Terrorismo de Estado
Ejército, Policía, Fiscalía y Defensoría, victimarios de
campesinos de La Uribe, Meta
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 6 de mayo, el Juzgado Primero Promiscuo de
Control de Garantías, de Granada, Meta, ordenó la libertad de tres campesinos,
víctimas de falsos positivos judiciales del Ejército y la Fiscalía.
La orden de libertad por vencimiento de términos cobijó
al presidente de una junta de acción comunal en La Uribe y otros dos son campesinos afiliados y
activistas en diferentes comités de juntas comunales del mismo municipio.
Los tres labriegos junco a otros 10 fueron víctimas de un
operativo militar y judicial, el 26 de Mayo de 2013, informó Héctor Hugo Torres
Hurtado, defensor de derechos humanos, de la Corporación de Derechos Humanos
del Bajo Ariari.
Ese día en la inspección de La Julia, cuando el alcalde y
otros funcionarios de La Uribe estaban convocando a las madres de la localidad
para celebrarles su día, miembros del Ejército incursionaron en la caseta y
capturaron a 13 campesinos.
Wntre ellos, La inspectora de policía Nohora González, el
concejal Edwin Conde Hernández, acusados del delito de rebelión. Luego los
agentes represores patrullaron el pueblo y fueron sacando uno a uno, a 9 o 10
pobladores más y los llevaron a Granada.
A la misma hora en la cabecera municipal, la Policía y el
Ejército detuvieron a otros tres pobladores.
El alcalde Marcelino Chacón luego de la actividad en la inspección
de La Julia se trasladó al corregimiento El Diviso donde le festejó el a las
madres su día. Luego emprendió el viaje a la cabecera municipal.
Allí lo estaban esperando el Ejército y la Policía quienes
lo capturaron acusado de rebelión y lo trasladaron a Granada.
En la audiencia de control de garantías, legalización de
las capturas, imputación de cargos e imposición de medidas de aseguramiento, los
abogados del alcalde Chacón, del concejal Conde y de la inspectora de policía
González, apelaron la medida de aseguramiento la que fue fallada a su favor
quedando los tres en libertad.
Las otras 9 víctimas del régimen, entre ellas, Wilson
Daniel Vacca, Numael Paez y Edgar Cruz Aguiar, dirigentes comunales, quedaron
detenidos ya que extrañamente los
abogados de oficio que los defendía no apelaron las medidas de aseguramiento
las cuales fueron ilegales.
A estos campesinos les tocó esperar por su libertad,
decretada por Juez Primero Promiscuo de Control de Garantías de Granada, hasta el
pasado 6 de mayo.
Sin embargo, la libertad de las tres víctimas solo se
realizó el 10 de mayo debido a supuestos trámites dilatorios del sistema
judicial y del Inpec, quienes para encarcelar a los campesinos si son acuciosos,
diligentes y rápidos.
Existe preocupación en los pobladores de la región porque
el Ejército y la Policía han amenazado con que tienen al menos otras 80 órdenes
de capturas contra igual número de campesinos. Varias personas han sido
encarceladas este año con base en montajes judiciales.
Entre los últimos capturados hay importantes líderes comunales,
sociales, defensores de derechos humanos,
comerciantes y antiguos habitantes de la
región, lo que demuestra la estrategia criminal de los organismos militares y
judiciales del estado.
Los tres campesinos próximos a quedar en libertad han
sido defendidos por los abogados José Manuel Rátiva Mayuza, de la Corporación
Derechos Humanos, Vida, Dignidad y Paz,
Dhvdp.
En el desarrollo del proceso contra los labriegos no ha
habido pruebas contundentes que sustenten los argumentos por los cuales la
Fiscalía solicitó las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento.
A pesar de que el material probatorio es débil e insuficiente, a los campesinos se
les ha inducido para que acepten los delitos que se les imputa y realicen
acuerdos judiciales.
Por su parte la Defensoría del Pueblo, de manera
descarada, asignó a un exmilitar como abogado defensor de varios procesados por
el delito de rebelión. Este de manera irresponsable lo que hace es pedirle a
sus “defendidos” que acepten los delitos y se acojan a sentencia anticipada. El
exmilitar debe declarase impedido para ejercer la defensa de sus víctimas.
Por otro lado, desde el día 6 de mayo de 2014, campesinos
que se movilizan desde distintos sectores y municipios del Bajo Ariari, fueron amedrentados e intimidados por la
Policía y el Ejército quienes impiden el derecho a la protesta y movilización
pacífica.
Ese mismo día fue impedido el paso de los buses de
empresas transportadoras, desde Villavicencio a los municipios del Bajo Ariari,
en el Meta y algunos de estos fueron objeto de inmovilización.
En la inspección de la Julia y en la cabecera municipal
de Uribe, el Ejército y la Plicía, empadronaron, registraron y presionaron de
manera abusiva a los campesinos que participaban en el paro.
Los responsables de los abusos de las tropas del Ejército
y Policía son el coronel, Eduardo
González Guerrero, comandante de la Brigada Móvil 2. El teniente coronel, Julio
Cesar Mejía, comandante del Batallón 29
de contra guerrillas.
El teniente coronel Kell Soler Linares, comandante de la Brigada
Móvil 10, con sede en La Julia. El mayor, Arnulfo Caicedo, comandante Estación
de Policía de La Julia y el subteniente, Carlos Alberto Bolaños Romero, comandante
de la Estación de Policía La Uribe.
