Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos HumanosCondenado el Estado colombiano por perseguir y asesinar a su ciudadanos
Queda demostrado que es una estructura organizada y compleja la que desde el poder del Estado asesinó al senador Manuel Cepeda, exterminó a la Unión Patriótica y hasta hoy ha continuado su orgía de sangre contra la oposición
Por Camilo Raigozo. Voz
El pasado 26 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia condenatoria contra el Estado colombiano al haberlo hallado culpable de la muerte del Senador de la República, dirigente del Partido Comunista Colombiano y-
de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, perpetrada por agentes del Ejército Nacional y paramilitares, el 9 de agosto de 1994. Dicha sentencia le fue notificada formalmente al gobierno nacional el 22 de junio anterior.
Iván Cepeda Castro, recién elegido Representante a la Cámara, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado e hijo del senador asesinado, dijo en rueda de prensa estar muy satisfecho ya que era una
“sentencia sin precedentes, pues es la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia en el caso de la Unión Patriótica, el cual está compuesto por miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y exilios”.
Agregó que “la CIDH señala que el asesinato de Manuel Cepeda tiene todos los ingredientes de un crimen de Estado y echa por tierra el argumento que ha sostenido durante muchos años el Estado colombiano ante las instancias internacionales de que el exterminio de la UP fue obra del narcotráfico y de la delincuencia común. A nosotros no nos cabe duda que detrás del crimen hubo generales, políticos de alto rango y paramilitares”.
Por el contrario, afirmó Cepeda Castro, “dice la Corte Interamericana, estamos ante una estructura compleja y organizada que planificó y ejecutó este asesinato, la cual estaba integrada, entre otros, por los jefes de los grupos paramilitares y por altos mandos del Ejército Nacional”.
En el crimen de Cepeda Vargas, el Estado no solamente incurrió en la desprotección de la víctima, sino que en cabeza de varios de sus funcionarios mantuvo la estigmatización y los falsos señalamientos contra los miembros de la UP.
La Cidh advierte en la sentencia que el Estado no puede alegar la existencia de vínculos del senador Cepeda, de miembros del Partido Comunista y de la UP, con la insurgencia de las Farc, para intentar explicar o justificar el asesinato del congresista y el exterminio del partido político de izquierda.
Calumnias de Uribe contra la UP
Rafael Barrios, jurista del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, recalcó que la CIDH también condenó al Estado colombiano por la violación al buen nombre y a la dignidad de Iván Cepeda Castro y su familia, por las calumnias y estigmatizaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, al implementar en su campaña reeleccionista un eslogan publicitario en el que afirmaba que la UP se había “torcido” a favor del delito.
Anexó Barrios, que la CIDH dictó jurisprudencia para que crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza púbica sean investigados, procesados y juzgados por la justicia civil y no por la Penal Militar.
Además los culpables de estos delitos deberán pagar sus condenas en cárceles civiles y no en guarniciones militares. Tampoco pueden ser beneficiarios de amnistías, rebajas de penas o amparar sus delitos en legislaciones o fueros militares especiales.
Por su parte, Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista, opinó al respecto que, “sin duda, esta sentencia impone una talanquera de verdad y reparación a las víctimas de crímenes de Estado, señalando al gobierno colombiano que la impunidad que ha prohijado no será tolerada internacionalmente.
Así las cosas, los asesinos y criminales tanto incrustados en el Estado como en las fuerzas paraestatales tendrán ejemplar castigo, sea por cuenta de la compleja y lenta justicia colombiana, o como en este caso,-
debido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. Es un claro mensaje al gobierno colombiano de que la impunidad no será tolerada internacionalmente.”.
La estructura criminal está vigente
Además de las justas reparaciones económicas a los familiares de la víctima, las cuales ascienden a unos 380 mil dólares, la sentencia ordena al Estado colombiano otras formas de reparación entre las que se encuentran, la publicación de la sentencia, la realización de una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política y periodística del Senador Cepeda.
El establecimiento por una vez de una beca integral con el nombre de “Manuel Cepeda Vargas” entre los comunicadores de VOZ y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal en el Congreso de la República, con miembros de las dos cámaras y de las más altas autoridades del Estado.
Para demostrar que esa estructura organizada y compleja, que desde el poder del Estado asesinó al congresista Manuel Cepeda Vargas y exterminó a la UP, no ha cesado nunca su diabólico accionar, ponemos como ejemplo los ataques que sufrió el sindicalismo colombiano en el primer gobierno de Uribe,-
según cifras del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical: amenazas 2.290; homicidios 511; desplazamiento forzado 444; detención arbitraria 291; hostigamiento 207; atentados con o sin lesiones 71; desapariciones 32; secuestro 29 y tortura 19. El año pasado fueron asesinados 48 sindicalistas y van 32 en lo corrido de 2010.
