Ejército retiene arbitrariamente a dirigentes indígenas en Pradera, ValleEl pasado sábado 7 de enero de 2012 hacia a las 12: 30 del mediodía, se presentaron intensos combates en la vereda El Líbano, que duró aproximadamente tres horas.
Hacia las 11 de la mañana se presentó la retención ilegal de los indígenas Luis Eduardo Timana García, alcalde de la vereda El Nogal, Huber Rivera, exalcalde de la misma vereda y David Bonilla, por parte del Ejercito Nacional, detención arbitraria que se prolongó hasta las 23:30.
Los comuneros se encontraban en la búsqueda de un semoviente que se había extraviado en la parte alta de la comunidad del Nogal, cuando se encontraron con personal del ejército nacional quienes los acusaron de pertenecer a la guerrilla de las FARC,-
por el solo hecho de que llevaban los radios de comunicación pertenecientes al cabildo local, los que tienen sus debidos soportes documentales y es el medio para mantener informada a la comunidad de cualquier incidente que ocurra dentro del resguardo.
Miembros del Cabildo Mayor tomaron contacto con una persona que se identificó como el comandante de la patrulla que efectuó la retención, quien manifestó que "ellos están con nosotros están bien no les pasa nada-
no se preocupe que nosotros lo protegemos y estamos esperando que el helicóptero que está sobrevolando se retire para que los detenidos puedan bajar para el caserío por que los pueden confundir y resulta peligroso"
Ante el paso del tiempo la comunidad indígena decidió subir a traer a sus integrantes, ante la falta de claridad de parte del Ejercito y las diferentes versiones de estos y la supuesta información de “que los bandidos los van atacar, y ya les vamos a devolver a sus amigos con toda las de la ley con un delegado de la casa indígena de pradera y que no se preocupen”
La comunidad contacta a la patrulla del Ejército que tenía los retenidos y logra hablar con el comandante quien se identificó como el teniente Moreno del Batallón Codazzi de Palmira-Valle, y ante reclamo de los cabildantes sobre las causas y móviles del suceso manifestó que “ellos no estaban detenidos”.
La comunidad les reclamó por el abuso de la retención, el maltrato verbal y la toma de fotografías y la toma de sus huellas dactilares argumentando que era un procedimiento de rutina.
En esos momentos llego el helicóptero artillado para llevar a los comuneros indígenas retenidos hacia el batallón en Palmira a lo que la comunidad se opuso rotundamente.
El militar amenazó con demandar al gobernador del Resguardo por no permitir el traslado de los detenidos.
Siendo la hora 7:30 pm, se elaboró un acta donde la comunidad y las autoridades Tradicionales se comprometían a llevar las personas ya mencionas a aclarar su situación al batallón Codazzi, lo cual no fue aceptado por los militares y cercaron el paso y retuvieron por más de cuatro horas a más de treinta miembros de la comunidad.
Afortunadamente el apoyo y acompañamiento de organismos y defensores de derechos humanos, permitió acordar con el coronel del batallón CodazziI la presencia en el lugar del gestor de paz del departamento Valle,-
como garantía para el esclarecimiento de la situación, lográndose verificar la identidad de los cabildantes indígenas y constatándose que no tenían ninguna antecedente penal ni orden de captura, lo que presuntamente permitía su retención.
¿Cuál era el propósito y cuales razones de la retención arbitraria de los dirigentes indígenas? ¿Por qué retienen a 30 miembros de la comunidad que reclamaban la libertad de sus dirigentes, en una zona donde son frecuentes los combates con la guerrilla?
¿Acaso fueron utilizados como escudos humanos? ¿Quién responde por el riesgo al que fue expuesta la Comunidad Indígena? ¿A caso esto hace parte de una política de intimidación para lograr el desplazamiento forzado de las Comunidades Indígenas?
Los hechos del sábado 7 de enero de 2012 tipifican una conducta irregular por parte de los miembros Batallón de Ingenieros No. 3 “Agustín Codazzi” de extrema gravedad en el marco de los acuerdos internacionales firmados por el Estado colombiano.
Este tipo de comportamiento entraña peligro inminente para los habitantes de la zona rural de Pradera y ha de ser motivo de alerta para las instituciones humanitarias del Estado colombiano y los organismos internacionales.
