El país requiere regresar a la legitimidad
Comité Permanenete por la Defensa de los Derechos Humanos

En sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia se establece que la parlamentaria Conservadora Yidis Medina efectivamente fue sobornada por el actual gobierno con el fin de que su voto determinara el acto legislativo que dio vía libre a la reelección presidencial.

En consecuencia el Acto legislativo que aprobó la reelección estaría viciado de ilegalidad, no solo por las maniobras delictivas realizadas de común acuerdo entre la parlamentaria y el gobierno, sino también porque varios de los parlamentarios que la aprobaron están en la cárcel porque, a su vez, resultaron elegidos con votos del paramilitarismo o por sus nexos criminales con este.

Inmediatamente se conoció la sentencia el presidente Uribe salio a los medios de comunicación a condenarla y anuncio que convocara al Congreso para que apruebe un referendo en la vía de repetir la elección presidencial del 2006, cuando en realidad lo que está en cuestión es el propio sustento constitucional de la reelección. Mayor torpeza política no podía ocurrir.

Tampoco un Congreso sumido en los escándalos de la parapolitica, con 33 de sus miembros presos y otros 60 investigados tendría autoridad para aprobar un referendo de tal naturaleza.

Nos preguntamos si el aferramiento enfermizo al poder hace que estemos transitando el camino de un golpe de Estado o el peligro de una disolución de las Cortes?

No cabe duda que la presidencia de Álvaro Uribe navega en un mar de ilegitimidad y en consecuencia lo mas sensato para la salud nacional es que renunciara y con ello permitiera un proceso de democratización del país.

Ahora corresponde apoyar la sentencia de la Corte Suprema, adoptada dentro de los causes democráticos y de derecho; a su vez, esperar que la Corte Constitucional resuelva la Acción de Revisión del Acto legislativo que permitió la reelección, radicada por un grupo de organización del Movimiento de Victimas y acogida también ahora por la Corte Suprema.

Mientras tanto el país debe mostrarse vigilante de los desbordamientos autoritarios e ilegales del poder ejecutivo.

Bogota, Junio 27 de 2008

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