Buriticá, Antioquia
Denuncian graves violaciones a los derechos humanos por
parte de la alcaldía y la Policía
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos
realizaron una visita al municipio antioqueño de Buriticá el pasado 15 de
diciembre y constataron graves violaciones a estos derechos de la población por
parte de la alcaldía y la Policía.
Según la denuncia estas violaciones se vienen presentando
contra los habitantes de la zona en el marco de los desalojos forzados contra
pequeños mineros por parte de las autoridades.
Las comunidades aportaron como prueba de sus denuncias videos,
fotografías, audios y documentos. Algunas de las arbitrariedades del alcalde y
la Policía fueron:
Sin que el alcalde estuviera facultado firmó el decreto 089
de octubre 19 de 2013 basado en un artículo de la Ley de Atención y Prevención
de Desastres.
El municipio vive un estado de sitio de facto y se
encuentra bloqueado por parte de la Policía Nacional, que restringe la entrada
y salida de la población civil hacia y desde la localidad, en clara violación a
la Constitución Política colombiana.
Desde hace al menos tres semanas, la Alcaldía de Buriticá
se encuentra clausurada y es custodiada por personal del Escuadrón Móvil Anti
Disturbios, Esmad.
Pese a que desde el pasado 4 de diciembre, el Juez
Promiscuo del Circuito de Santa Fe de Antioquia falló una tutela en contra del
alcalde Carlos Varela, por la
vulneración de los derechos de petición y al debido proceso de los mineros
desalojados, éste no ha acatado la orden judicial y, además, no despacha desde
la localidad.
El Puesto de Mando Unificado en el cual operan diferentes
instituciones del departamento se encuentra en el sector de Pinguro y no está
abierto al público para la recepción de denuncias.
Helicópteros de la empresa Helicargo hacen sobrevuelos
nocturnos en la localidad invitando a los mineros a “desmovilizarse”.
No obstante, el comandante operativo de la Policía de
Antioquia, coronel Ramiro Riveros, quien se encuentra dirigiendo los operativos
en Buriticá, afirmó a la misión que tales helicópteros son de la Fuerza Aérea e
informan sobre los desalojos.
La población es víctima de empadronamientos y registros
similares a los realizados en las zonas de consolidación que fueron declaradas
inexequibles por la Corte Constitucional.
Los desalojos han ocasionado graves afectaciones a los
derechos a la vida, a la integridad física, a la libre circulación, a la
asociación, a la libertad personal, a la vivienda digna, al mínimo vital, al
debido proceso, al interés superior del niño, y a la participación de la
ciudadanía en las decisiones que la afectan, entre otros.
Por ello, se interpondrán ante las autoridades las
acciones jurídicas necesarias para lograr la protección de los derechos
fundamentales vulnerados.
Hasta el momento, 1.600 personas han resultado afectadas
por los desalojos, que han generado desplazamientos forzados y en medio de los
cuales la Policía Nacional ha hurtado bienes y muebles enseres, así como oro y
dinero en efectivo de los mineros.
Fueron documentadas agresiones físicas contra la
población y se recibieron denuncias de detenciones arbitrarias. La Misión
verificó una detención arbitraria durante su permanencia en la zona y tiene en
su poder videos que prueban golpizas contra varios habitantes de Buriticá.
Varias personas testimoniaron cómo al menos 2 muertos más
a los reportados oficialmente el día 21 de noviembre fueron transportados en
tanquetas de la Policía hacia lugares desconocidos.
También se denunció la muerte de una niña, que la Misión
no está en condiciones de verificar en forma independiente.
Durante la primera semana, se impidió el acceso a la zona
del personal médico tanto privado como público y los insumos para el Hospital
San Antonio de Buriticá.
La Misión verificó la grave afectación de los derechos
fundamentales de niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos prevalecen sobre
los derechos de los adultos según el artículo 44 de la Constitución.
La denuncia está firmada por las siguientes
organizaciones:
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá; Cahucopana;
Corporación Jurídica Libertad; Corporación para el Desarrollo Social; Movimiento
Ríos Vivos; Organización,SumaPaz;-
Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos; Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado; Equipos
Cristianos de Acción por la Paz Colombia Europa Capítulo Antioquia; Equipo Nizkor
y Central Unitaria de Trabajadores. Foto Isabel Zuleta. Ríos Vivos.
