricio Flórez, ahora las diligencias se trasladarán a un Juzgado Especializado de Sincelejo donde se deberá adelantar la vista pública por competencia territorial.
Redacción Notimundo
El día 14 de Marzo de 2010 fue día electoral en Colombia. La dirigente del Partido Comunista y Coordinadora Ejecutiva del Polo Democrático Alternativo en Cundinamarca Nury Martínez Silva, se desplazaba junto con su escolta del DAS Luis Armando Baquero Venegas, por el municipio de Soacha, donde Martínez tiene reconocido trabajo político.
El desplazamiento lo hacía en el vehículo asignado por el organismo de seguridad dentro del programa de protección que el Estado colombiano tiene para los dirigentes del Partido Comunista a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del proceso contra el Estado por el exterminio de la Unión Patriótica. Escolta y vehículo, para que la dirigente pueda desarrollar su trabajo político.
Cuando visitaban los puestos de votación de Soacha con el ánimo de entregarles a los copartidarios que fungían como testigos electorales los elementos que requerían y un refrigerio para la larga jornada, lo cual hacían lejos del puesto de votación, fueron sorpresivamente abordados por un alevoso policía quien les intimó captura.
Con apoyo de refuerzos que con urgencia pidió por radio, procedió a requisar el carro oficial, y a decomisar tamales, jugos y unas camisetas amarillas que se entregaban a los testigos, como color distintivo de los militantes del Polo Democrático Alternativo en la jornada.
Pero lo más grave, cuando el policía supo de qué partido eran los capturados “en fragancia” como afirmó, los cubrió de insultos e improperios.
El policía James Sáenz Cubillos no cabía del gozo y del orgullo ante sus superiores por el positivo que logró ese día. Dirigente, escolta, vehículo, tamales y camisetas, fueron capturados y llevados al puesto de mando avanzado que las autoridades habían instalado en la alcaldía de Soacha para enfrentar los atentados al orden público que se presentaran ese día.
Allí, el comandante de la Estación de Soacha capitán Moreno, oído el informe de su subalterno, consideró que el caso era en extremo grave, y ordenó judicializar a los capturados.
Martínez Silva y Baquero Venegas fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Soacha, donde se les leyeron los derechos del capturado y fueron reseñados al tiempo de ser informados de los numerosos delitos que habían cometido según el reporte policial –corrupción al elector y peculado por uso de vehículo oficial entre otros-, y ya en la tarde fueron dejados en libertad provisional.
Once meses después, el Fiscal Segundo Seccional de Soacha, José Gilberto Romero Vásquez, profirió resolución de Archivo de las diligencias, al considerar en un riguroso análisis que las conductas tanto de Martínez como de Baquero eran atípicas, es decir, irreprochables desde el punto de vista penal, y que habían sido víctimas de un atropello por el policía Sáenz Cubillos.
Ahora será el policía quien deberá enfrentar a los jueces penales y disciplinarios, por los, esos sí muy típicos delitos y faltas disciplinarias que cometió en perjuicio de los destacados comunistas, según informó su abogado defensor Dr. Luis Carlos Domínguez Prada.
La cosecha del terror
Los casos de las fincas La Alemania y La Europa
Por Luis Carlos Domínguez Prada
Ahora que pasó lo más duro del terror en los Montes de María, la bucólica cadena montañosa que se extiende por los departamentos de sucre y Bolívar, ahora que la furia paramilitar amainó y un poco la persecución militar contra el campesinado, cosa entendible como que ya fueron desarticuladas a punta de muerte,-
destierro y encarcelamiento las juntas de acción comunal y los sindicatos, objetivo fundamental de la persecución, ahora que parece respirarse un, en todo caso sospechoso, aire de tranquilidad, es cuando las cosas parecen ponerse claras.
¿Y qué es lo que parece ponerse claro?
Más o menos lo que todos sospechaban. Que el problema no era la guerrilla, muchísimo menos el narcotráfico, tampoco esa impostura del “narcoterrorismo”, sino la tierra, la tierra pura y llana. ¿Y qué significa esto? Pues la tierra como debe ser, sin estorbos ni impedimentos que le quiten productividad y precio, es decir, sin campesinos.
Por eso, la misión humanitaria de organizaciones nacionales e internacionales que visitó la zona hace cinco años y que en el Carmen de Bolívar sostuvo duro debate con los mandos de la Brigada de la Infantería de la zona, no por casualidad tenía por lema “Que no haya campesinos sin tierra, ni tierra sin campesinos”.
Pero que si la han de tener, que sea en otra parte. No en los Montes de María. Porque allí, mientras el terror masacraba, asesinaba, desplazaba y encarcelaba como terroristas por largos años a los líderes y voceros de las comunidades, unos forasteros que no daban la cara ni tenían identidad precisa, a través de testaferros iban comprando las tierras de los desplazados y los encarcelados.
