Diálogos de paz/Entrevista al defensor de derechos humanos y acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Por: Lola Matamala
Javier Giraldo es jesuita colombiano, y acompañante de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
De su trayectoria como activista de derechos humanos,
cabe destacar su participación en la Comisión de Justicia y Paz y en reuniones
de paz con el ELN y las FARC.
Además, este religioso colombiano, lleva hace 25
a ños formando parte del CINEP/PPP en Colombia (Centro de Investigaci ón y
Educación Popular/ Programa por la Paz).
En el banco de datos que coordina, se han registrado,
desde 1989, má s de 180.000 v íctimas del conflicto social y armado que vive su
país.
El padre Giraldo estuvo en Madrid impartiendo
conferencias sobre derechos humanos y justicia climática, una de ellas en el
Senado. Aprovechamos para hablar con él sobre el nuevo proceso de paz que está
viviendo Colombia.
¿Cómo está
viviendo la sociedad colombiana este nuevo proceso de paz?
Con muchas expectativas y muchos temores. Sobre todo
aquellos sectores sociales que han sido más victimizados por este conflicto,
tienen grandes esperanzas en que el proceso logre su objetivo. En los últimos
treinta años ha habido muchos amagos de proceso de paz, y todos han fracasado.
¿Qué balance hace
del primer encuentro en Oslo entre la guerrilla y el gobierno colombiano , y
del modelo de proceso de paz con reformas sociales?
La ciudadanía más comprometida, los movimientos sociales
y las mismas v íctimas hacen una lectura esperanzada, porque por primera vez se
plantean, de manera tan clara, las ra íces del conflicto. El discurso de las
FARC fue radical, planteaba los problemas muy descarnadamente.
Es preocupante la discrepancia tan profunda que parece
haber entre los puntos de partida de las FARC y del gobierno, pero nos alegra
que esas discrepancias se puedan exponer y dialogar.
¿Una de esos
disensos es el provocado por la cuestión de las tierras?
Sí. De hecho, cuando anunció la apertura de las
negociaciones, el gobierno se refirió a este como el problema clave de la
negociación con las FARC, pues hace referencia a su origen como movimiento de
resistencia contra la usurpación y el despojo de la tierra a los campesinos.
Hay que recordar que procesos anteriores se han truncado
por esta cuestión de la reforma agraria. Ahora, con la Ley de Tierras, la
tendencia del gobierno y de los empresarios es reemplazar la barbarie por el
mercado.
En Oslo Iván
Márquez criticó duramente la Ley de Tierras, concretamente la titularidad de las
tierras que están siendo devueltas.
Iván Márquez hizo un discurso muy duro sobre esta ley,
sobre todo, en lo concerniente a la titularidad.
Cuando la Corte Suprema
devuelve la titularidad de las tierras a los dueños, los empresarios les
ofrecen prefieren alianzas comerciales o se ofrecen como compradores de las
mismas. De esta manera, logran quedarse como propietarios los empresarios.
Los campesinos, se quedan solos ante esas presiones. Lo
que consigue la Ley de Tierras es legalizar esta situación.
De ahí que Iván
Márquez planteara que la titulación individual no es la solución al problema
agrario porque trata de cambiar la barbarie del desplazamiento por el mercado.
Abrir esa pera al mercado.
Este objetivo lo comenzó Álvaro Uribe cuando en su
mandato demostró el desconocimiento de las propiedades colectivas como los
resguardos indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras.
Actuó sin conocer lo que estaba previsto en la Reforma
Agraria del año 96 como la posibilidad de crear un sistema de propiedad
colectiva como las zonas de reserva campesina. Es más, las pocas que había, las
criminalizó y les acusó de pertenecer a la guerrilla y encarceló a varios de
sus líderes, y Santos es continuador de la política de Uribe.
Según el portavoz
del gobierno en esta mesa de diálogo, Humberto de la Calle, el modelo económico
no es objeto de negociación.
Sí, pero hay puntos en la agenda que ambas partes
acordaron que implican discutir y gestionar el modelo económico.
Por ejemplo, en uno de ellos se habla del acceso a la
tierra con un criterio de territorialidad, es decir, con el concepto de
territorio como integridad en donde se contempla la existencia de los r í os y
de los bosques.
De esta manera el metro cuadrado no es una mercancía
rentable sin tener en cuenta la tierra y el ecosistema que lo rodea, y eso
implica revisar el modelo vigente de economía agraria.
