Terrorismo de Estado
Ejército y Policía de Colombia desacatan el principio de
distinción entre población civil no combatiente y combatientes
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La Rete italiana di solidarieta, ONG de derechos humanos internacional, denunció a Notimundo que la violencia de militares y paramilitares contra campesinos, afrodescendientes e indígenas, así como el desacato, por parte de las Fuerzas Armadas del Estado, de los principios
básicos del Derecho Internacional Humanitario se perpetúan.
A continuación apartes de la denuncia recibida por Notimundo:
Insistimos en que las autoridades del Estado colombiano
están infringiendo las normas básicas del derecho internacional humanitario,
armando campamentos militares en territorios colectivos (leer abajo en
Cacarica) y, en el caso concreto de la Comunidad de Paz, con las bases
militares y de policía a pocos metros del casco urbano de San José de Apartadó.
Al respecto, nos referimos a la carta con asunto:
respuesta Radiograma No.0001164 que nos envía, en copia, el Ministerio de la
Defensa. En esta comunicación, el 20 de febrero del año en curso, el coronel Ernesto
Coral Rosero y segundo comandante de la Brigada 17.
Explica al coronel Rafael Avila Salas, jefe del Estado Mayor
Séptima División la detención arbitraria
del joven Wuber Areiza.
En su contenido, se evidencia el modus operandi con la
que los altos mandos militares ejercen su poder, contradiciendo lo ordenado por la Corte
Constitucional con respecto a la mala práctica de los empadronamientos, las
capturas preventivas y/o las retenciones transitorias.
Contradictoriamente, el Coronel Coral Roseró se apoya en
la sentencia 327/2004 para justificar la detención del joven Wuber Areiza,
sentencia que, por el contrario, obliga al estado colombiano a asumir “Las
Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos respecto a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el año 2000”.
Así mismo, en dichas explicaciones se evidencia que los altos
vértices de la Brigada XVII desacatan las sentencias C-1024/02 y 1025/07 con su correspondiente Auto
164/12 de la Corte Constitucional.
Antes de dar cuenta de los hechos remitidos en las
denuncias, amplificamos la solicitud que se realiza desde la Comisión
intereclesial de Justicia y Paz para velar por la vida del defensor de derechos
humanos Danilo Rueda a quien reiteradamente se le ha hostigado y amenazado de
muerte, como ya lo hemos advertido en otras comunicaciones.
Recordamos que Danilo Rueda es uno de los miembros de
Justicia y Paz que llevó el caso de la Operación Génesis ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la cual, el 26 de diciembre de 2013,
responsabilizó al estado colombiano de
lo sucedido entre el 24 y el 27 de febrero de 1997.
Como se puede verificar, el elemento común de los hechos que reportamos a continuación es la
violación por parte de las Fuerzas del Estado del principio fundamental de distinción
entre población civil no combatiente y
combatientes.
Como siempre, la excusa que esgrimen las autoridades
militares frente al incumplimiento del principio de distinción es la lucha
contra la insurgencia.
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El viernes 14 de febrero de 2014, tropas del Ejército retuvieron durante tres
horas, en la vereda Bellavista de San José de Apartadó, un reconocido campesino
de la región. Los militares lo amenazaron, lo ultrajaron y humillaron; acusándolo de ser colaborador
de la guerrilla.
Cuando un grupo de campesinos se disponía a ir a exigir
su libertad, los militares se dieron cuenta y lo dejaron libre no sin antes
anunciarle que en otro momento “las pagaría”.
El martes 4 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas un
sujeto quien se identificó como integrante de las autodefensas Gaitanistas de
Colombia llamó a Isabel Zapata habitante de la vereda el Cuchillo en el
corregimiento de San Jose de Apartadó, desde el número móvil 3128226783, a quien amenazó junto a su familia y miembros
de la Comunidad.
Especialmente amenazó a Germán Graciano Posso
Representante Legal de la Comunidad de Paz y otros pobladores de la región,
quienes figuran en una lista para judicializar o asesinar.
El jueves 6 de marzo de 2014, hacia las 15:20 horas, se
registró un enfrentamiento entre tropas del Ejército ubicadas en el sitio
conocido como La Antena, del corregimiento de San José, con guerrilleros de las
FARC.
La intensa presencia militar / policial en el área urbana
de San José, muy cerca de la cual queda La Antena, continúa atrayendo al grupo
bélico contrario, convirtiendo el área en campo de batalla donde la vida e
integridad de todos los pobladores es puesta en alto riesgo.
El sábado 8 de marzo de 2014, en el transcurso del día se
registraron varias detonaciones de artefactos explosivos en distintos lugares
del corregimiento de San José. Uno de esos artefactos explotó en el casco
urbano.
El domingo 9 de marzo de 2014, en horas de la mañana, una
patrulla de la Policía se estacionó en el asentamiento de San Josecito, centro
de la Comunidad de Paz, parqueando incluso un vehículo allí.
En el momento en que un grupo de familias de la Comunidad
se acercó a los uniformados para solicitarles que se retiraran del lugar, el
cual es propiedad privada y está debidamente señalizado con vallas, el mando de
la patrulla, enfurecido, ultrajó a los miembros de la Comunidad, alegando que
“ellos pueden estar donde les dé la gana”, lo cual no tiene sustento alguno en
la ley.
El domingo 9 de marzo de 2014, hacia las 16:30 horas, un
grupo de militares de la base militar de San José, que se encontraban
atrincherados a la salida del caso urbano de San José, dispararon
indiscriminadamente contra John Gómez, poblador de la vereda Arenas Altas.
Varios proyectiles impactaron en la bestia que él
montaba, la cual murió al instante. Este hecho se registró al frente del
colegio estudiantil del casco urbano del poblado, a la vista de muchos testigos
quienes hacían presencia allí.
El lunes 10 de marzo de 2014, en horas de la mañana,
miembros del Ejército persiguieron al campesino Norbey Aepúlveda, habitante de
la vereda La Unión.
Más tarde los militares lo contactaron por vía telefónica
y le propusieron que trabajara con ellos como informante. En la misma zona los
militares preguntaron también por Eugenio Guzmán y Reinaldo Areiza, quienes
supuestamente están en una lista de gente para asesinar.
Cacarica (Chocó)
El domingo 9 de marzo del 2014, en horas de la noche se
escucharon varias ráfagas y cuatro explosiones en cercanías de la comunidad
Bocas de El Limón y de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios.
El viernes 7 de marzo del 2014, en medio de la continuidad
de las hostilidades en el territorio colectivo de Cacarica, militares de la Brigada 17 amenazaron con ejecutar o
desaparecer a tres indígenas de Juin Phur.
Los militares prohibieron a los tres indígenas moverse
por la zona, amenazándolos de que si lo hacían se los " llevaban"
(muertos o desaparecidos).
Las amenazas de la Brigada 17 se han incrementado contra
los pobladores indígenas y negros, desde que se constató la instalación, en
Cerro Mocho, de una base militar colombo-panameñá, justo en la frontera de los
dos países.
Dicha base se instaló en territorio colectivo, sin
consentimiento alguno ni consulta con las comunidades.
Frente a los hechos anteriormente presentados,
solicitamos la colaboración de los organismos internacionales de protección y
defensa de los derechos humanos para que se realicen las acciones permitidas
por el Derecho Internacional a favor de la no sistematicidad y no repetición de
violaciones a la dignidad humana en Colombia.