A su modo claro está, y en sus condiciones. O simplemente, sin tanto remilgo, las ocupaban. ¿Por qué no hacerlo si el campo estaba abonado, la guerrilla había sido sacada, los criminales habían hecho bién lo suyo, las autoridades apoyaban y la tierra en su magnífica feracidad era una cosecha que se ofrecía para ser recogida?
Pero una cosa era la generosidad de la tierra lista para que se la germinara, y otra el derecho que tuvieran los que esperaban agazapados detrás de los criminales.
Porque en primer lugar, estos llegaron precedidos del espurio título de las motosierras, el desplazamiento o el encarcelamiento de quienes la cultivaban, y en segundo lugar porque cualquier proyecto productivo, “megaproyecto”, “confianza inversionista”, “locomotora de la prosperidad”-
u otro lema con el que se le bautice, por muy plausible que sea desde la racionalidad económica, no queda legitimado por este solo hecho como para prevalecer sobre los derechos tangibles e intangibles de quienes han poseído la tierra, la han cultivado y amado por generaciones. Porque se trata de posesiones ancestrales, cuya legitimidad nadie puede discutir.
Cuando no de títulos escriturarios y registrados, provenientes algunos del mismo Estado en el marco de la reforma agraria agenciada por el Incora hace cuarenta años. Pero además, se trata de otros títulos no menos válidos, del lazo espiritual del campesino con la tierra, de la que son parte y a la que sienten parte de ellos.
No es poca cosa entonces lo que los despojadores arrasan. No son escasos los títulos y como se ve de estirpes varias, sobre los que entran a saco. Y correlativamente, de todos ellos carecen los nuevos “señores de la tierra”.
Así de manera leguleya e invocando una legalidad que nunca respetaron, esgriman alguna precaria escritura a la que caben toda clase de impugnaciones. Sobre todo y muy especialmente, en tratándose del proceso que se pretende abrir en el país de justicia transicional en el marco de un real o presunto post conflicto, donde como cosa primera, se considera la reversión de los despojos de tierras, el regreso de los desplazados.
Y tanto es así, que en este tipo de procesos –y así lo consagra el proyecto de ley en curso en Colombia-, obra contra los nuevos poseedores o propietarios una presunción de mala fe, de acceso a la tierra prevalidos de la situación de violencia que en ella existió, aún sin entrar a calificarla ni a individualizar a los agresores.
Y sin que los títulos que exhiban tengan la virtualidad de desvirtuar esa presunción. Al contrario, son esos papeles los que se presume viciados por error, fuerza o dolo en el consentimiento del otorgante, como universalmente y a partir de una constatación empírica, se ha asumido ocurre en la negociación de tierras en escenarios tales.
De ahí que la ley de víctimas en trámite en el Congreso de Colombia se volvió una sola –a pesar de que en principio eran dos-, con la de restitución de tierras. Precisamente porque la reparación de las víctimas devino en imperativo jurídico, político y moral instalado de manera irreversible en la conciencia nacional, y porque cuando se habla de ello se habla necesariamente de la restitución de sus tierras, como que el despojo fue en mucho el motivo de la victimización.
Y aquí es donde los Montes de María resultan un laboratorio de caso, sin que se quiera decir que es particular o que lo allí ocurrido no fue un patrón común en la estrategia paramilitar del Estado en múltiples regiones del país. Sólo que lo allí ocurrido es emblemático.
Como emblemáticos son a su vez las haciendas La Alemania y La Europa en Ovejas –Sucre-. No por el despojo en sí de las comunidades que las poseían sobre lo cual nada hay novedoso por exponer, sino por las vicisitudes y la revictimización de los despojados a la hora del retorno.
En efecto, es tanta la conciencia que existe inclusive en estamentos del Estado sobre lo ominoso de una violencia que después de que masacraba y aterrorizaba se apropiaba de las tierras víctimas y los sobrevivientes, que sin necesidad de ley de víctimas y restitución de tierras, se ha admitido que los “derechos” de los usurpadores no son tales, y que garantizar el retorno es imperativo.
Es más, el ejecutivo nacional se ha visto precisado a reconocer públicamente ambas cosas, y a ordenar a las autoridades concernidas de apoyar ese retorno. Máxime, cuando el ministro de agricultura del presidente Santos ha aceptado con escándalo que en el de Alvaro Uribe Vélez la oficina de tierras del Estado, el Incoder, estuvo al servicio del paramilitarismo como que legalizó en su favor tierras de las víctimas.
Entonces, “saneados” los Montes de María del terrorismo, la delincuencia, el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla en virtud de las bondades de la “seguridad democrática” según el anterior y el actual mandatario, los desplazados de La Alemania y La Europa se dispusieron a retornar a los predios de los cuales fueron desplazados por las bandas de Rodrigo Tovar, alias Pupo, Juancho Dique y Rodrigo Mercado Cadena.