Quedaron por fuera del ejemplo los millones de desplazados, las miles de masacres y asesinatos de campesinos, indígenas, afros, estudiantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otros, ocurridos en los últimos ocho años.
El pasado 26 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos profirió sentencia condenatoria contra el Estado colombiano al haberlo hallado culpable de la muerte del Senador de la República, dirigente del Partido Comunista Colombiano y-
de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, perpetrada por agentes del Ejército Nacional y paramilitares, el 9 de agosto de 1994. Dicha sentencia le fue notificada formalmente al gobierno nacional el 22 de junio anterior.
Iván Cepeda Castro, recién elegido Representante a la Cámara, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado e hijo del senador asesinado, dijo en rueda de prensa estar muy satisfecho ya que era una
“sentencia sin precedentes, pues es la primera vez que un tribunal internacional se pronuncia en el caso de la Unión Patriótica, el cual está compuesto por miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos y exilios”.
Agregó que “la CIDH señala que el asesinato de Manuel Cepeda tiene todos los ingredientes de un crimen de Estado y echa por tierra el argumento que ha sostenido durante muchos años el Estado colombiano ante las instancias internacionales de que el exterminio de la UP fue obra del narcotráfico y de la delincuencia común. A nosotros no nos cabe duda que detrás del crimen hubo generales, políticos de alto rango y paramilitares”.
Por el contrario, afirmó Cepeda Castro, “dice la Corte Interamericana, estamos ante una estructura compleja y organizada que planificó y ejecutó este asesinato, la cual estaba integrada, entre otros, por los jefes de los grupos paramilitares y por altos mandos del Ejército Nacional”.
En el crimen de Cepeda Vargas, el Estado no solamente incurrió en la desprotección de la víctima, sino que en cabeza de varios de sus funcionarios mantuvo la estigmatización y los falsos señalamientos contra los miembros de la UP.
La Cidh advierte en la sentencia que el Estado no puede alegar la existencia de vínculos del senador Cepeda, de miembros del Partido Comunista y de la UP, con la insurgencia de las Farc, para intentar explicar o justificar el asesinato del congresista y el exterminio del partido político de izquierda.
Calumnias de Uribe contra la UP
Rafael Barrios, jurista del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, recalcó que la CIDH también condenó al Estado colombiano por la violación al buen nombre y a la dignidad de Iván Cepeda Castro y su familia, por las calumnias y estigmatizaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, al implementar en su campaña reeleccionista un eslogan publicitario en el que afirmaba que la UP se había “torcido” a favor del delito.
Anexó Barrios, que la CIDH dictó jurisprudencia para que crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza púbica sean investigados, procesados y juzgados por la justicia civil y no por la Penal Militar.
Además los culpables de estos delitos deberán pagar sus condenas en cárceles civiles y no en guarniciones militares. Tampoco pueden ser beneficiarios de amnistías, rebajas de penas o amparar sus delitos en legislaciones o fueros militares especiales.
Por su parte, Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista, opinó al respecto que, “sin duda, esta sentencia impone una talanquera de verdad y reparación a las víctimas de crímenes de Estado, señalando al gobierno colombiano que la impunidad que ha prohijado no será tolerada internacionalmente.
Así las cosas, los asesinos y criminales tanto incrustados en el Estado como en las fuerzas paraestatales tendrán ejemplar castigo, sea por cuenta de la compleja y lenta justicia colombiana, o como en este caso,-
debido a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Penal Internacional. Es un claro mensaje al gobierno colombiano de que la impunidad no será tolerada internacionalmente.”.
La estructura criminal está vigente
Además de las justas reparaciones económicas a los familiares de la víctima, las cuales ascienden a unos 380 mil dólares, la sentencia ordena al Estado colombiano otras formas de reparación entre las que se encuentran, la publicación de la sentencia, la realización de una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política y periodística del Senador Cepeda.
El establecimiento por una vez de una beca integral con el nombre de “Manuel Cepeda Vargas” entre los comunicadores de VOZ y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal en el Congreso de la República, con miembros de las dos cámaras y de las más altas autoridades del Estado.
Para demostrar que esa estructura organizada y compleja, que desde el poder del Estado asesinó al congresista Manuel Cepeda Vargas y exterminó a la UP, no ha cesado nunca su diabólico accionar, ponemos como ejemplo los ataques que sufrió el sindicalismo colombiano en el primer gobierno de Uribe,-
según cifras del Banco de Datos de la Escuela Nacional Sindical: amenazas 2.290; homicidios 511; desplazamiento forzado 444; detención arbitraria 291; hostigamiento 207; atentados con o sin lesiones 71; desapariciones 32; secuestro 29 y tortura 19. El año pasado fueron asesinados 48 sindicalistas y van 32 en lo corrido de 2010.
Quedaron por fuera del ejemplo los millones de desplazados, las miles de masacres y asesinatos de campesinos, indígenas, afros, estudiantes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre otros, ocurridos en los últimos ocho años.
