viernes, mayo 10, 2013


Puerto Tejada, Cauca
Acusan al Ejército, Policía, Fiscalía y a un juez, de violar la Constitución y los DDHH en las capturas masivas
Por Camilo Raigozo

El Colectivo de Abogados Suyana denunció la violación al principio constitucional al debido proceso en las capturas masivas llevadas a cabo por el Ejército y la Policía,  de 17 jóvenes en zona  rural del municipio Puerto Tejada, norte del Cauca.

El  día 21 de abril de 2013 un informante  declaró ante las autoridades que en dos predios de esta ciudad presuntamente se estaban preparando atentados por parte de la guerrilla de las   FARC- EP.

El  26 de abril se realizó un primer allanamiento sin orden judicial a las 6.05 de la mañana en el predio La Finca,  ubicado en la calle 6 con carrera 27, barrio Santa Elena, donde la Policía ingresó violentamente en una volqueta tumbando la cerca.

Los agentes transgresores de la Constitución y la ley estrellaron la volqueta contra la casa,  lanzaron gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y dispararon armas de fuego contra la vivienda en la que se encontraban  13  jóvenes de entre 19 y 24 años de edad.

Los 13 muchachos se encontraban en el lugar debido a que un agente de la Policía de Puerto Tejada los había convocado, supuestamente para jugar varios partidos de futbol contra equipos de municipios vecinos.

Los agentes agresores capturaron a los 13 jóvenes quienes vestían camisetas y pantalonetas de la selección Colombia, los esposaron y los arrojaron boca abajo al piso, los golpearon y los amenazaron con dispararles si ofrecían alguna resistencia. Las personas quedaron severamente lesionadas física y sicológicamente.

A las 11 de la mañana llegó al sitio la delegada de  la Personería y entonces a las víctimas les fue permitido dejarse las camisetas que tenían puestas, puesto que la Fuerza Pública pretendía  vestirlos con uniformes camuflados por la fuerza.

Los jóvenes permanecieron un tiempo prolongado aturdidos por las bombas y la golpiza que les propinaron los victimarios.

Según la denuncia el operativo policial no tuvo control alguno ya que no estuvieron presentes los organismos de control del Estado,  como la Procuraduría o Personería, cuyos delegados hicieron presencia en el lugar   cinco horas después del abuso de la Policía.

Otro allanamiento realizado el mismo 26 de abril de 2013, ocurrió a las 6.15 de la mañana sin orden judicial, en el predio ubicado en  la carrera 27 N. 6-14.

Allí también ingresó la Fuerza Pública de forma violenta  tumbando la puerta, lanzando gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento, en la sala de la casa donde se encontraban cuatro personas.

Las cuatro víctimas fueron agredidas, esposadas, tiradas al piso baca abajo y amenazadas  de muerte si miraban hacia las habitaciones.

Igual que en el anterior operativo no hubo presencia de ningún ente de control, quienes llegaron al sitio tres horas después, por lo que los militares abusaron sin control alguno.

Los capturados, tres hombres y una mujer, fueron trasladados en helicóptero hasta Cali, en un cinematográfico despliegue militar ordenado por el Ministro de Justicia desde Puerto Tejada.

La audiencia de legalización del allanamiento y la legalización de elementos materiales probatorios se realizó a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche del  27 de abril de 2013.

La audiencia de legalización de las capturas comenzó  a las 8:15 de la noche del 27 de abril, 37  horas después de ocurridas, lo que significa que a legalización se realizó por fuera del término  establecido en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, que es dentro de las 36 horas siguientes.

Esta violación al debido proceso llevó a la  defensa de las víctimas a exigir la ilegalidad de las capturas por vencimiento de términos, pero el juez de control de garantías se negó a aceptar tal exigencia.

Igualmente, el procedimiento del registro de allanamiento fue irregular –dice la fuente-  ya que no se  leyó el Acta de Procedimiento de Registro a los detenidos, la cual  tampoco fue firmada por ellos. 

Además  no  se cumplió con el requisito de los formatos de actas de incautación, lo que a su vez indica  que los elementos materiales probatorios encontrados en el procedimiento policial  sobre el papel no se sabe con certeza de quien son.

“La audiencia de legalización de captura se inició a la hora 37 y se decidió sobre la misma aproximadamente a la hora 42, pasando la Fiscalía y  el juez de control de garantías por encima de la Constitución y la ley,-

situación que fue expuesta por la defensa, violándose así  los  derechos de los capturados,  avalando los errores  jurídicos cometidos por la Fuerza Pública, dejando entrever su posición política por encima de la posición jurídica”, expresa Suyana.

El 28 de abril a las 9:30 de la mañana se inició la audiencia de imputación de los siguientes cargos:   Concierto para delinquir, uso de insignias y uniformes, falsedad marcaria y receptación, entre otros.

La defensa argumenta que la Fiscalía pasó por alto las  recomendaciones del procurador delegado y del mismo juez del control de garantías, quienes plantearon que  los elementos materiales probatorios arrimados a la audiencia  se circunscribían al delito de rebelión.

La audiencia se terminó a las 6 de la tarde con la negativa al recurso de apelación, a pesar de las reiteradas irregularidades cometidas por la Policía Judicial y la misma Fiscalía, dictando  medida de aseguramiento.

Las víctimas del terrorismo de Estado fueron llevadas a las audiencias al día siguiente de la captura con la misma ropa y sin oportunidad del aseo personal violentándose el derecho a la dignidad.

Además uno de jóvenes llevaba la camiseta  ensangrentada producto de las golpizas de los agentes represores del régimen y le fue mostrado al juez las heridas en la cara y la espalda.

La respuesta de la Fiscalía y del juez de control de garantías fue que, según los dictámenes de Medicina Legal, los golpes y escoriaciones de estos muchachos no eran de alarma, porque según una jurisprudencia sacada a relucir por la Fiscalía, eran producto de fuerza proporcional. Foto El País.


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