Tanto más factible el propósito, cuanto según la lógica de las altas autoridades, –ya veremos lo falso de esta-, esos predios están en regiones del departamento de Sucre declaradas en el mandato de Uribe como de “Consolidación y Acción Integral” a cargo de la fuerza pública, en el marco del “Plan Nacional de Consolidación Territorial”, cuya finalidad sería preservar los logros de la “Seguridad Democrática” mediante el férreo control por la fuerza pública de esos territorios y su población.
Pronto se pondría en evidencia la impostura. Las Zonas de Consolidación estaban precisamente para consolidar. Es decir, hacer irreversibles “los logros” de la seguridad democrática y dentro de estos uno fundamental, más que el extrañamiento de la guerrilla –algo instrumental apenas-, la recomposición de la estructura de propiedad de la tierra, en aras de una nueva institucionalidad:
la de las Zonas de Desarrollo Empresarial, en reemplazo de las Zonas de Reserva Campesina y de las Unidades Agrícolas Familiares, funcional la primera al capital, las segundas al campesino y a las comunidades pobres.
Y aquí es entonces cuando se comprende todo, particularmente el buen trabajo hecho por las paramilitares, la impunidad de la que gozaron, la cobertura que tuvieron de las autoridades para su accionar.
Y se entiende lo de La Alemania y La Europa, y por qué la fuerza pública acantonada en esa “Zona de Consolidación”, no ha garantizado que ese retorno nominalmente apoyado por el gobierno central se pueda dar, que el proceso carezca de tribulaciones: muerte, amenazas, armados oponiéndose y encarcelamiento.
Que de todo ello ha habido. Porque garantizarlo iría contra la razón de lo hecho y alcanzado durante veinticinco años, en lo cual la fuerza pública –Ejército, Armada, Policía Nacional-, fue piedra angular. O si no, que lo digan El Salado, El Chengue, Macayepo y San Onofre entre otras.
El líder de los desplazados de la Alemania y del proceso de retorno Rogelio Martínez Mercado, fue asesinado. Y con todo el repudio del crimen expresado por el gobierno, los usurpadores, testaferros y antiguas tropas de Juancho Dique y Rodrigo Mercado Cadena, continúan ocupando el predio.
La situación de La Europa, un predio de 1.300 hectáreas en Ovejas titulado por el Incora como propiedad colectiva a ciento trece familias campesinas que lo explotaban ya hace cuarenta años, no es mejor.
Al igual que en La Alemania, después de muchos muertos y encarcelados –las dos cosas iban de la mano y esto interpela a la Justicia sobre su papel en lo ocurrido-, muchas de esas familias huyeron. Y ahora cuando se anuncia que la guerra pasó, que hay garantías y que las víctimas pueden retornar, un “empresario” antioqueño Gabriel Vélez Jaramillo, desconocido en la zona, invoca a los legítimos dueños, falsos títulos de propiedad.
Y como es de uso, con hombres armados y amenazantes -Héctor San Martín Rivera el capataz “que frentea”, fue capturado allí por porte ilegal de armas-, va corriendo cercas, impidiendo el paso y sacando los animales que los campesinos tienen en su parcela.
Y eso lo hacen no sólo en los lotes de quienes huyeron y quieren regresar, sino en los que no fueron abandonados y siempre han estado ocupados por sus dueños.
Y junto a Vélez Jaramillo, otros grandes acaparadores de tierra “legalmente comprada” a los campesinos perseguidos de los Montes de María como Otto Bulla Bulla y la “Agroreforestadora del Caribe”, destruyendo el ecosistema con siembras intensivas de teca, eucalipto y palma aceitera.
Veredas completas desaparecieron porque compraron todos los predios y los englobaron. Tales, La Sierra, Loma Al Banco y Arena. Y por ese camino va Tierra Grata, en la alta montaña en Carmen de Bolívar, también en manos de inversionistas foráneos que adquirieron prevalidos del terror.
Y ya vienen en camino los grandes proyectos turísticos hacia Coveñas y la gran agroindustria en la feraces tierras de la Mojana Sucreña. Por eso, el ejército está construyendo una gran carretera en esa zona.
No para bienestar de los campesinos, sino de los grandes inversionistas que se hicieron a la tierra “pacificada”. Progreso sí, riqueza sí, y mucha, pero para unos pocos, no para los raizales poseedores del suelo. Y en todo caso abonada con sangre campesina.
El colofón de la cosecha del terror en los Montes de María que se ejemplifica en estos dos predios, es la posición de las autoridades civiles y militares frente a la violencia que se ejerce contra los que retornan. Es la de indolencia total.
Ni a nivel del departamento de Sucre, ni de su capital Sincelejo, ni de la alcaldía de Ovejas, y muchísimo menos en la Infantería de Marina y el Ejército copando esa “Zona de Consolidación”, se dan por aludidos. Ninguno reconoce tener facultades para intervenir frente a los testaferros y beneficiarios del paramilitarismo.