La participación
política de las FARC después de su hipotética desmovilización militar es una
cuestión crucial ¿cómo se hace el tránsito desde una lucha armada hacia una
lucha política institucional?
La participación política de las FARC y el cese del
conflicto enfrenta problemas muy graves. Implica, necesariamente, la desaparición
del paramilitarismo, y eso es muy complicado porque en Colombia no hay genuina
voluntad de hacerlo. El paramilitarismo tiene un poder económico y militar
enorme en el país.
Domina regiones
enteras, goza de privilegios e impunidades, en parte gracias a la Ley de
Justicia y Paz impulsada por el ex-presidente Uribe. El fantasma del genocidio
de la Unión Patriótica a manos de los paramilitares sigue pesando mucho.
El paramilitarismo, se ha desarrollado muchísimo en estas
décadas y tiene un poder económico y militar enorme en el país. Domina regiones
enteras y tiene unos privilegios de impunidad muy grande gracias, en parte, a
la Ley de Justicia y Paz creada por Uribe.
Además, el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica
sigue pesando mucho. Todo el mundo lo reconoce teóricamente.
Es más, cuando Pastrana ganó las elecciones y para
posicionarse como presidente vino a España, le entrevistaron para preguntarle
esto mismo, y él respondió que ojalá que eso fuera posible, pero ese camino, ya
se cerró porque ya se ensayó en la época de Betancourt con la Unión Patriótica
y que hacerle esa propuesta a las FARC, era como proponerle que se suicidara.
Pero las FARC no
descartan formar partido político
Parece que sí, pero ellos saben que necesitan muchas
garantías y que no las garantías que tienen no con en el gobierno y el contexto
actual es difícil.
Durante este
proceso de paz hay algunas cuestiones que han generado cierta inseguridad en la
sociedad colombiana. Uno de ellas es que el presidente Santos no ha respondido
con un alto al fuego contra la guerrilla, ¿a qué cree que se debe esta
decisión?
Creo que es una concesión a los militares y a sectores
muy reaccionarios de la sociedad. Lo hace para tranquilizar a la fuerza
pública. Durante el proceso del Caguán, estos mismos fueron los que criticaron
el despeje militar por parte del presidente Pastrana. Pero esta situación mina
la credibilidad.
Es una lógica muy extraña. De hecho, Álvaro Leyva, amigo
y compañero de Juan Manuel Santos, además de ser otro de los negociadores y
mediadores en otros procesos, dice que no entiende la posición de Santos y que
es sabido que ya estaba en conversaciones con Alfonso Cano cuando le mandó matar.
Otro de los temas
es que las FARC reconozcan las víctimas y que liberen a los secuestrados.
En primer lugar hay que recordar que la Ley de Tierras
que impulsó Santos no reconoce a las víctimas de Estado y de los puntos que
dieron lugar a esta agenda para el proceso, solo hay una línea que habla de
cómo resarcir a las víctimas.
La guerrilla ya dijo en Oslo que sus víctimas habían sido
en actos de combate A su vez, el gobierno comentó que no ha cometido crímenes
de guerra.
Ambas partes dejan claro que no han infringido el Derecho
Internacional Humanitario, pero desde el banco de datos del Cinep puedo decir
que las víctimas que han muerto en enfrentamiento armado son el 20 por ciento
frente a las muertes relacionadas con todo el conflicto que son el 80.
El tema de los secuestros gira en torno a una gran
campaña mediática. De hecho, hubo un grupo de parlamentarios que se reunió con
Santos para presionar a la guerrilla pero el propio presidente les aseguró que
los secuestrados no son de las FARC.
¿Qué espera de los
diálogos que han comenzado en La Habana?
Hay un punto central que es la demanda de participación
de los movimientos sociales y populares en el proceso. Las FARC están de
acuerdo, pero el gobierno sólo quiere que la sociedad civil presente sus
propuestas on line e incluirlas en una base de datos. Hay quien opina que esta
cuestión podría terminar abortando las negociaciones.
Los puntos se
cierran con la implementación y la verificación de los acuerdos, ¿qué
significado tiene para cada uno de los actores?
Ahí se están hablando dos lenguajes: el lenguaje del
acuerdo es el del compromiso, y cuando el gobierno firma esto, está pensando en
la implicación internacional desde sus intereses inversionistas.
Pero los movimientos sociales, están pensando mucho más
en una presión sobre el gobierno para que los acuerdos de la transformación del
modelo económico y puedan ser verificados internacionalmente para garantizar
que no se violen los derechos humanos.
