Terrorismo de Estado
Nuevas amenazas contra familiares de víctimas y sus
abogados en los que están implicados altos mandos del Ejército
Por Camilo Raigozo
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos
denunciaron que la presidenta del Comité de Mujeres Corteras de la Caña,
Alfamir Castillo, madre de Darvey Mosquera Castillo, asesinado por miembros del
Ejército y los abogados de la parte civil del caso Jorge Eliécer Molano y
Germán Romero, fueron nuevamente amenazados.
En el proceso están implicados como presuntos responsables
de los crímenes integrantes del Batallón
Contraguerilla 57 Mártires de Puerrés y de la VIII Brigada del Ejército
Nacional, quienes asesinaron a Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez
Hurtado el 7 de febrero de 2008 en la vereda Java, municipio de Manizales, Caldas.
El 17 de mayo pasado, bajo la puerta de la Casa Taller
del Comité Mujeres Corteras de Caña, coordinada por la asociación Nomadesc,
llegó un panfleto elaborado con recortes de palabras en el que se lee
textualmente “Muerte a Alfamir y a sus abogados por meterse con los lovos peses
(sic).
Según la denuncia, desde el 18 de julio de 2012, los
familiares, testigos y abogados representantes
de las víctimas, y funcionarios públicos, han sido objeto de constantes
amenazas y acoso por parte de desconocidos.
Las amenazas fueron hechas una semana antes de realizarse
la audiencia de acusación contra altos mandos del Ejército implicados en el
caso. Una pregunta obligada para la Fiscalía es ¿Están estos militares
de alto rango detrás de las amenazas?
Entre los militares vinculados está el excomandante del
Batallón 57 de Contraguerrilla Mártires de Puerres, José Yobanny Linares
Hernández, quién en abril del presente año, se negó a comparecer a los estrados
judiciales.
Al presunto criminal se le han imputado cargos por los
delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir
y falsedad ideológica en documento público por el asesinato a sangre fría de las
dos personas en la vereda Java de Manizales.
Por los mismos crímenes también han tenido que rendir
interrogatorio el brigadier general Emiro José Barrios, quien se desempeñaba
como comandante de la Octava Brigada y en la actualidad ejerce el mando de la
Brigada Doce del Ejército Nacional.
Por el asesinato de estas personas hay siete bandidos del
Ejército condenados en primera instancia a penas entre 41 y 43 años de prisión,
sentencia que es estudiada en el momento por el Tribunal Superior de Manizales.
“Este proceso ha sido marcado por las amenazas a los
familiares, a los funcionarios públicos y a quienes hacen la defensa de las
víctimas”, dice la denuncia. Al parecer los altos mandos implicados quieren
impunidad por las buenas, con la ampliación de fuero militar, o por las malas,
con las amenazas.
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