“No somos jueces” alegan. “Eso es de otra dependencia” aseguran, y remiten a otra oficina a las víctimas que acuden por garantías para el retorno. De la alcaldía a la gobernación, de esta al Incoder, de este al puesto de policía, de este al comando de la Brigada, y “mejor vayan a Bogotá porque el problema es de allá”.
Parauribismo/
‘Uribe debe responder por los casos de corrupción de su gobierno’: Pastrana
El expresidente volvió a regalarle el Partido Coservador a su homólogo y lo conminó a responder por los escándalos de su gobierno.
Por: Elespectador.com/Notimundo
Este jueves de nuevo arremetió el expresidente Andrés Pastrana en contra del Partido Conservador y del expresidente Álvaro Uribe.
Emplazó nuevamente a Uribe para que se quede con el Partido Conservador y le dijo que se lo regala, inclusive con una ñapa: la sede del directorio en la Soledad.
En diálogo con La Z, indicó que Uribe debe responder por los casos de corrupción de su gobierno como AIS, Supernotariado, Estupefacientes, Inco, Ministerio de Transporte y falsas desmovilizaciones.
Insistió en que los paras no eran tantos como loas hicieron aparecer en el gobierno uribe
El expresidente además aseguró que no quiere ser jefe natural ni asesor del Partido sino vocero de lo social y la moral.
Igualmente, pidió que el Estado intervenga el Partido Conservador. Según él, como los partidos manejan recursos públicos, deben caer en la órbita de organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría.
Para Pastrana debe ser intervenido el Partido para que expliquen cómo se están manejando los recursos que reciben del Estado.
El expresidente consideró que los directivos de los partidos deberían recibir un certificado previo de buena conducta como hacen con los altos funcionarios de las entidades bancarias y financieras.
Propuso que la Registraduría habilite un sistema por internet para elegir popularmente a los directivos de los partidos.
En ese sentido, señaló que es necesario reformar los estatutos del Partido Conservador para que puedan ser retirados de la directiva los que resulten comprometidos con casos de corrupción.
Finalmente, afirmó que no tiene dudas de que el presidente Juan Manuel Santos va a fortalecer al Partido Liberal como soporte para su gobierno.
Volver a la página principal
miércoles, marzo 16, 2011
Parauribismo/Colombia continúa sometida al régimen narcoparamilitar según estudioEsta estrategia criminal de la oligarquía criolla y transnacional hoy hace presencia en uno de cada tres municipios y en los 32 departamentos del paísPor Camilo Raigozo
Así se deduce de los resultados de un estudio dado a conocer este 16 de marzo por la ONG Indepaz, a pesar de que la investigación está basada mayormente en fuentes oficiales y medios de comunicación abiertamente cómplices del régimen.
El documento afirma que en el 2008 los narcoparamilitares cometieron actos criminales en 259 municipios; en 2009, en 278 y en 2010 abarcaron 360 de los 1.120 municipios del país y en los 32 departamentos.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero la Fiscalía reveló tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal hablaba de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar del régimen.
Ese informe también señaló que los ‘paras’, llamados estratégicamente por el régimen y la gran prensa, “Bandas Criminales”, cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 abusos contra la mujer y las niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales no especificados por la Fiscalía.
Según Indepaz los nuevos nombres estratégicos con que ahora se pretende ocultar el paramilitarismo son: Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado, entre otros nombres, todos encajonados como: Bandas Criminales.
El informe revela además que, en total, los paramilitares cuentan actualmente con unos 14.500 criminales en sus filas incluyendo las redes de apoyo. Al respecto las manifestaciones públicas de Santos sobre su “preocupación por el avance de las "bacrim" y su decisión de combatirlas”, contrastan con la seriedad con que ha abordado el problema al que considera "un capítulo de la lucha antidrogas o un asunto de la policía".
Los departamentos más afectados por la estrategia paramilitar, según Indepaz son: Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Los ‘paras’ delinquen en más de la mitad de los municipios de 10 departamentos y en al menos el 37 por ciento del total de los municipios de otros 15 departamentos. Eso significa que la Fuerza Pública sigue haciéndose la de la vista gorda o continúa en muchas regiones siendo cómplice del paramilitarismo.
En cuanto a la parapolítica el documento señala que esta sigue haciendo presencia en el Senado de la República con una cuota del 25 por ciento y en los municipios y departamentos con presencia paramilitar.
“La relación de narcoparamilitares, parapolíticos y contrataciones de macroproyectos de obras públicas es un capítulo conocido, pero que apenas se está destapando en sus verdaderas magnitudes en los procesos judiciales.
“Las investigaciones sobre corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, como en obras de infraestructura y en el sector salud, darán luces sobre esa articulación entre ‘paras’, narcos, políticos y contratos”, dice un aparte del documento.
