Policía y sujetos encapuchados con motosierra en mano (¿paramilitares?) agredieron
a población desplazada
Por: Camilo Raigozo
Por: Camilo Raigozo
El Comité Permanente por los Derechos Humanos denunció que el pasado 11
de febrero escuadrones de la Policía,
Esmad, acompañados de sujetos encapuchados y esgrimiendo motosierras
(¿paramilitares?), agredieron a familias en estado de desplazamiento forzado.
Los hechos ocurrieron en el barrio Solferino de Manizales, cuando a las
5 y media de la mañana unos 200 policías acompañados por una veintena de
sujetos encapuchados, quienes portaban motosierras, golpearon con saña a niños,
mujeres, ancianos y hombres.
Igualmente los agentes terroristas del régimen atacaron a la inerme
población en condición de desplazamiento forzado con gas pimienta y granadas de
aturdimiento.
La represión estatal dejó como saldo decenas de personas lesionadas,
entre las que se encontraban niñas, niños, adultos mayores, una señora en
avanzado estado de embarazo, jóvenes y adultos.
El pasado 6 de febrero varias familias en situación de desplazamiento
forzado y de extrema pobreza, se vieron obligadas ante la desidia del régimen a
ocupar algunos lotes en el barrio Solferino, para exigir el derecho
constitucional a una vivienda digna.
Desde un principio, de forma pacífica, la comunidad pidió la presencia
de la administración municipal en cabeza del
alcalde de Manizales, Jorge
Eduardo Rojas, a fin de que informara sobre las condiciones y requerimientos
del plan nacional de vivienda gratis prometida por el presidente Santos para la
población necesitada.
Sin embargo, en vez de diálogos, la respuesta que encontró la comunidad
fue la agresión y la violación de los derechos
humanos por intermedio de la brutalidad policial y parapolicial.
Con arrogancia, la administración municipal en cabeza del alcalde Rojas manifestó
a través de la secretaria de gobierno, que la única forma de conversar era el desmonte de los cambuches construidos por las familias
desplazadas.
La población revictimizada también denunció que a pesar de que le pidió
insistentemente a la Defensoría del Pueblo hacer presencia en el lugar de las golpizas y
las agresiones, esta institución brilló por su inexplicable ausencia.