Terrorismo de Estado
Orden de captura contra cinco presuntos terroristas del
Ejército por asesinatos de campesinos en Boyacá
Por Camilo Raigozo. Notimundo
El pasado 18 de diciembre un fiscal de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos y DIH de Villavicencio, ordenó la captura de los
presuntos terroristas Alfredo Espitia
Villa y Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, altos oficiales pertenecientes al Estado Mayor de la Brigada
16 del Ejército Nacional.
La orden también cobija a los bandidos Alberto A maya
Ruiz, Jaime Luis Olivera Arrieta y Alexander Días Ospina, suboficiales pertenecientes
a la misma brigada con sede en Yopal, quienes son acusados de ser los responsables
de los asesinatos a sangre fría de varios campesinos de Boyacá.
Por los mismos crímenes el fiscal profirió una resolución
de acusaciones con sus respectivas órdenes de captura en contra de Orlando
Rivas Tovar, exdirector de la seccional del DAS en Casanare y Neider Jesús
Calderón Meléndez, entonces detective de ese organismo, por los mismo hechos,
informó el ente acusador.
Los 7 bandidos del Ejército y el DAS, se suman a otros 9
militares acusados de asesinatos,
secuestros, falsedad, falsedad en documento público, porte ilegal de armas o
municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y fraude procesal.
Los crímenes fueron perpetrados el 6 de abril de 2007 en zona rural del
municipio de Ariporo, Casanare, cuando
los terroristas del Ejército y el
DAS asesinaron de manera conjunta a los
campesinos Yolman Barbosa Pidiachi, Clodomiro Coba León y Beyer Ignacio Pérez.
Los criminales del régimen presentaron a las víctimas
como guerrilleros de las FARC EP “dados de baja en combate”, lo que fue
desmentido por las investigaciones de la Fiscalía.
La Fiscalía también compulsó copias para que un fiscal
delegado ante la Corte Suprema de
Justicia investigue al presunto terrorista Henry William Torres Escalante, comandante
de la Brigada 16 en la fecha de los crímenes y hoy brigadier general.
Recientemente el presidente Santos firmó una ley aprobada
por la mayoría de congresistas inescrupulosos, que obliga a pagar onerosos
abogados para que defiendan a estos presuntos criminales con los impuestos que
pagan los colombianos.
