El Quimbo
El régimen criminal de Santos vulnera los derechos de las
comunidades y las desaloja violentamente
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado jueves 7 de noviembre, sin notificación previa
de segunda instancia de la tutela interpuesta, mediante la cual se solicita la
protección al derecho fundamental al debido proceso, defensa y contradicción, fueron
desalojados los campesinos de los predios Santiago y Palacios, en zona de Majo
y Jagualito, del municipio de Garzón, Huila, informó la organización Ríos
Vivos.
Los labriegos habían recuperado las tierras de donde anteriormente
fueron desplazados por el régimen, vulnerando sus derechos fundamentales a la
igualdad, trabajo, integridad física y al mínimo vital que han sido reconocidos
a través de las sentencias de tutela del Consejo de Estado proferidas el 6 de
noviembre de 2012 y el 5 de septiembre de 2013.
“Se previene a la Procuraduría General de la Nación, a la
Procuraduría Regional del Huila, a la Defensoría del Pueblo, a las Personerías
y a las Alcaldías para que en lo sucesivo ejerzan sus funciones
constitucionales y legales de protección de los derechos humanos y asegurar su
efectividad, defender los intereses de la sociedad”, dice la denuncia.
Las comunidades y sus organizaciones, así como quienes
los defienden expresan que “lo indignante es que dichas sentencias han sido
desacatadas por Emgesa y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Los desplazados por el Estado han solicitado la presencia
de la Procuraduría, Defensoría y la Comisión de Paz del Congreso, debido a que el desalojo está siendo
coordinado por la seguridad privada de Emgesa y el Esmad violando el debido
proceso.
El alcalde de Garzón, quien ordenó el desalojo, no se
hizo presente en el lugar, como todo buen cobarde al servicio de las
transnacionales.
Asoquimbo, enviará una denuncia a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos donde se ratifica la vulneración de los derechos
humanos y se reitera la solicitud de medidas cautelares, entre ellas, la
suspensión inmediata de todas las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Igualmente le pedirán al organismo internacional que se
derogue las normas que amparan policialmente a las empresas transnacionales.