¿A este proceso de
paz en Colombia le puede ayudar el espejo de los procesos que ya se vivieron en
Centroamérica, concretamente en Guatemala y en El Salvador?
Ambos procesos se firmaron fuera del país y esa paz fue
producto de las reuniones entre las élites, dejando a la sociedad fuera de las
negociaciones. En estos países, aunque la guerrilla se desmovilizó, los crímenes
continúan, pero por parte de bandas criminales despolitizadas: el problema
continúa, no hubo una agenda social dentro del país.
La ONU realizó una misión verificadora en El Salvador y
no funcionó porque sus presidentes no cumplieron lo acordado al finalizar el
proceso de paz.
Un compañero del Instituto de Derechos Humanos de ese
país me dio la respuestas: esas negociaciones se hicieron desde arriba y para
fuera, en vez de hacerlas desde abajo y para dentro: eso no debe ocurrir en
Colombia.
De ahí la necesidad de la participación de los movimientos
sociales y populares colombianos en este proceso de paz
El conflicto armado en Colombia está muy enraizado en el
conflicto social y afecta a las grandes mayorías del país. Las estadísticas lo
muestran claramente: más del 80% son víctimas civiles.
Debido a este hecho, hay movimientos que recogen mucho de
cada una de ellas, por ejemplo la Minga Indígena, los campesinos a través de la
Mesa Unitaria Agraria, las comunidades negras, el Congreso de los Pueblos, etc.
Pero usted ¿cómo
conformaría ese espacio de diálogo ?
La sociedad civil tiene que participar en directo, en
audiencias, como lo que ya se hizo en el proceso del Caguán. Por descontado que
tendría que estar la guerrilla y el gobierno.
En este proceso que se acaba de
iniciar, hay muchos movimientos convergentes que se están preparando para
participar con sus propuestas. Sería una gran frustración si se cierra ese
espacio de participación.
Los puntos se
cierran con la implementación y la verificación de los acuerdos. ¿Qué
significado tiene para el gobierno colombiano?
Este punto tiene un doble sentido: el lenguaje del
acuerdo es el del compromiso, y cuando el gobierno firma este punto, está
pensando en la implicación internacional desde sus intereses inversionistas.
En cambio, los movimientos sociales están pensando mucho
más en una presión sobre el gobierno para que los acuerdos de la transformación
del modelo económico y todo lo que encierra esta agenda social, pueda ser
verificado internacionalmente para garantizar que no se violen los derechos
humanos.
Hemos hablado del
futuro de las FARC, pero ¿cómo le puede perjudicar a Juan Manuel Santos que el
proceso fracase?
Sea cual fuera el resultado del proceso, va a ser
provechoso para su reelección como presidente. Si fracasa actuará como Pastrana,
iniciará en los grandes medios de comunicación una campaña de desprestigio
contra las FARC argumentando que no han cedido en sus posiciones.
Hace unos días, el
ELN ya presentó a sus delegados para el inicio de los diálogos con el gobierno,
¿cree que van a negociar sobre los mismos puntos?
No creo que sean los mismos porque van a ser en tiempos
diferentes. Lo que si creo que es ambos procesos se van a integrar.
El próximo 27 de
noviembre se ratifica en Europa el Tratado de Libre Comercio con Colombia,
¿cree que esta firma ha acelerado el proceso de paz en su país?
Sí, claro. La inversión extranjera necesita paz. Aunque
el presidente Santos haya propuesto un proceso con reformas sociales, en su
discurso prima el pragmatismo.
Estos tratados de libre comercio apoyan lo que Santos ha
llamado Locomotora Minera (por la cantidad de transnacionales que están
extrayendo oro, carbón, etc, en el país) y que vienen desarrollándose desde el
gobierno anterior, hacen que Colombia sea un país medio- alto en inversiones.
Tratados como este pueden traer grandes inversiones a
Colombia, pero muestran muy poco interés en la cuestión social, olvidando a
cuantos están fuera del modelo económico, como los millones de campesinos
desplazados por el despojo de tierras.
¿Considera
necesario que la Unión Europea estuviera de acompañante o garante?
Aunque ya están contemplados dos países garantes,
Noruega, y Cuba y Venezuela y Chile como acompañantes, existe la posibilidad de
ampliar la participación de más países y sería muy positivo.
Es muy importante
por varios aspectos y es que estos países que han tenido tanta participación en
Colombia, deberían escuchar lo que vive el país para que tomaran en cuenta los
efectos de sus políticas.
