Nuevas amenazas contra la asociación campesina
Por: Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú
Por: Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú
Líderes de la Asociación Campesina Para el Desarrollo del
Alto Sinú siguen preocupados por la situación de derechos humanos de las zonas
del Alto Pánico y Saiza perteneciente a Tierralta, Córdoba.
Desde mediados de agosto se han venido incrementando una
serie de amenazas hacia la líderes y lideresas de la población y la asociación
por parte de grupos paramilitares “los urabeños”.
Según los victimarios estas amenazas obedecen a que no
permitirán que las comunidades participen de nuestra asociación campesina así
tenga que matar a cada persona que busque participar con nosotros en el desarrollo
de nuestro territorio.
Es demasiado preocupante que algunas familias ya hayan
tenido que desplazarse hacia otras zonas por estas amenazas y denunciamos
públicamente la muerte en manos de paramilitares de los campesinos líderes los
líderes comunales Néstor Gómez Cogollo y José Inés Rangel Sáenz.
Este es el inicio de una persecución hacia las legales
formas de asociación que desde hace ya mucho tiempo hemos emprendido pero que
no vemos garantías del estado para proteger a los ciudadanos de la estrategia paramilitar.
Con todo el derecho que nos dan las leyes colombianas
exigimos categóricamente y hacemos responsable al estado colombiano por los
hechos que se presenten de aquí en adelante hacia cualquier persona de estas
nuestras comunidades:
La presencia de las organizaciones civiles del Estado
para que hagan presencia en la zona y protejan a la población civil.
Que las organizaciones de Derechos Humanos, La Cruz Roja
Internacional, la ONU, la alcaldía y la gobernación, adelanten las investigaciones,
visitas humanitarias, medidas necesarias y rigurosas, investiguen y protejan a
la población civil.
Que las autoridades accionen todas las medidas para
proteger la vida de los habitantes y los líderes de la zona. Que se garantice la seguridad física, psicológica e
integral de los habitantes y los líderes de la región.
Que se respeten los derechos consagrados en las leyes
colombianas y en las leyes internacionales en donde se proteja y se permita la
libre asociación de las comunidades. Responsabilizamos al Estado por lo que
ocurra en la zona.