Intervención de la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos en
el foro “Sumapaz en debate: Conflictos territoriales entre las sendas del
desarrollo”
Compañeras y compañeros:
Saludo muy cordialmente a todas y todos los participantes
en el Foro “Sumapaz en debate: conflictos territoriales entre las sendas del
desarrollo” y felicito al colectivo Agenda Bogotá y al Sindicato de
Trabajadores Agrícolas de Sumapaz por la iniciativa de haberlo convocado, así
como al Concejal de Bogotá, Roberto Sáenz, al Senador Luís Carlos Avellaneda
por el apoyo que le han brindado.
Quienes tenemos como bandera de lucha la defensa de los
intereses nacionales y populares, valoramos la importancia de este evento que
está motivado por la preocupación creciente de las comunidades de la región del
Sumapaz por las consecuencias de los proyectos minero-energéticos que están en
marcha en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 del gobierno
de Santos.
Al respecto, es conveniente recordar que dicho Plan tiene
un presupuesto total de 536 billones de pesos, de los cuales a las llamadas
“locomotoras del crecimiento” se les asignan 234.4 y, de estos, 97.3 billones
corresponden al sector minero-energético, lo que indica la importancia que le
asigna el gobierno.
El 80.9% de los recursos de las locomotoras provienen del
sector privado y, por consiguiente, la política privatizadora es uno de los
pilares del Plan de Desarrollo y explica la presencia de las empresas
transnacionales a lo largo y ancho del país.
Cuando nos ocupamos del caso concreto del Sumapaz, lo
primero que nos llama la atención es el hermetismo del gobierno y de las
empresas. Si los proyectos son tan favorables para la región, por qué se les
rodea de tanto secreto y es tan difícil conocer en qué consisten? Por qué una
de las principales avanzadas de tales proyectos es siempre la presencia
militar?
Por lo que sabemos hasta ahora, para la región hay dos
proyectos minero-energéticos. Uno consiste en la construcción de una serie de
obras para la generación de energía eléctrica en la cuenca del río Sumapaz por
parte de las transnacionales EMGESA, ENDESA y la Empresa de Energía de Bogotá.
Las dos primeras son las mismas empresas que construyen el proyecto
hidroeléctrico El Quimbo, que ha provocado una gran movilización popular de
rechazo por los desastrosos efectos económicos, sociales y ambientales que
tiene para varios municipios del Departamento del Huila. El otro proyecto es un
contrato suscrito entre la transnacional Australian Drilling Asociates y la
Agencia Nacional de Hidrocarburos para hacer exploración y explotación de
hidrocarburos en los municipios de Fusagasugá y Pasca. En los dos casos, se
desconoce cuál será el impacto de los
proyectos en la población y en el medio ambiente, lo que, a nuestro juicio, es
particularmente grave por las características de la zona afectada.
Sumapaz, además de ser una provincia de Cundinamarca, es
un parque natural de 212 mil hectáreas y un páramo, el más grande del mundo.
Tiene influencia en 25 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Huila,
Meta y el oriente del Tolima y constituye una de las principales fuentes de
agua del país y de América. Allí nacen los ríos Sumapaz y Cuja que abastecen de
agua a 10 municipios de Cundianamarca y Tolima; allí está la cuenca del río
Tunjuelo cuyas aguas benefician a dos millones de personas de cinco localidades
de Bogotá; allí se originan los ríos Meta, Ariari y Guayabero y hay numerosas
lagunas, todo lo cual indica que del equilibrio ambiental de esta zona depende la
suerte de muchos colombianos y que su conservación y cuidado es de fundamental
importancia no solo para la región, sino para el país.
Según informes de la CAR y del Sindicato Agrícola,
alrededor de 20 mil hectáreas de páramo han sido arrasados por la agricultura
en los municipios de Junín, Gutiérrez, Pasca, Cabrera y San Bernardo.
Desde hace más de 12 años, la “seguridad democrática”
impuso la militarización de la región, con graves consecuencias para el medio
ambiente y para la tranquilidad de sus habitantes. La Asociación de Juntas de
Acción Comunal de Sumapaz ha denunciado que “por cada 4 soldados, se tumban 20
frailejones para usar sus hojas como camas o cobijas” y que “las 28 cuencas y
subcuencas hidrográficas que se desprenden del páramo, han sido en algún
momento contaminadas por heces, baterías de radios de comunicación, comida,
plásticos y armamento”.
A lo anterior se suman los atropellos de la Fuerza
Pública contra la población, a la que sindican de terrorista y someten a toda
clase de arbitrariedades como, encarcelamientos, torturas, desapariciones
forzadas, bombardeos, invasión de espacios privados y civiles, violando de
manera flagrante los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Un caso ilustrativo fue el asesinato de tres jóvenes campesinos, que fueron
presentados por los militares como guerrilleros de las FARC muertos en
combates. El Juzgado Penal de Acacias sentenció a 35 años y 3 meses de prisión
a 7 militares del Batallón de Contraguerrilla No. 13 por este hecho.
Por lo demás, hay suficientes evidencias de que la
militarización no obedece sólo a la estrategia contrainsurgente del gobierno,
sino porque es un factor de presión para expulsar a la gente de sus territorios
y abrirles espacios a los megaproyectos.