En cuanto al desplazamiento y despojo de tierras, Indepaz sugiere que al menos ocho millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas por medio de esta estrategia criminal en los últimos 15 años y en más de 280.000 predios los verdaderos dueños no han podido regresar.
La estrategia de “Refundación de la patria” plasmada en el negociado Uribe-‘paras’, ha sido inmensamente exitosa pues en la Ley de Impunidad, mal llamada de Justicia y Paz, de 31.000 criminales “desmovilizados”, hasta el momento únicamente tres han sido condenados y se encuentran en instancia de apelación, es decir que ni siquiera son todavía decisiones judiciales firmes.
Lea también:
V Informe sobre narcoparamilitares en 2010
Seguridad narcocrática/Ejército Nacional asesinó a campesino en Paya, BoyacáPor Camilo Raigozo
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato a manos del Ejército Nacional del joven campesino José Rojas Largo.
El crimen fue perpetrado el 15 de marzo de 2011 a las nueve y media de la noche, en la vereda Altamira, corregimiento de Morcote, municipio de Paya, Boyacá.
Los militares que se encontraban en los alrededores de la escuela de la vereda Altamira (violando el Derecho Internacional Humanitario), le dispararon a la víctima cuando esta bajaba por un camino cercano al centro educativo causándole la muerte.
La Corporación Claretiana, ONG dedicada a la defensa y divulgación de los derechos humanos, le dijo a Notimundo que “este 16 de marzo de 2011 a las diez de la mañana, el cuerpo del campesino permanecía tirado, ya que las tropas no han permitido a los familiares acercarse hasta él”.
También informó que la familia no tiene recursos para desplazarse hasta Yopal, donde los militares indicaron que llevarían el cuerpo para realizarle los estudios forenses.
La nueva víctima de la política de “seguridad democrática” practicada por Uribe y ahora por Santos, José Rojas Largo, era un humilde campesino de la vereda Altamira, conocido por todos los miembros de la comunidad y por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la cual adelanta una labor humanitaria en la región.
La Corporación recordó que entre el 2007 y 2008 se registraron seis casos de ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región, los cuales han sido denunciados ante las autoridades pertinentes.
El 13 de mayo de 2009 se registraron malos tratos y falsas acusaciones contra los jóvenes de las veredas Altamira, Niscota y Morcote y otras de los municipios de Paya, Boyacá y Nunchía, Casanare, por miembros del Ejército Nacional de la Brigada XVI de Yopal. Dichas denuncias fueron radicadas el 14 de mayo de 2009 ante la Defensoría del Pueblo.
Según la fuente, los campesinos han denunciado constantes amenazas e intimidaciones por parte del Ejército Nacional, el cual los obliga a firmar permisos para permitir la entrada de las compañías petroleras que realizan operaciones en las veredas de la región y de los municipios de Paya, Boyacá, Nunchía y Tamara, Casanare.
Seguridad narcocrática/Medida de aseguramiento contra seis militares por asesinato a sangre fría de persona protegida Por Camilo Raigozo
Este 16 de marzo de 2011, se conoció que la Fiscalía ordenó la detención preventiva contra seis militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de un civil el cual presentaron como jefe de milicias de las Farc abatido en combate.
El crimen fue perpetrado el 6 de enero de 2005 en la vereda El Barcino, del municipio de Campamento, Antioquia, donde tropas de la IV Brigada del Ejército asesinaron a sangre fría a José Ignacio García Susa, informó el ente investigador.
La información recaudada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH le permitió sindicar por el delito de homicidio en persona protegida a: César Augusto Cómbita Eslava, capitán; Fernando Ávila Alfonso, suboficial; y los soldados profesionales Janes Alexander Sarrázola, José Wilton Torres Mosquera, Mauricio de Jesús Ciro Ramírez, y John Jairo Ospina Álvarez. La Fiscalía advirtió que el oficial Cómbita Eslava, está inmerso en otros procesos.
¡Qué metida de pata!Por Margarita Londoño
En su columna de El Espectador del domingo pasado, titulada “Certificado de Negro”, Héctor Abad Facio-Lince (foto), se queja de que en Colombia se esté aplicando la “acción afirmativa” o discriminación positiva a favor de los afrodescendientes para garantizarles privilegios por sus características étnicas.
El escritor ridiculiza esta política haciendo una comparación totalmente equívoca e injusta, a mi modo de ver, con el nazismo que buscaba favorecer a los arios en perjuicio de otras etnias.
Aquí se le fueron las luces al señor Facio-Lince y, por dárselas de irreverente o “bastardo” como se autodenomina en su columna, metió las de caminar.
Es que una cosa es mantenerle los privilegios a una raza a costa de eliminar otras, como de hecho sucedió en la Alemania nazi, y algo muy distinto es disminuir las desigualdades que por siglos se han erigido contra afrodescendientes e indígenas en nuestro continente.
