viernes, junio 25, 2010

A respetar la justicia maestro
El Inpec y Plazas Vega intentan burlar a la justicia nacional e internacional
Por Camilo Raigozo

En vez de trasladar al ex coronel Alfonso Plazas Vega, del Hospital Militar Central a la cárcel La Picota, como lo ordena la sentencia, el Inpec, en una actitud desafiante a la justicia decidió trasladar al reo a la Escuela de Infantería en el norte de Bogotá.

Plazas Vega fue condenado en primera instancia a 30 años de cárcel al hallársele culpable de la desaparición forzada de al menos 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, en la sangrienta retoma que hicieron las Fuerzas Militares en los hechos de 1985

Este viernes bajo un hermetismo absoluto agentes del Inpec, trasladaron al condenado a los calabozos de esa guarnición militar y no a la cárcel Picota, como lo ordenan las leyes y las instancias internacionales.

Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la reciente sentencia condenatoria al Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda el 9 de agosto de 1994, aclara que los militares hallados culpables de delitos de lesa humanidad y de violaciones a los derechos humanos, deberán ser juzgados por la justicia civil y pagar sus condenas en cárceles civiles y no en guarniciones militares.


Del mismo modo no podrán evadir a la justicia valiendose de fueros militares especiales o de cualquier otra coartada que conduzca a que sus crímenes queden impunes.

El Estado colombiano deberá acatar la jurisprudencia internacional, en este caso lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trasladar a Plazas Vega a la cárcel La Picota.


Por otra parte, luego de condenar a 30 años de cárcel al ex coronel Plazas, la jueza María Stella Jara tuvo que salir del país ante el inminente riesgo que corría su vida.

Las amenazas contra la valiente jurista no se hicieron esperar luego del furioso ataque en su contra de parte del presiente Uribe Vélez, quién con su conocido talante gansteril desconoce e irrespeta la independencia de la rama judicial, poniéndose del lado de los criminales.

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