Algunas han sido removidas para que los crímenes queden en la impunidad25 años tardarán autoridades en encontrar a todas las víctimas
El Nuevo Siglo
Cerca de 68 mil víctimas han denunciado crímenes de lesa humanidad a nivel nacional desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, al tiempo que las autoridades han podido establecer pormenores de los victimarios para generar impunidad, pero también esclarecer el perfil y el actuar criminal de los grupos armados al margen de la ley en Colombia.
Para el jefe de la Dijin, coronel César Augusto Pinzón Arana, Colombia demorará entre 20 y 25 años para exhumar los cadáveres de las víctimas de las autodefensas, de acuerdo con la información sobre sus víctimas entregada por los desmovilizados cabecillas de esa organización armada al margen de la ley.
El Oficial precisó que las investigaciones para el hallazgo de las centenares de víctimas de las autodefensas ilegales parten de las mismas confesiones de los cabecillas de esas redes que delinquían en todo el territorio nacional.
Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz, que adelanta los procesos judiciales contra los desmovilizados miembros de las autodefensas, reveló que se viene trabajando en todo el país con fiscales e investigadores. Así mismo, señala que algunos cabecillas de ese grupo armado al margen de la ley han confesado que cometieron unos 2 mil homicidios, otros han confesado más de 500.
Un vocero oficial dijo que “la Unidad de Justicia y Paz asumió tres décadas del accionar criminal de las autodefensas. En esta tragedia del país hay violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, miles de homicidios, centenares de matanzas, millones de desplazados, miles de desaparecidos, secuestros y apoderamientos de tierras, sin mencionar los hurtos de combustible y el tema del narcotráfico”.
La Unidad de Justicia y Paz señala que la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) vienen trabajando en la búsqueda de los restos de víctimas de los paras, gracias a la confesión de los cabecillas ante fiscales especiales, acogiéndose a una ley que les otorga garantías y penas mínimas, según la legislación impulsada bajo el Gobierno nacional.
68 mil denunciantes
La Revista “Criminalidad 50 Años”, de la Policía Nacional, revela que cerca de 68 mil víctimas que han denunciado hechos de lesa humanidad a nivel nacional desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, han permitido un desarrollo paulatino de la juridicidad aplicada para tal fin –que aún requiere una mayor injerencia de la sociedad colombiana en su conjunto para no hacer creer a las nuevas generaciones del país que lo sucedido durante interminables ciclos de violencia es una predestinación trágica a repetir-.
La publicación revela que “en el caso de Colombia y en lo atinente específicamente con el hallazgo de fosas comunes, de cementerios hechizos donde se deposita la evidencia del crimen, se han podido establecer, producto de las denuncias de las víctimas, de las confesiones de los victimarios o del cruce de esta información, que más allá del homicidio como tal el propósito de los victimarios ha sido el de reducir a las víctimas a condiciones miserables, aprovechando su indefensión, en medio de un contexto geográfico de su dominación, para acabar con su existencia física y simbólica”.
Registra la revista que, de acuerdo al proceso investigativo del Grupo de Justicia y Paz de la Dijin que ha permitido el hallazgo de 1.157 fosas comunes durante el período 2006-007, los resultados han conducido a descubrimientos escabrosos, tales como restos esqueletizados, cráneos con vendas aún intactas sobre las cuencas oculares, sogas, cuerdas y otros implementos de tortura como dagas y cuchillos.
De poblaciones y exhumaciones
Entre los departamentos donde más se han encontrado fosas comunes se destaca el de Putumayo, en el que se han exhumado un total de 182 cuerpos, seguido del Magdalena con 178 hallazgos, Córdoba 120, Meta 114 y Antioquia con 91.
Del total de cuerpos exhumados se logró la identificación de 410 de ellos, es decir, un 47 por ciento del total de restos de víctimas descubiertas en fosas comunes.
La Oficina Especializada de la DIJIN viene adelantando entrevistas en los centros carcelarios del país que conlleven al esclarecimiento de hechos delictivos, logrando establecer que algunas fosas fueron reubicadas por los actores para ocultar conductas criminales, dificultando el proceso de investigación judicial.
Las investigaciones hasta la fecha, consigna la Revista “Criminalidad 50 Años”, han permitido establecer que “los cuerpos hallados en fosas comunes son el resultado y la evidencia de crímenes atroces como secuestros, desapariciones forzosas, torturas, masacres, entre otras actividades ilegales no sólo de las autodefensas sino también de guerrillas.
De hecho, el Putumayo es el departamento donde mayor cantidad de fosas se han localizado; circunstancia que se enlaza con la realidad de un territorio donde se ha recrudecido la confrontación y la avanzada de autodefensas en medio de la injerencia histórica guerrillera. Además, su hallazgo es coincidente con procesos de estigmatización y muerte violenta, asociados a la actividad del narcotráfico”.
Concluye el estudio que el hallazgo de estas fosas comunes representa, paradójicamente, una luz de esperanza para las familias de las víctimas que yacen allí, pues se trata de la posibilidad de tener la certeza sobre el paradero de los desaparecidos, así se trate de un paradero trágico y desolador, pero además, de la posibilidad de indagar por las circunstancias, causas y la identidad de los involucrados en actos atroces para que tanto las personas cercanas a las víctimas allí enterradas como la sociedad colombiana en general, empiecen a conocer la verdad de lo ocurrido”.