Los arios, miembros de esa raza que hacía suspirar de emoción a Hitler, tenían el poder, tenían la fuerza del gobierno, se habían adueñado por medio de la intimidación y el autoritarismo de los medios de producción y utilizaron la brutalidad y las armas para mantener y ampliar la supremacía aria y llevar al exterminio al pueblo judío y a todos aquellos que no eran considerados dignos de la pureza étnica que pregonaban.
En la Alemania Nazi no se trataba de proteger a nadie, sino de imponer una supremacía por la fuerza, sin ninguna legalidad, con métodos de barbarie que nadie en su sano juicio puede siquiera comparar con lo que hoy se busca establecer como mecanismo de compensación histórica.
No, señor Héctor Abad, no es lo mismo, no acuda al sofisma insostenible de comparar la búsqueda de equidad con poblaciones aplastadas y discriminadas, como las afro y las indígenas, con el aborrecible nazismo. Eso no le queda bien a un intelectual de su talante.
Las poblaciones afrodescendientes e indígenas coinciden casi que milimétricamente con los sectores más empobrecidos del país. El Chocó, la Costa Nariñense, la Caucana, Buenaventura, los pueblos wuanan, arhuaco, wuayú, tucano, paez, guambiano y en general todos los lugares de Colombia donde hay presencia indígena y afro, carecen de los más elementales servicios del Estado.
En estos sitios el suministro de agua potable, energía, saneamiento básico y comunicaciones es mínimo, la educación básica es precaria y la superior inexistente, el nivel de atención en salud no pasa de los servicios básicos y ni que hablar de las vías que debieran comunicarlos con el país desarrollado.
¿Ha transitado usted por la carretea a Quibdó? ¿Sabe cómo se llega a Guapi, o Puerto Merizalde? ¿Conoce algún camino que comunique con Puerto Leguízamo o Mitú?
Como si esto fuera poco, los territorios de población indígena y afrodescendiente son aquellos con mayor presencia guerrillera, de paracos o narcotraficantes. Estas poblaciones son las que más han sufrido el desplazamiento y están pagando con sangre el descuido del Estado a sus comunidades, llámense cabildos o territorios comunitarios.
Es muy fácil señor Facio-lince desde su cómoda posición de intelectual, de viajero frecuente, de paisa blanco, de mimado por la prensa, reírse de los tímidos avances que han logrado en su larga lucha los afros y los indígenas.
Pero es extraño que lo haga alguien que, como usted, ha demostrado ser consciente de las injusticias de este país. Entre otras cosas, porque los afro y los indígenas no son quienes legislan, ni quienes gobiernan.
Con muy escasas excepciones aquí los legisladores son blancos, de estrato alto, con educación superior y viven en los sectores ricos de las grandes ciudades y no precisamente en Aguablanca, Ciudad Bolívar o la Comuna Nororiental de Medellín, donde si sobreviven, en medio de penurias injustificables, una gran mayoría de afrodescendientes, indígenas y mestizos.
Para estas poblaciones, empobrecidas y olvidadas, es que existe la acción afirmativa, que en nada amenaza los privilegios de otras poblaciones como a las que pertenecemos usted y yo.
Parauribismo/
Colombia continúa sometida al régimen narcoparamilitar según estudio
Esta estrategia criminal de la oligarquía criolla y transnacional hoy hace presencia en uno de cada tres municipios y en los 32 departamentos del país
Por Camilo Raigozo
Así se deduce de los resultados de un estudio dado a conocer este 16 de marzo por la ONG Indepaz, a pesar de que la investigación está basada mayormente en fuentes oficiales y medios de comunicación abiertamente cómplices del régimen.
El documento afirma que en el 2008 los narcoparamilitares cometieron actos criminales en 259 municipios; en 2009, en 278 y en 2010 abarcaron 360 de los 1.120 municipios del país y en los 32 departamentos.
Cabe recordar que el pasado 13 de enero la Fiscalía reveló tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal hablaba de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar del régimen.
Ese informe también señaló que los ‘paras’, llamados estratégicamente por el régimen y la gran prensa, “Bandas Criminales”, cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 abusos contra la mujer y las niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales no especificados por la Fiscalía.
Según Indepaz los nuevos nombres estratégicos con que ahora se pretende ocultar el paramilitarismo son: Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), las Águilas Negras y la Oficina de Envigado, entre otros nombres, todos encajonados como: Bandas Criminales.
El informe revela además que, en total, los paramilitares cuentan actualmente con unos 14.500 criminales en sus filas incluyendo las redes de apoyo. Al respecto las manifestaciones públicas de Santos sobre su “preocupación por el avance de las "bacrim" y su decisión de combatirlas”, contrastan con la seriedad con que ha abordado el problema al que considera "un capítulo de la lucha antidrogas o un asunto de la policía".
