miércoles, enero 15, 2014

Terrorismo de Estado
Orden de captura contra cinco presuntos terroristas del Ejército por asesinatos de campesinos en Boyacá
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 18 de diciembre un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de  Villavicencio, ordenó la captura de los presuntos terroristas  Alfredo Espitia Villa y Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, altos oficiales  pertenecientes al Estado Mayor de la Brigada 16 del Ejército Nacional.

La orden también cobija a los bandidos Alberto A maya Ruiz, Jaime Luis Olivera Arrieta y Alexander Días Ospina, suboficiales pertenecientes a la misma brigada con sede en Yopal, quienes son acusados de ser los responsables de los asesinatos a sangre fría de varios campesinos de Boyacá.

Por los mismos crímenes el fiscal profirió una resolución de acusaciones con sus respectivas órdenes de captura en contra de Orlando Rivas Tovar, exdirector de la seccional del DAS en Casanare y Neider Jesús Calderón Meléndez, entonces detective de ese organismo, por los mismo hechos, informó el ente acusador.

Los 7 bandidos del Ejército y el DAS, se suman a otros 9 militares acusados  de asesinatos, secuestros, falsedad, falsedad en documento público, porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y fraude procesal.

Los crímenes fueron perpetrados  el 6 de abril de 2007 en zona rural del municipio de Ariporo, Casanare,  cuando los  terroristas del Ejército y el DAS  asesinaron de manera conjunta a los campesinos Yolman Barbosa Pidiachi, Clodomiro Coba León y Beyer Ignacio Pérez.

Los criminales del régimen presentaron a las víctimas como guerrilleros de las FARC EP “dados de baja en combate”, lo que fue desmentido por las investigaciones de la Fiscalía.

La Fiscalía también compulsó copias para que un fiscal delegado ante la  Corte Suprema de Justicia investigue al presunto terrorista Henry William Torres Escalante, comandante de la Brigada 16 en la fecha de los crímenes  y hoy brigadier general.

Recientemente el presidente Santos firmó una ley aprobada por la mayoría de congresistas inescrupulosos, que obliga a pagar onerosos abogados para que defiendan a estos presuntos criminales con los impuestos que pagan los colombianos.



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