México
Gloria Inés Ramírez demuestra en
seminario internacional que Colombia no es como la pinta el gobierno
Por Camilo Raigozo. Notimundo
En su intervención el pasado 27 de marzo
en el 18 Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, organizado
en la capital mejicana por el Partido del Trabajo, la senadora Gloria Inés
Ramírez dejó al desnudo la realidad colombiana.
A Ramírez la escucharon más de 300 delegados de organizaciones
sociales y partidos políticos izquierda de al menos 40 países y 400 delegados mejicanos,
quienes tomaron atenta nota sobre el padecimiento del pueblo colombiano,
víctima de una oligarquía criminal y corrupta que lo ha gobernado en toda la
era republicana.
Crecimiento económico para los ricos
La senadora exaltó que a pesar de que el
gobierno de Santos alardea sobre el crecimiento económico del 4.3%, más de 33 millones
de colombianos se ven en dificultades diariamente para sobrevivir.
“Es importante que la economía crezca,
pero es igualmente importante ver cómo se distribuye la riqueza que crea la
sociedad con su trabajo. Es evidente que la política económica del gobierno
está dirigida a concentrar la riqueza en cada vez más pocas manos, mientras al
grueso de la población apenas se le reparten algunas migajas”, expuso la
congresista.
Así mismo criticó al gobierno por haber armado
todo un escándalo apoyado por los poderosos medios de comunicación sobre el “generoso”
aumento del salario mínimo que apenas fue de 26.500 pesos mensuales lo que
conduce cada vez más al empobrecimiento de los trabajadores.
“Lo que no se destaca es que el reajuste
de $26.500 mensuales, no representan ni siquiera una mísera moneda de mil pesos
diarios, con la cual prácticamente no se compra nada”, dijo Ramírez, agregando
que 10 millones 984 mil personas, 55.51 % de los trabajadores sobreviven con el
mínimo.
Desempleo
Ramírez criticó que mientras en América
Latina el desempleo fue del 6.3 por ciento, en Colombia, según datos oficiales,
esta tasa apenas bajó al 9.6 por ciento.
“Sin embargo el gobierno hace demagogia con
los supuestos éxitos en la generación de empleo, que, según el Presidente
Santos, ubican a Colombia como un ejemplo mundial”, dijo la congresista.
“Además las estadísticas del gobierno no
muestran que el subempleo supera el 30%, la informalidad el 67% y que la
mayoría de los nuevos empleos son de trabajadores por cuenta propia.
“Lo que indica realmente que el
crecimiento de la economía no guarda la relación que debería tener con la
creación de empleos de calidad y sólo sirve para multiplicar las ganancias de
unos pocos”, agrego la legisladora.
Campaña electoral
Sobre los últimos comicios electorales
Ramírez explicó que debido a que los partidos de izquierda no contaron con las
garantías para competir en igualdad de condiciones a los partidos de las
oligarquías y las mafias, la mayoría del Congreso quedó conformado por los
mismos y con las mismas.
“El nuevo Congreso mantiene las amplias
mayorías neoliberales que comparten la misma política económica y social. Por
lo tanto, no cabe esperar ningún cambio sustancial de los que reclaman las
mayorías populares”, expresó la legisladora comunista.
Igualmente afirmó que como ha sido
tradicional en Colombia, las elecciones estuvieron caracterizadas por el
clientelismo, la compraventa de votos, las presiones a los electores, el fraude
y otros vicios propios de la práctica electoral del régimen.
Denunció también que la izquierda sigue
siendo blanco de persecuciones y de crímenes. Así por ejemplo el movimiento político
Marcha Patriótica le han asesinado en los dos últimos años 30 dirigentes, otros
están encarcelados y hay alrededor de 200 judicializados, acusados falsamente
de tener vínculos con la insurgencia.
Le contó al auditorio que en medio de la
campaña electoral la Unión Patriótica recibió amenazas de muerte para sus
principales dirigentes y candidatos al Congreso, comenzando por Aida Avella,
quien era candidata a la Presidencia de la República.
“Las bandas paramilitares ofrecieron
recompensas de 50 millones de pesos a los comandos que los asesinaran, tanto a
ellos como a otros dirigentes políticos, sindicales, campesinos y populares”,
denunció Ramírez Ríos.
Diálogos de paz de La Habana
Como una de las cosas más importantes de
lo que está sucediendo en Colombia son los diálogos de paz entre el Gobierno y
las FARC-EP, que se realiza en La Habana desde el 19 de noviembre de 2012, en
cumplimiento del Acuerdo General suscrito el 26 de agosto del mismo año.
“Hasta ahora se han logrado acuerdos
sobre dos puntos de la Agenda: la Política de Desarrollo Agrario Integral y la
Participación Política. Aunque son acuerdos parciales, significan un avance sin
precedentes en la historia de los intentos de paz entre el gobierno y la
insurgencia”, argumentó Ramírez
Agregó además que “No debemos perder de vista
que el proceso se encuentra seriamente amenazado por la ultraderecha y el
militarismo, que durante muchos años han utilizado la guerra como negocio y
como bandera política, y que sabotean por todos los medios las posibilidades de
paz para seguir sacándole dividendos al conflicto”.
La congresista acusó al Gobierno de
asumir en los diálogos de paz posiciones inconsecuentes y contradictorias, ya
que mientras pretende imponer sus puntos de vista, niega la posibilidad de
iniciativas como la de la Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los
acuerdos y garantizar que no se van a burlar posteriormente los compromisos
adquiridos.
Prisioneros políticos
Uno de los temas finales que abordó la
senadora Gloria Inés Ramírez Ríos fue el de los presos políticos en las
cárceles colombianas, víctimas también del conflicto social y armado, de los
cuales dijo hay tres grupos a saber:
1. Los combatientes e integrantes de
organizaciones insurgentes, sindicados o condenados, que en el Derecho
Internacional Humanitario se denominan prisioneros de guerra.
2. Los académicos, juristas, periodistas
y otras personas no vinculadas directamente a las luchas sociales, que algunos
académicos denominan presos de conciencia.
3. Los dirigentes sociales, los
sindicalistas, los militantes de izquierda, los defensores de derechos humanos,
los líderes o integrantes del movimiento popular, los estudiantes, los
campesinos y habitantes de zonas de conflicto, acusados de presuntos vínculos
con organizaciones rebeldes, que, en general, se les llama presos políticos.
Entre los tres grupos hay al menos 9.500
presos políticos, que el gobierno se niega a reconocer como tales. Sólo unos
pocos han sido condenados por rebeldía, que es el delito político
tipificado en el Código Penal, pero a la gran mayoría se les imputan, otros delitos y se les ha privado de la libertad por terrorismo,
secuestro, porte ilegal de armas y, en general, delitos comunes.
Igualmente recordó que “hay una aguda
crisis carcelaria que se manifiesta en el hacinamiento que padecen más de 120
mil presos, el pésimo estado de la planta física de la mayoría de las cárceles;
graves deficiencias en los servicios médicos, la alimentación y los servicios
públicos”.
Denunció ante el auditorio la crítica
situación de los presos políticos, muchos de los cuales sufren graves
quebrantos de salud, incluso enfermedades terminales, sin que reciban la
atención requerida, además de que son sometidos a tratos discriminatorios y a
toda clase de arbitrariedades, por ser considerados enemigos.