Los departamentos más afectados por la estrategia paramilitar, según Indepaz son: Antioquia, Cauca, Caldas, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Los ‘paras’ delinquen en más de la mitad de los municipios de 10 departamentos y en al menos el 37 por ciento del total de los municipios de otros 15 departamentos. Eso significa que la Fuerza Pública sigue haciéndose la de la vista gorda o continúa en muchas regiones siendo cómplice del paramilitarismo.
En cuanto a la parapolítica el documento señala que esta sigue haciendo presencia en el Senado de la República con una cuota del 25 por ciento y en los municipios y departamentos con presencia paramilitar.
“La relación de narcoparamilitares, parapolíticos y contrataciones de macroproyectos de obras públicas es un capítulo conocido, pero que apenas se está destapando en sus verdaderas magnitudes en los procesos judiciales.
“Las investigaciones sobre corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, como en obras de infraestructura y en el sector salud, darán luces sobre esa articulación entre ‘paras’, narcos, políticos y contratos”, dice un aparte del documento.
En cuanto al desplazamiento y despojo de tierras, Indepaz sugiere que al menos ocho millones de hectáreas de tierras fueron usurpadas por medio de esta estrategia criminal en los últimos 15 años y en más de 280.000 predios los verdaderos dueños no han podido regresar.
La estrategia de “Refundación de la patria” plasmada en el negociado Uribe-‘paras’, ha sido inmensamente exitosa pues en la Ley de Impunidad, mal llamada de Justicia y Paz, de 31.000 criminales “desmovilizados”, hasta el momento únicamente tres han sido condenados y se encuentran en instancia de apelación, es decir que ni siquiera son todavía decisiones judiciales firmes.
Lea también:
V Informe sobre narcoparamilitares en 2010
Lea también:
V Informe sobre narcoparamilitares en 2010
Seguridad narcocrática/
Ejército Nacional asesinó a campesino en Paya, Boyacá
Por Camilo Raigozo
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció ante la opinión pública nacional e internacional el asesinato a manos del Ejército Nacional del joven campesino José Rojas Largo.
El crimen fue perpetrado el 15 de marzo de 2011 a las nueve y media de la noche, en la vereda Altamira, corregimiento de Morcote, municipio de Paya, Boyacá.
Los militares que se encontraban en los alrededores de la escuela de la vereda Altamira (violando el Derecho Internacional Humanitario), le dispararon a la víctima cuando esta bajaba por un camino cercano al centro educativo causándole la muerte.
La Corporación Claretiana, ONG dedicada a la defensa y divulgación de los derechos humanos, le dijo a Notimundo que “este 16 de marzo de 2011 a las diez de la mañana, el cuerpo del campesino permanecía tirado, ya que las tropas no han permitido a los familiares acercarse hasta él”.
También informó que la familia no tiene recursos para desplazarse hasta Yopal, donde los militares indicaron que llevarían el cuerpo para realizarle los estudios forenses.
La nueva víctima de la política de “seguridad democrática” practicada por Uribe y ahora por Santos, José Rojas Largo, era un humilde campesino de la vereda Altamira, conocido por todos los miembros de la comunidad y por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la cual adelanta una labor humanitaria en la región.
La Corporación recordó que entre el 2007 y 2008 se registraron seis casos de ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región, los cuales han sido denunciados ante las autoridades pertinentes.
El 13 de mayo de 2009 se registraron malos tratos y falsas acusaciones contra los jóvenes de las veredas Altamira, Niscota y Morcote y otras de los municipios de Paya, Boyacá y Nunchía, Casanare, por miembros del Ejército Nacional de la Brigada XVI de Yopal. Dichas denuncias fueron radicadas el 14 de mayo de 2009 ante la Defensoría del Pueblo.
Según la fuente, los campesinos han denunciado constantes amenazas e intimidaciones por parte del Ejército Nacional, el cual los obliga a firmar permisos para permitir la entrada de las compañías petroleras que realizan operaciones en las veredas de la región y de los municipios de Paya, Boyacá, Nunchía y Tamara, Casanare.
Seguridad narcocrática/
Medida de aseguramiento contra seis militares por asesinato a sangre fría de persona protegida
Por Camilo Raigozo
Este 16 de marzo de 2011, se conoció que la Fiscalía ordenó la detención preventiva contra seis militares por su presunta responsabilidad en el asesinato de un civil el cual presentaron como jefe de milicias de las Farc abatido en combate.
El crimen fue perpetrado el 6 de enero de 2005 en la vereda El Barcino, del municipio de Campamento, Antioquia, donde tropas de la IV Brigada del Ejército asesinaron a sangre fría a José Ignacio García Susa, informó el ente investigador.
