Asonal Judicial explica porqué se debe archivar el proyecto que reforma la administración judicialLa reforma a la administración de justicia es otro engaño al pueblo
Cómo lo habíamos pronosticado, la Reforma a la Administración Judicial, propuesta por el gobierno Santista, es más osada y perversa que la del gobierno uribista.
Se le presentó al país como la solución a los problemas que aquella ha padecido y que con ello, se iría a “agilizar, descongestionar y combatir la impunidad”.
Pero de una lectura rápida del mismo, sin necesidad de profundizar demasiado, se desprende claramente que aquella no se combate la impunidad, ni se acaba la congestión, ni mucho menos vuelve rápida y eficiente a la administración judicial.
Veamos:
1) No se le brinda ni se le asigna el presupuesto adecuado a la Rama Judicial para su funcionamiento y mucho menos, para inversión en el sector Justicia, por lo que seguirá el Ejecutivo controlando el presupuesto de este “poder”, estableciendo sus prioridades y, por supuesto, negando la autonomía e independencia de la Justicia, cómo órgano de poder.
2) No acaba con el Consejo Superior de la Judicatura, pues se continúa con un órgano de gobierno o de administración, mucho más paquidérmico e ineficaz, en tanto que de este nuevo ente, harían parte los presidentes de las altas cortes,-
más el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, más un representante de cada corte, nombrados para períodos de cuatro (4) años y se le agrega un representante de jueces y magistrados,-
quienes deberán acreditar los mismos requisitos que se le exigen al Director Nacional Administrativo, esto es, tener maestría en ciencias económicas, contables o administrativas y veinte (20) años de experiencia relacionadas con dichas profesiones.
Es decir, los jueces y magistrados, se quedarían sin representación, pues quien llena dichos requisitos, si la experiencia que tenemos en ciencias sociales y/o jurídicas.
Además, harán parte de ese Consejo de Gobierno, el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación, quienes no tendrán voto, pero si poder de injerencia en la Dirección.
Ello contrasta con la propuesta que levantamos desde Asonal, de constituir un órgano de gobierno democrático, con representatividad de los diferentes estamentos que tienen que ver con la Justicia, sin injerencia del poder legislativo o ejecutivo.
Así: un representante de cada alto Tribunal (uno por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y uno por el Consejo de Estado); un representante de los magistrados jueces de Tribunales; un representante de los empleados; un representante de los abogados colegiados; un representante de la academia (universidades y facultades de derecho).
Ese nefasto y antidemocrático proyecto, mantiene y fortalece la temida y politiquera Sala Disciplinaria, la cual seguirá teniendo el mismo origen politiquero, ya que el presidente los terna y el congreso los escoge.
Pero además, con la reforma se les reviste de súper-poderes, otorgándoles poder preferente, que significa en la práctica, que la Sala disciplinaria, podrá asumir cualquier investigación directamente, perdiéndose el derecho a la doble instancia para los disciplinados:
jueces, fiscales y abogados, auxiliares y demás autoridades y/o particulares que ejerzan o cumplan funciones judiciales.
Con otro agravante peor, como es que este órgano, en el que se cristaliza y visualiza la injerencia de la politiquería en la Rama Judicial, que acaba de un solo tajo con la autonomía e independencia judicial, será el encargado de disciplinar a los magistrados de la Corte Constitucional,-
con lo cual en definitiva, se amarra a esta alta Corte y, ahí sí, se acaba con cualquier vestigio de independencia y hasta de los máximos postulados de lo que debe ser u estado Democrático de Derecho, inclusive, desde los postulados demo liberales.
Facultades al procurador para disciplinar a los empleados
Nos opondremos rotundamente a esta propuesta, pues ello es atentatorio de la autonomía e independencia judicial, en tanto que es un órgano totalmente político, inclusive, en el proyecto, se excluye a la Corte Suprema de la posibilidad de ternar candidato para tal cargo.
Otorgamiento de facultades jurisdiccionales a notarios, abogados particulares y funcionarios administrativos = Privatización de la Justicia
Modificatorio del actual artículo 116 de la C.P. Con ello se profundiza la privatización de la justicia, se deslaboraliza la relación laboral de los servidores judiciales y se crean mecanismos alternos de justicia que no consultan las necesidades de la comunidad,-
generando costos que se trasladarán a los usuarios, tal y como puede observarse en la nota periodística emitida por el canal Caracol, en su emisión del día 1 de diciembre, en donde quedó sentada la siguiente nota “ Los notarios accedieron a hacer funciones de los jueces para ayudar a descongestionar la justicia,-
con la condición de cobrar por estos servicios un “arancel justo” para remodelar sus oficinas, así lo indicó el presidente de la Unión Colegiada de Notarios, Álvaro Rojas, quien agregó “es un arancel social y justo para que el notario amplié su notaria, amplié su nómina de asistentes y abogados”.
Es por ello, que sostenemos que a más de privatizar la justicia, se convierte en un factor de riesgo, pues la justicia será para quienes puedan pagarla, dejando de ser un derecho, para convertirse en una mercancía más, negando de paso el acceso a la justicia a amplias capas de la población.