La política de estímulos desproporcionados a la inversión
extranjera, con el consabido argumento de lograr el desarrollo, está dejando
desastrosos resultados, como lo demuestran las frecuentes denuncias sobre los
desmanes de las compañías transnacionales. En los casos de El Cesar y la
Guajira, la explotación del carbón sólo deja miseria y abandono en los
municipios productores, una impresionante degradación del medio ambiente y el
riesgo de que toda esa región quede convertida en un desierto, es decir, que
los supuestos beneficios se reducen a unos pocos puestos de trabajo y a unas
precarias regalías que, por lo general, terminan en los bolsillos de
funcionarios corruptos, mientras el grueso de la población vive en la pobreza y
la miseria. Una situación similar se vive en los llanos orientales con la
explotación del petróleo, como se puso de manifiesto recientemente con la
muerte de miles de animales nativos en Casanare. Con razón, el investigador
Jürgen Schuldt ha afirmado que “Aunque pueda causar sorpresa, la evidencia
reciente y muchas experiencias históricas nos permiten afirmar que los países
que se han especializado en la extracción y exportación de recursos naturales,
normalmente no han logrado desarrollarse”.
De otra parte, el desarrollo de las telecomunicaciones
nos permite ver en tiempo real la ocurrencia en todas partes del mundo de
desastres provocados por las inundaciones, los huracanes, las avalanchas, las
sequías y otros fenómenos naturales producidos por la degradación del medio
ambiente y el cambio climático, que cada vez se hacen más frecuentes y
destructores y dejan millones de víctimas.
Colombia posee el 64% de los páramos del mundo, que son
una de las principales fuentes de agua. El Código Minero establece que los
páramos, las reservas forestales, los humedales y los parques naturales son
zonas de exclusión minera. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo, en el
año 2010 había 108 mil hectáreas concesionadas y el 47% de las áreas de páramos
tenían solicitudes de particulares para su explotación.
Durante algún tiempo, el gobierno hizo alardes
demagógicos a cerca de sus éxitos en materia de medio ambiente, y Colombia
aparecía en un lugar destacado en el mundo, pero las mentiras bien pronto se
derrumbaron y fue así como el Ex ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez
Becerra, reveló en el diario El Tiempo del 3 de marzo de este año que “Colombia
se desplomó en el escalafón Yale-Columbia de desempeño ambiental, al pasar del
puesto 9 al 85 entre 176 países, en el período 2008 – 2014. En América Latina y
El Caribe pasó del 2° puesto al 14”.
Nuestro país y el mundo están llegando a un punto en el
que si no se detiene la explotación irracional de los recursos naturales y no
se adoptan medidas prontas y eficaces para proteger el planeta tendremos que enfrentar
consecuencias desoladoras. Por lo tanto es hora de entender que por encima de
los intereses mezquinos de unos pocos negociantes está el derecho a la vida y
la supervivencia de la especie humana.
Las evidencias sobre las nefastas consecuencias de la
depredación del medio ambiente son abrumadoras, pero la experiencia enseña que
cuando están de por medio las ganancias los capitalistas no entienden razones.
Por eso, es necesario prepararse para enfrentar las
consecuencias que se ciernen sobre el Sumapaz. Esta es una región que tiene una
larga tradición de lucha.
La historiadora Rocío Londoño anota que durante la guerra
de los mil días “fue epicentro de numerosos enfrentamientos entre las tropas
del ejército conservador y las guerrillas liberales”, que en el primer tercio
del siglo XX “experimentó numerosos y prolongados conflictos sociales” y que
“para defender sus parcelas y lograr cambios en las condiciones de trabajo en
las haciendas, tanto los colonos como los arrendatarios fueron construyendo
varias formas de organización, los cuales a finales de la década del veinte,
bajo la orientación del líder agrarista Erasmo Valencia se agruparían
formalmente bajo la Sociedad Agrícola de la Colonia de Sumapaz, organización
que llegaría a tener cerca de 6.000 afiliados”.
Posteriormente, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán
desencadenó en la región una oleada de violencia conservadora que dio lugar a
que la población se organizara con guerrillas para defenderse, hasta que en
1957 fue firmado un acuerdo de paz. El protagonista principal de esta época fue
el legendario líder campesino Juan de la Cruz Varela, a cuya memoria rendimos
tributo y cuyo ejemplo es especialmente valioso en las actuales circunstancias.
Ante la situación que se vive en la región del Sumapaz,
consideramos necesario exigir del gobierno y de las empresas comprometidas
información clara y completa sobre los proyectos que involucran a la región;
adelantar una campaña de difusión dirigida a que la población sea plenamente
consciente de los riesgos que la amenazan; organizar a las masas y movilizarlas
a la lucha y trabajar por la creación de una Zona de Reserva Campesina que sea
instrumento eficaz para defender los intereses del campesinado y preservar la
región del Sumapaz como un patrimonio natural de nuestro país.
Conocedores de la tradición de lucha del pueblo
Sumapaceño, tenemos la certeza de que sabrá responder a este compromiso
histórico de defender los recursos naturales como herencia para las futuras
generaciones de colombianos.
Bogotá, D.C, 8 de mayo de 2014
