Totoró, CaucaPor: Pupsoc*
El territorio del municipio de Totoro, en el Departamento
del Cauca, está ocupado principalmente por comuneros indígenas, grandes
hacendados y campesinos.
Los campesinos que residen en este municipio padecen
especial desprotección, al carecer de tierras y padecer del desempleo que
caracteriza al departamento, sumiéndoles estas circunstancias en la miseria y
el abandono estatal.
Los grandes propietarios o terratenientes, principalmente
en el Valle de Malvaza, (región de este municipio de gran riqueza productiva
agrícola y ganadera), históricamente han utilizado sus predios en la ganadería
extensiva y otros predios son arrendados a productores de papa,-
venideros de
los departamentos de Cundinamarca y Nariño, quienes llegan con sus
trabajadores, y en consecuencia no utilizan la mano de obra campesina de
Totoro, acrecentando así la problemática de falta de tierras y desempleo para
los campesinos de esta región.
En este marco difícil para los campesinos de Totoro,
desde hace más de diez años, se organizaron en la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Totoro, afiliados a la Federación Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria, Fensuagro-CUT.
En procura de buscar soluciones a su difícil situación,
en el año 2006 ocuparon un gran predio de más de 300 hectáreas, propiedad del señor Adolfo Castro Bucheli,
político conservador e integrante de la SAC, denominado “El Convenio”, el cual
se encontraba prácticamente abandonado,-
incumpliendo el mandato constitucional
de que la propiedad debe cumplir una función social, y esa función social la
adelantaron 51 familias campesinas de la vereda La Siberia, quienes de
inmediato comenzaron a sembrar diferentes productos para su subsistencia.
La respuesta del propietario, amparado en el poder
político, pues en ese momento desempeñaba
el cargo de Secretario Privado de la Gobernación del Cauca, siendo Gobernador Juan
José Chaux Mosquera, hoy judicializado por sus vínculos con los paramilitares
del Bloque Calima, fue de agresión.
Ejército y Policía, realizaron varias acciones para desalojar
a los campesinos, por un lado, y por otro, las acciones judiciales y de policía
comprometieron a todas las cabezas de familia, esposas e hijos.
La Inspección de Policía ordeno el desalojo y la Fiscalía
local de Totoró, inició la judicialización, llamando a indagatoria
prácticamente a todos los habitantes de la vereda La Siberia. Siendo acusados
por el delito de Invasión de Tierras.
Corresponde el juzgamiento al Juzgado Promiscuo Municipal
de Totoro, que basado en pruebas amañadas, las cuales han sido las
declaraciones de Heriberto Yucumal, mayordomo y trabajador de Adolfo Castro,-
la
esposa e hijo del mayordomo, profieren sentencia condenatoria para 41
campesinos, a la pena de 36 meses de prisión, otorgándoles la libertad y para dos de ellos a 54 meses de prisión,
ordenando la encarcelación.
No contento el señor Castro Bucheli con estas condenas,
solicita al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Popayán, que se les
revoque el beneficio de la libertad para los 41 campesinos, vuelve a utilizar
las declaraciones de su mayordomo y familia Heriberto Yacumal,-
proceso de
revocatoria de la libertad que se hace, violando el debido proceso y derecho de
defensa, solo con las declaraciones de estos informantes, el Juzgado Promiscuo
Municipal de Totoro, de manera amañada,-
recibe las declaraciones y en una
inspección judicial, que se hace sin notificar a los defensores de los
implicados, informa que los procesados han incumplido con la obligación de no
cometer más actos de perturbación.
El día 17 de agosto de 2012, el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas de Popayán, revoca el beneficio de libertad para 22
campesinos de La Siberia y ordena su encarcelación.
El Defensor de los campesinos apela esa decisión ante el
Tribunal Superior de Popayán, y en dos meses el alto tribunal confirma la
decisión el día 10 de diciembre de 2012. Y en consecuencia el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, ordena la
captura de los 22 campesinos.
El día 11 de enero de 2013, el joven campesino Sanin
Arbey Sánchez Caldon, quien se encuentra desde hace más de un año
trabajando en Bogotá, fue capturado por
la Policía Nacional en el Terminal de Bogotá, atendiendo la orden de captura,
sin posibilidad ni siquiera el traslado al Cauca.
Este es el precio que tienen que pagar los campesinos que
luchan por el derecho a la tierra, sometidos a la persecución de todo el
estamento estatal, de Jueces y Fiscales, que cumplen las imposiciones de los
grandes terratenientes que gobiernan este Departamento.
Por ello, reclamamos la solidaridad de todas las
organizaciones populares, pues son 22 campesinos que están siendo perseguidos,
sin importarle al aparato judicial las condiciones estructurales de la región y
las situaciones particulares de estas familias campesinas.
La falta de dotación de tierra para los campesinos es
latente, pese a ello el aparato judicial de manera amañada se ensaña contra los
campesinos.
El campesino colombiano necesita la tierra, el país
necesita de una verdadera reforma agraria integral para que se pueda hablar en
Colombia de una verdadera paz con justicia social.
12 de enero de 2013
*Coordinación Departamental Agraria Cauca. Proceso De
Unidad Popular Del Suroccidente Colombiano
