jueves, mayo 08, 2014

Intervención de la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos en el foro “Sumapaz en debate: Conflictos territoriales entre las sendas del desarrollo”

Compañeras y compañeros:

Saludo muy cordialmente a todas y todos los participantes en el Foro “Sumapaz en debate: conflictos territoriales entre las sendas del desarrollo” y felicito al colectivo Agenda Bogotá y al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz por la iniciativa de haberlo convocado, así como al Concejal de Bogotá, Roberto Sáenz, al Senador Luís Carlos Avellaneda por el apoyo que le han brindado.

Quienes tenemos como bandera de lucha la defensa de los intereses nacionales y populares, valoramos la importancia de este evento que está motivado por la preocupación creciente de las comunidades de la región del Sumapaz por las consecuencias de los proyectos minero-energéticos que están en marcha en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 del gobierno de Santos.

Al respecto, es conveniente recordar que dicho Plan tiene un presupuesto total de 536 billones de pesos, de los cuales a las llamadas “locomotoras del crecimiento” se les asignan 234.4 y, de estos, 97.3 billones corresponden al sector minero-energético, lo que indica la importancia que le asigna el gobierno.

El 80.9% de los recursos de las locomotoras provienen del sector privado y, por consiguiente, la política privatizadora es uno de los pilares del Plan de Desarrollo y explica la presencia de las empresas transnacionales a lo largo y ancho del país.

Cuando nos ocupamos del caso concreto del Sumapaz, lo primero que nos llama la atención es el hermetismo del gobierno y de las empresas. Si los proyectos son tan favorables para la región, por qué se les rodea de tanto secreto y es tan difícil conocer en qué consisten? Por qué una de las principales avanzadas de tales proyectos es siempre la presencia militar?

Por lo que sabemos hasta ahora, para la región hay dos proyectos minero-energéticos. Uno consiste en la construcción de una serie de obras para la generación de energía eléctrica en la cuenca del río Sumapaz por parte de las transnacionales EMGESA, ENDESA y la Empresa de Energía de Bogotá. Las dos primeras son las mismas empresas que construyen el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que ha provocado una gran movilización popular de rechazo por los desastrosos efectos económicos, sociales y ambientales que tiene para varios municipios del Departamento del Huila. El otro proyecto es un contrato suscrito entre la transnacional Australian Drilling Asociates y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para hacer exploración y explotación de hidrocarburos en los municipios de Fusagasugá y Pasca. En los dos casos, se desconoce cuál  será el impacto de los proyectos en la población y en el medio ambiente, lo que, a nuestro juicio, es particularmente grave por las características de la zona afectada.

Sumapaz, además de ser una provincia de Cundinamarca, es un parque natural de 212 mil hectáreas y un páramo, el más grande del mundo. Tiene influencia en 25 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta y el oriente del Tolima y constituye una de las principales fuentes de agua del país y de América. Allí nacen los ríos Sumapaz y Cuja que abastecen de agua a 10 municipios de Cundianamarca y Tolima; allí está la cuenca del río Tunjuelo cuyas aguas benefician a dos millones de personas de cinco localidades de Bogotá; allí se originan los ríos Meta, Ariari y Guayabero y hay numerosas lagunas, todo lo cual indica que del equilibrio ambiental de esta zona depende la suerte de muchos colombianos y que su conservación y cuidado es de fundamental importancia no solo para la región, sino para el país.

Según informes de la CAR y del Sindicato Agrícola, alrededor de 20 mil hectáreas de páramo han sido arrasados por la agricultura en los municipios de Junín, Gutiérrez, Pasca, Cabrera y San Bernardo.

Desde hace más de 12 años, la “seguridad democrática” impuso la militarización de la región, con graves consecuencias para el medio ambiente y para la tranquilidad de sus habitantes. La Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sumapaz ha denunciado que “por cada 4 soldados, se tumban 20 frailejones para usar sus hojas como camas o cobijas” y que “las 28 cuencas y subcuencas hidrográficas que se desprenden del páramo, han sido en algún momento contaminadas por heces, baterías de radios de comunicación, comida, plásticos y armamento”.

A lo anterior se suman los atropellos de la Fuerza Pública contra la población, a la que sindican de terrorista y someten a toda clase de arbitrariedades como, encarcelamientos, torturas, desapariciones forzadas, bombardeos, invasión de espacios privados y civiles, violando de manera flagrante los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Un caso ilustrativo fue el asesinato de tres jóvenes campesinos, que fueron presentados por los militares como guerrilleros de las FARC muertos en combates. El Juzgado Penal de Acacias sentenció a 35 años y 3 meses de prisión a 7 militares del Batallón de Contraguerrilla No. 13 por este hecho.

Por lo demás, hay suficientes evidencias de que la militarización no obedece sólo a la estrategia contrainsurgente del gobierno, sino porque es un factor de presión para expulsar a la gente de sus territorios y abrirles espacios a los megaproyectos.