La información recaudada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH le permitió sindicar por el delito de homicidio en persona protegida a: César Augusto Cómbita Eslava, capitán; Fernando Ávila Alfonso, suboficial; y los soldados profesionales Janes Alexander Sarrázola, José Wilton Torres Mosquera, Mauricio de Jesús Ciro Ramírez, y John Jairo Ospina Álvarez. La Fiscalía advirtió que el oficial Cómbita Eslava, está inmerso en otros procesos.
La información recaudada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH le permitió sindicar por el delito de homicidio en persona protegida a: César Augusto Cómbita Eslava, capitán; Fernando Ávila Alfonso, suboficial; y los soldados profesionales Janes Alexander Sarrázola, José Wilton Torres Mosquera, Mauricio de Jesús Ciro Ramírez, y John Jairo Ospina Álvarez. La Fiscalía advirtió que el oficial Cómbita Eslava, está inmerso en otros procesos.
¡Qué metida de pata!
Por Margarita Londoño
En su columna de El Espectador del domingo pasado, titulada “Certificado de Negro”, Héctor Abad Facio-Lince (foto), se queja de que en Colombia se esté aplicando la “acción afirmativa” o discriminación positiva a favor de los afrodescendientes para garantizarles privilegios por sus características étnicas.
El escritor ridiculiza esta política haciendo una comparación totalmente equívoca e injusta, a mi modo de ver, con el nazismo que buscaba favorecer a los arios en perjuicio de otras etnias.
Aquí se le fueron las luces al señor Facio-Lince y, por dárselas de irreverente o “bastardo” como se autodenomina en su columna, metió las de caminar.
Es que una cosa es mantenerle los privilegios a una raza a costa de eliminar otras, como de hecho sucedió en la Alemania nazi, y algo muy distinto es disminuir las desigualdades que por siglos se han erigido contra afrodescendientes e indígenas en nuestro continente.
Los arios, miembros de esa raza que hacía suspirar de emoción a Hitler, tenían el poder, tenían la fuerza del gobierno, se habían adueñado por medio de la intimidación y el autoritarismo de los medios de producción y utilizaron la brutalidad y las armas para mantener y ampliar la supremacía aria y llevar al exterminio al pueblo judío y a todos aquellos que no eran considerados dignos de la pureza étnica que pregonaban.
En la Alemania Nazi no se trataba de proteger a nadie, sino de imponer una supremacía por la fuerza, sin ninguna legalidad, con métodos de barbarie que nadie en su sano juicio puede siquiera comparar con lo que hoy se busca establecer como mecanismo de compensación histórica.
No, señor Héctor Abad, no es lo mismo, no acuda al sofisma insostenible de comparar la búsqueda de equidad con poblaciones aplastadas y discriminadas, como las afro y las indígenas, con el aborrecible nazismo. Eso no le queda bien a un intelectual de su talante.
Las poblaciones afrodescendientes e indígenas coinciden casi que milimétricamente con los sectores más empobrecidos del país. El Chocó, la Costa Nariñense, la Caucana, Buenaventura, los pueblos wuanan, arhuaco, wuayú, tucano, paez, guambiano y en general todos los lugares de Colombia donde hay presencia indígena y afro, carecen de los más elementales servicios del Estado.
En estos sitios el suministro de agua potable, energía, saneamiento básico y comunicaciones es mínimo, la educación básica es precaria y la superior inexistente, el nivel de atención en salud no pasa de los servicios básicos y ni que hablar de las vías que debieran comunicarlos con el país desarrollado.
¿Ha transitado usted por la carretea a Quibdó? ¿Sabe cómo se llega a Guapi, o Puerto Merizalde? ¿Conoce algún camino que comunique con Puerto Leguízamo o Mitú?
Como si esto fuera poco, los territorios de población indígena y afrodescendiente son aquellos con mayor presencia guerrillera, de paracos o narcotraficantes. Estas poblaciones son las que más han sufrido el desplazamiento y están pagando con sangre el descuido del Estado a sus comunidades, llámense cabildos o territorios comunitarios.
Es muy fácil señor Facio-lince desde su cómoda posición de intelectual, de viajero frecuente, de paisa blanco, de mimado por la prensa, reírse de los tímidos avances que han logrado en su larga lucha los afros y los indígenas.
Pero es extraño que lo haga alguien que, como usted, ha demostrado ser consciente de las injusticias de este país. Entre otras cosas, porque los afro y los indígenas no son quienes legislan, ni quienes gobiernan.
Con muy escasas excepciones aquí los legisladores son blancos, de estrato alto, con educación superior y viven en los sectores ricos de las grandes ciudades y no precisamente en Aguablanca, Ciudad Bolívar o la Comuna Nororiental de Medellín, donde si sobreviven, en medio de penurias injustificables, una gran mayoría de afrodescendientes, indígenas y mestizos.
Para estas poblaciones, empobrecidas y olvidadas, es que existe la acción afirmativa, que en nada amenaza los privilegios de otras poblaciones como a las que pertenecemos usted y yo.
