Crucito, Tierralta, Códoba
Informe de la comisión de denuncias de la Primera Acción
Humanitaria
Por Cahucopana
El grupo conformado por las delegadas y delegados de las
organizaciones de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unido,
Cceeu, Nodo Antioquia, Corporación Reiniciar,-
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra,
Fundaciòn Sumapaz, Fundación Manduco, Aheramigua y Corporación Jurídica Yira
Castro, recibimos alrededor de 100 denuncias que evidencian la grave situación
de derechos humanos que padece la comunidad campesina del municipio de
Tierralta, enmarcada en:
1. Graves infracciones al DIH. Bombardeos y
ametrallamientos efectuados por miembros de la fuerza pública en bienes
civiles, generan temor y zozobra en la comunidad campesina e indígena.
La fuerte militarización de la región limita el ejercicio
de los derechos fundamentales de la población civil y alienta prácticas de
abuso de autoridad por parte de los miembros de la Brigada Móvil 24, entre
ellos el permanente bloqueo económico, alimentario y sanitario,-
el empadronamiento de la población, la presencia de tropa
dentro de los casos urbanos, las retenciones arbitrarias e incluso
judicializaciones ilegales y la estigmatización a los procesos organizativos
comunitarios y en particular de sus líderes.
2. Vulneración de los derechos de las víctimas del
conflicto armado. Además de constatar un número amplio de familias víctimas de
hechos relacionados con el conflicto (desplazamiento forzado, desaparición
forzada, asesinatos, entre otros), ellas no han accedido a los mecanismos de
justicia existentes ni han sido reparadas.
El organismo de control en la región (Personería), ha
obstaculizado el acceso de las víctimas a dichas garantías, negándose a
recepcionar las denuncias, dando trámite deficiente a las mismas, postergando
indefinidamente la atención o intervención solicitada.
Las víctimas de desplazamiento forzado carecen de la
asistencia humanitaria establecida en la ley, y el conjunto de víctimas
desconoce los procedimientos para acceder a procesos de reparación
administrativa, lo que se traduce en su vulneración.
3. Situación de Derechos Económicos Sociales y
Culturales. A 15 años de la construcción de la Hidroeléctrica de Urra en los
territorios campesinos e indígenas, no se ha garantizado para ellos el
suministro de agua potable y luz eléctrica para sus viviendas y
establecimientos comerciales.
Esta debe obtenerse a través de motobombas que demandan
gasolina, la que es objeto de fuerte control por parte del ejército nacional.
Las comunidades adolecen de servicios de salud, pues no se cuenta con centros
médicos ni se han realizado brigadas de salud en los últimos años.
A esto se suma, el bloque sanitario ya denunciado. La
vulneración al derecho a la educación de los niños y niñas se manifiesta en la
ausencia de docentes en las escuelas rurales.
Por ejemplo, hace más de un año, no se han nombrado los
profesores de la escuela del corregimiento de Crucito dejando a casi 600 niños
sin educación básica primaria y menos secundaria.
4. Irregularidades durante el proceso de construcción de
la Hidroeléctrica Urra 1. Un abundante número de denuncias dan cuenta de
estafas y ventas irregulares, precedidas en muchos casos de amenazas de
expropiación.
Los derechos de propiedad de ocupantes y poseedores
fueron desconocidos, viéndose forzados a ceder a la empresa sus terrenos sin
contraprestación económica. Los alrededores de la represa fueron afectados con
declaratoria de reserva forestal, (ley 2da) limitando la explotación de los
recursos naturales que eran el sustento de la comunidad campesina que ha
habitado esta zona por más de 40 años.
La empresa incumplió los compromisos asumidos con la
comunidad en materia de reubicación, titulación, saneamiento, generación de
ingresos, empleo, infraestructura y tratamiento ambiental a la represa.
Con ello se ha afectado la economía campesina, los usos y
costumbres comunitarios y el medio ambiente. El transporte fluvial a través de
los ríos y dentro de la represa sufre particularmente los efectos de la
ausencia de tratamiento ambiental de las bocas de los ríos.
Fuertes oleadas de sedimentos producen constantemente el
volcamiento de las embarcaciones, causando en numerosos casos la muerte de sus
ocupantes además de las pérdidas económicas generadas.
Nunca se investigó la relación existente entre la
construcción de la hidroeléctrica, la expropiación de las tierras a los habitantes
históricos de las mismas (colonos e indígenas) y el accionar paramilitar en el
mismo periodo de tiempo.
Propuesta
Ante esta realidad, la comisión propone la elaboración de
un informe que dé cuenta de esta situación y la ilustre a través de las denuncias
recibidas.
Dar trámite de dicho informe a todas las autoridades
competentes (Ministerio de Defensa, Interior, Ambiente, Agricultura, entre
otros, Fiscalía y Organismos de Control) y organismos nacionales e
internacionales de promoción y protección de derechos humanos.
Hacer seguimiento de estas denuncias de la mano de Asodecas.
Demandar ante la Mesa Nacional de garantías, la
protección del proceso campesino Asodecas y de la comunidad afectada por el
megaproyecto de Urra.
Concertar con la comunidad y sus líderes,
procesos de acompañamiento y asesoría permanente a esta comunidad.