La política de estímulos desproporcionados a la inversión extranjera, con el consabido argumento de lograr el desarrollo, está dejando desastrosos resultados, como lo demuestran las frecuentes denuncias sobre los desmanes de las compañías transnacionales. En los casos de El Cesar y la Guajira, la explotación del carbón sólo deja miseria y abandono en los municipios productores, una impresionante degradación del medio ambiente y el riesgo de que toda esa región quede convertida en un desierto, es decir, que los supuestos beneficios se reducen a unos pocos puestos de trabajo y a unas precarias regalías que, por lo general, terminan en los bolsillos de funcionarios corruptos, mientras el grueso de la población vive en la pobreza y la miseria. Una situación similar se vive en los llanos orientales con la explotación del petróleo, como se puso de manifiesto recientemente con la muerte de miles de animales nativos en Casanare. Con razón, el investigador Jürgen Schuldt ha afirmado que “Aunque pueda causar sorpresa, la evidencia reciente y muchas experiencias históricas nos permiten afirmar que los países que se han especializado en la extracción y exportación de recursos naturales, normalmente no han logrado desarrollarse”.

De otra parte, el desarrollo de las telecomunicaciones nos permite ver en tiempo real la ocurrencia en todas partes del mundo de desastres provocados por las inundaciones, los huracanes, las avalanchas, las sequías y otros fenómenos naturales producidos por la degradación del medio ambiente y el cambio climático, que cada vez se hacen más frecuentes y destructores y dejan millones de víctimas.

Colombia posee el 64% de los páramos del mundo, que son una de las principales fuentes de agua. El Código Minero establece que los páramos, las reservas forestales, los humedales y los parques naturales son zonas de exclusión minera. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, en el año 2010 había 108 mil hectáreas concesionadas y el 47% de las áreas de páramos tenían solicitudes de particulares para su explotación.

Durante algún tiempo, el gobierno hizo alardes demagógicos a cerca de sus éxitos en materia de medio ambiente, y Colombia aparecía en un lugar destacado en el mundo, pero las mentiras bien pronto se derrumbaron y fue así como el Ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, reveló en el diario El Tiempo del 3 de marzo de este año que “Colombia se desplomó en el escalafón Yale-Columbia de desempeño ambiental, al pasar del puesto 9 al 85 entre 176 países, en el período 2008 – 2014. En América Latina y El Caribe pasó del 2° puesto al 14”.

Nuestro país y el mundo están llegando a un punto en el que si no se detiene la explotación irracional de los recursos naturales y no se adoptan medidas prontas y eficaces para proteger el planeta tendremos que enfrentar consecuencias desoladoras. Por lo tanto es hora de entender que por encima de los intereses mezquinos de unos pocos negociantes está el derecho a la vida y la supervivencia de la especie humana.

Las evidencias sobre las nefastas consecuencias de la depredación del medio ambiente son abrumadoras, pero la experiencia enseña que cuando están de por medio las ganancias los capitalistas no entienden razones.

Por eso, es necesario prepararse para enfrentar las consecuencias que se ciernen sobre el Sumapaz. Esta es una región que tiene una larga tradición de lucha.

La historiadora Rocío Londoño anota que durante la guerra de los mil días “fue epicentro de numerosos enfrentamientos entre las tropas del ejército conservador y las guerrillas liberales”, que en el primer tercio del siglo XX “experimentó numerosos y prolongados conflictos sociales” y que “para defender sus parcelas y lograr cambios en las condiciones de trabajo en las haciendas, tanto los colonos como los arrendatarios fueron construyendo varias formas de organización, los cuales a finales de la década del veinte, bajo la orientación del líder agrarista Erasmo Valencia se agruparían formalmente bajo la Sociedad Agrícola de la Colonia de Sumapaz, organización que llegaría a tener cerca de 6.000 afiliados”.

Posteriormente, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desencadenó en la región una oleada de violencia conservadora que dio lugar a que la población se organizara con guerrillas para defenderse, hasta que en 1957 fue firmado un acuerdo de paz. El protagonista principal de esta época fue el legendario líder campesino Juan de la Cruz Varela, a cuya memoria rendimos tributo y cuyo ejemplo es especialmente valioso en las actuales circunstancias.

Ante la situación que se vive en la región del Sumapaz, consideramos necesario exigir del gobierno y de las empresas comprometidas información clara y completa sobre los proyectos que involucran a la región; adelantar una campaña de difusión dirigida a que la población sea plenamente consciente de los riesgos que la amenazan; organizar a las masas y movilizarlas a la lucha y trabajar por la creación de una Zona de Reserva Campesina que sea instrumento eficaz para defender los intereses del campesinado y preservar la región del Sumapaz como un patrimonio natural de nuestro país.

Conocedores de la tradición de lucha del pueblo Sumapaceño, tenemos la certeza de que sabrá responder a este compromiso histórico de defender los recursos naturales como herencia para las futuras generaciones de colombianos.

Bogotá, D.C, 8 de mayo de 2014



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