Elección por Cooptación de los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y ampliación de la edad de retiro forzoso a los setenta años.
Vuelve a introducir al viejo sistema de la cooptación, por cuanto se volvería al juego electorero, a las intrigas, al retraso en la escogencia y a las componendas.
Recientemente el país ha visto como el nombramiento o escogencia de un magistrado por parte de la misma corporación se demora hasta años, además, se corre el riesgo con la figura de la Cooptación y la ampliación del periodo de que se anquilose la doctrina y la jurisprudencia y se imponga una determinada corriente ideológica, lo que no le hace bien a la democracia.
Debemos insistir en la necesidad de que a todos los cargos públicos se acceda a través del Concurso de Méritos, pues sólo así podremos desterrar ese manejo politiquero en los cargos públicos, las consejas y las intrigas.
Función de los particulares para investigar delitos querellables
Ese despojo que de la función investigativa se le hace a la fiscalía y se le traspasa a las víctimas para que estas puedan desarrollar la investigación, imputar y acusar ante los jueces, no es más que generar la des formalización de la justicia,-
posibilita que se atropellen derechos fundamentales con desconocimiento absoluto de la sistemática jurídico penal y permite que se le traslade a los particulares funciones y potestades exclusivas del Estado.
Fuero militar: impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos por los integrantes de la fuerza pública.
En claro desconocimientos de normas protectoras de derechos humanos y convenios y pactos suscritos por el Estado colombiano en defensa de los civiles y de personas no combatientes, se pretende ahora con la llamada reforma a la justicia,-
darles patente de corso a quienes amparados en los uniformes y armas de Estado, cometen y han realizado, delitos atroces, homicidios en personas protegidas, genocidios y desapariciones forzadas, como las comprobadas en los falsos positivos y en la retoma del palacio de justicia, es decir,-
impunidad total, para quienes no han honrado el poder que les ha dado el Estado y, por el contrario, han horadado, erosionado el sistema legal vigente, al combatir a quienes han delinquido, con acciones y métodos ilegales, que los hacen más criminales que aquellos a quienes persiguen y combaten.
No otro es el cometido de dicho “articulito”, con el que se invierte los parámetros fijados por la actual constitución y la doctrina de la Corte Constitucional al respecto, pues todo delito cometido por los militares y policías, se supone fue cometido “en ocasión y con relación al servicio”,-
lo que excluye de su investigación a la justicia ordinaria y se la trasladan a la Justicia Militar, compuesta por militares activos y en retiro, que no son autónomos ni independientes, pues los nombran los mismos comandantes, es como decir, “yo con yo”.
Despojo a la Corte Suprema de Justicia pa investigar a los congresistas
Este es indudable el fin primero y último de la nefasta reforma, pues la Corte les ha resultado incómoda y altamente peligrosa para la clase politiquera y corrupta que se anida en el Congreso de la República,-
ese fue el querer uribista para defender a sus “compinches” a sus “uribitos” de todas las pelambres, pero aquél no ocultaba sus negras y nefastas intenciones, mientras éste gobierno Santista, más sofisticado, fino y refinado, “cocinó” una reforma a la Justicia, a la que de paso,-
le achaca todos los males de este Estado incapaz, que no brinda solución efectiva y real a las necesidades de la población, e inclusive, la que trató de revestir de un toque “democrático” al invitar a las altas Cortes a su discusión, pero desde un comienzo tenía claro, que la reforma iba con o sin consenso.
Además, tenía claro que en el camino de su discusión y aprobación en el Congreso, sus bancadas, le colgarían el mico u orangután, de restarle a la Corte la posibilidad de investigar y juzgar a los parapolíticos.
Este proyecto, que con toda seguridad, a pesar del llamado de las altas Cortes para que no continúe su trámite, será aprobado en cuarto debate al término de este período legislativo que termina el 16 de diciembre y se llevará a segunda vuelta en la próximo marzo del año venidero.
Tal y como se prevé, su aprobación no sufrirá mayores traumatismos en el Congreso, en donde impera la política de la “unidad nacional” impulsada por el gobierno de Santos, por lo que sólo la unidad y movilización de trabajadores y trabajadoras logrará echarlo atrás.
Hacemos un llamado a todos los servidores judiciales, para que desarrollemos un trabajo didáctico y pedagógico con la comunidad y todas sus organizaciones sociales, sindicales y populares, para que se entienda cual es el verdadero alcance de la reforma y no se deje engañar por un gobierno populista, que al tiempo que habla de mejorar, lo que realiza es todo lo contrario, cambiar para empeorar.
Para el mes de marzo, en el marco del comienzo de la segunda vuelta, tal y como lo definió nuestra Junta Nacional Ampliada, realizaremos una gran movilización nacional en contra de la pretendida reforma, que implicará, la toma de Bogotá por el poder judicial colombiano,-
quien estará acompañado, de las organizaciones y sectores democráticos de la sociedad colombiana, que entienden que es lo que el gobierno quiere con su reforma, con la que de paso, se acaba con la poca independencia y autonomía del poder judicial colombiano.
