Terrorismo de Estado
Condenan a la Nación por negligencia del Ministerio de
Defensa y de la Policía tras la masacre de La Cooperativa
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El Consejo de Estado condenó a la
Nación, por la negligencia del Ministerio de Defensa y de la Policía, para
evitar la masacre y el desplazamiento forzado que se dio después de la matanza
en el corregimiento La Cooperativa, municipio de Mapiripán, Meta.
Dicha masacre fue perpetrada el 6 de septiembre de 2005 dentro
de la estrategia militar-paramilitar del régimen para asesinar masivamente y
desplazar a la población campesina e indígena, despojarlos de sus tierras y
entregárselas a los empresarios, terratenientes, transnacionales y
narcotraficantes, entre otros beneficiarios.
El alto tribunal falló a favor de una de las centenares
de familias desplazadas, conformada por dos niños y sus padres quienes tuvieron
que huir del lugar abandonándolo todo ante las amenazas de los ‘paras’ y la
complicidad de la Fuerza Pública.
Testimonios de los sobrevivientes, certificaciones y otros documentos oficiales le permitieron al
Consejo concluir que mientras los criminales hacían de las suyas “no hubo
presencia militar o de la policía en el municipio de Mapiripán, ni en el
corregimiento La Cooperativa”.
Un aparte de la sentencia citado por los medios dice que "La
entidad demandada incurrió en una falla del servicio; no adoptó diligentemente
las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las
circunstancias del contexto descritas las cuales hacían previsible la incursión
de los miembros de la Auc y el peligro al que estaban expuestos sus
habitantes".
Es absurdo pensar que los militares estuvieran ahí o que
combatieran a los criminales para proteger a los civiles, pues fueron ellos los
que transportaron a al menos 150 paramilitares en dos aviones desde el Urabá
para que cometieran las masacres, empezando por la de Mapiripán.
Los ‘paras’ en connivencia con el Ejército y la Policía asesinaron
al menos a 49 personas en Mapiripan entre el 15 y el 20 de julio de 1998.
Se quedaron y encontraron siempre el apoyo de la Fuerza
Pública para seguir cometiendo masacres, como la de Puerto Alvira, donde
asesinaron otras 23 personas en mayo de 1998, la de La Cooperativa, en la que
asesinaron a un número similar de personas el 21 de febrero de 1999 y la de
Puerto Príncipe, entre otras.
El general Jaime Humberto Uscátegui, condenado por esos hechos
criminales, aseveró ante la justicia que “Los Paramilitares entraron a
perpetrar la primera masacre de Mapiripán escoltados por el mismo Ejército
Colombiano, es decir por el Batallón Joaquín París”.
Así mismo en la imputación de cargos contra 15
paramilitares a principios de noviembre de 2011, la Fiscalía sentenció que “Las
masacres de Mapiripán, La Cooperativa, Puerto Alvira, Puerto Príncipe y de
otros indígenas, obedecieron a una política de exterminio”. El número de
familias desplazadas fue enorme.
El alto tribunal consideró que después de 15 años de haberse
realizado los demenciales crímenes, el Estado aún no presenta resultados para
restablecerles a las víctimas y sus familias los derechos fundamentales violentados
entre los que se encuentran la verdad, justicia y reparación integral.
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En los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana
las FARC EP le han insistido infructuosamente al Gobierno que se cree una
Comisión de la Verdad, compuesta por personalidades nacionales y extranjeras para
que investigue y esclarezca todos estos crímenes y así resarcir el derecho que
tienen las víctimas a conocer la verdad.
El régimen en cabeza de Santos, su ministro de la guerra
y la represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, los congresistas
inescrupulosos, altos mandos militares y la dictadura mediática de la
oligarquía, entre otros, le exigen con cinismo a las FARC EP que reconozcan y
le pidan perdón a las víctimas y al país, pero no dicen nada sobre
sus propias víctimas que son la mayoría, como las de las masacres aquí
nombradas, por ejemplo.
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