Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó
Pobladores rechazan construcción de una base militar por
la connivencia existente entre la Fuerza Pública y los paramilitares
Por Camilo Raigozo. Notimundo
En una carta dirigida al Ministerio del Interior, los pobladores
de al menos 18 consejos comunitarios menores, organizados en zonas humanitarias
y zonas de biodiversidad, rechazan nuevamente la construcción de una base
militar adscrita a la siniestra Brigada 17 del Ejército.
Esta brigada fue comandada entre 1995 y 1997 por el temible bandido Rito Alejo del Río, general del Ejército, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato a sangre fría de un campesino.
Cabecillas paramilitares han declarado ante la Fiscalía que la brigada 17 estuvo fuertemente ligada con paramilitares que cometieron horrendas masacres, asesinatos y desplazamientos forzados.
Una de estas masacres ocurrió el 21 de febrero de 2005, en el que militares de la brigada 17 y paramilitares asesinaron a tres niños y cinco adultos en San José de Apartadó.
La base se empezó a construir desde mediados del año pasado y desde ese entonces las comunidades se opusieron, entre otras razones, porque dicha obra no les fue consultada previamente.
Cabecillas paramilitares han declarado ante la Fiscalía que la brigada 17 estuvo fuertemente ligada con paramilitares que cometieron horrendas masacres, asesinatos y desplazamientos forzados.
Una de estas masacres ocurrió el 21 de febrero de 2005, en el que militares de la brigada 17 y paramilitares asesinaron a tres niños y cinco adultos en San José de Apartadó.
La base se empezó a construir desde mediados del año pasado y desde ese entonces las comunidades se opusieron, entre otras razones, porque dicha obra no les fue consultada previamente.
Lo que más tiene indignadas a las comunidades es que quién
dio la autorización es el empresario, “poseedor de mala fe”, Darío Montoya,
quién según la misiva hizo los acuerdos con militares de la Brigada 17 sin
tener autorización, derecho, ni reconocimiento por parte de las comunidades.
Los pobladores consideran que el aumento de la Fuerza Pública
no es garantía de seguridad, ya que las estructuras paramilitares siguen
actuando libremente en medio del Ejército y la Policía y en convivencia con las dos instituciones.
En diciembre pasado se había suspendido la construcción
de la base militar y la población respiró tranquila, pero en marzo de este año
se reinició la construcción, lo que hizo que las comunidades
reaccionaran indignadas.
Las comunidades le exigen al Gobierno que suspenda la
construcción de la base dentro de sus territorios colectivos; se desarticulen las estructuras paramilitares
que operan en el mismo las cuales cometen todo tipo de crímenes y abusos contra
la población inerme.
Igualmente exigen que en el proceso de restitución que
adelanta el Gobierno Nacional, sean desalojados sin más demora los empresarios
de mala fe que ocupan los territorios colectivos.
